“Vamos a gobernar cuatro años más”. Esta es la máxima de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a raíz de su acuerdo de Gobierno de coalición. Y tienen una hoja de ruta, impresa en 48 folios y 230 medidas, para las políticas públicas de este país. Pero España es un Estado muy descentralizado y muchas de esas iniciativas dependerán de las autonomías para ser efectivas.
En el documento rubricado por el PSOE y Sumar son muchas las aspiraciones que entran de lleno en el complejo mapa competencial español, donde las autonomías tienen asignadas la mayoría de las políticas sociales, que son precisamente el principal eje sobre el que descansa el proyecto de la coalición. Para llevarlas a cabo tendrán que enfrentarse a un mapa regional dominado principalmente por las derechas, sobre las que descansan las administraciones de Madrid, Andalucía, Murcia, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Balears, Galicia, La Rioja, Aragón y Cantabria. Además, Cataluña (ERC) y Euskadi (PNV con PSE-EE), son dos comunidades muy celosas de su autonomía y miran con recelo algunos planes que vienen de La Moncloa.
Por lo tanto, para llevar a buen puerto el acuerdo el futuro Gobierno de coalición, si logra la investidura, debe esforzarse en varios frentes: atraer el voto de socios que no vean amenazadas sus competencias y un intento de recentralización, lograr consensos con autonomías gobernadas por PP y Vox, armar jurídicamente sus textos para hacer frente a una previsible oleada de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de entes regionales y preparar una buena arquitectura de financiación para las comunidades, ya que todas exigirán más fondos para poder ejecutar algunas de las nuevas políticas,
Cuadrar el círculo de la financiación
En el apartado dedicado al modelo territorial del acuerdo precisamente se fija como primera meta: “Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas". "Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”, apostilla.
Esta será una ardua tarea para la coalición con la idea de revisar el actual modelo caduco que data de diciembre de 2009, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. La idea que tiene María Jesús Montero es lograr un gran acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante esta norma, según fuentes socialistas, porque sería un caos político si la mayoría de autonomías están en contra. Una cuestión que puede también crear fricciones entre gobiernos del mismo signo político, ya que no comparten los mismos criterios Galicia, Madrid o Andalucía. Asimismo, ya muchas comunidades se fijarán en lo que pase con la mención de la Comunidad Valenciana (un guiño claramente a las exigencias de Compromís) de cara a los próximos presupuestos generales (que llegarán teóricamente mucho antes, si hay investidura, que una nueva ley de financiación).
¿Cómo aplicar una ley de listas de espera?
Otro de los puntos estrella y que más ha llamado la atención en muchos gobiernos autonómicos es la futura ley para acabar con las listas de espera con unos tiempos máximos: 120 días para para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, la garantía de tiempo máximo de espera será de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años. Sobre esta cuestión siempre han actuado las autonomías (que tienen traspasada la competencia en la gestión sanitaria) y el Ejecutivo central nunca había metido mano. Pero también afectará a las regiones otras iniciativas en el apartado sanitario como el derecho a la salud bucodental, a la salud mental y a audífonos de los niños.
Ya hay comunidades autónomas que están elevando el tono al creer que no será posible cumplir con lo que dice el acuerdo. La consejera andaluza, Catalina García, ya ha cargado contra PSOE y Sumar con la denuncia de que se “incumplen competencias” en el acuerdo, que no va acompañado de financiación. Además, sostiene que con el déficit de profesionales no es posible aminorar las listas como pretende la coalición.
Este frente de acusación de invadir competencias llega también desde Cataluña por el flanco del acuerdo que señala: “Mantendremos para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024, y transformaremos más adelante esta medida en una política de transporte permanente para determinados colectivos, con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y la administración local”.
La consellera de Territorio, Ester Capella (de ERC, socio de la coalición), denunció este martes esta supuesta invasión de competencias: “Se hacen la foto, hacen un anuncio, ¿y quién paga? Los catalanes y las catalanas”. Desde el PNV, otro actor imprescindible para que salga la investidura, se está haciendo un análisis profundo del texto, pero hay preocupación por la extralimitación del Gobierno central en temas de sanidad, educación y vivienda.
"No es recentralización, es indiferencia competencial"
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbos hace este análisis: “No creo que haya intención recentralizadora, es más indiferencia a las cuestiones competenciales”. “Eso era bastante característico en la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando había una época expansiva de economía en los primeros años. Se propusieron una serie de medidas que tocaban o se solapaban con las competencias autonómicas, como el programa de vivienda joven en alquiler o la dependencia”, indica, algo que cree que suele ser habitual en los Ejecutivos progresistas y socialdemócratas al “impulsar políticas públicas dejando un poco de lado la cuestión competencial”.
A falta de saber cómo se plasmará en concreto esa futura ley para las listas, el catedrático reflexiona: “En temas de sanidad hay una competencia del Estado de dictar normas básicas, como pasó durante la pandemia. Pero me resulta difícil de entender que la gestión de las listas entre dentro de la materia básica. Parece de sentido común: quienes tienen la información concreta del funcionamiento son las autonomías, que llevan mucho tiempo de gestión”.
Lanza también el catedrático esta idea: “Si estas políticas en el fondo no plantean distorsiones en la gestión y son un beneficio neto para las comunidades, a lo mejor pueden saltarse las objeciones competenciales. Pero con el predominio que tienen ahora las comunidades gobernadas del PP, me extrañaría que pasara”. Y pone el acento al hilo en que muchas comunidades pueden ser reacias por el tema de financiación, ya que “si les llega luego tiempo de hacer recortes, les corresponde a ellas” al ser su competencia. “Hay que asumir ese acuerdo como una declaración de intenciones, pero o va acompañado de inversiones que permitan superar la objeción de las competencias o será complicado”, enmarca Arbos.
El acuerdo asimismo implica a las comunidades autónomas en el apartado educativo de manera importante, ya que se plantea universalizar la educación de cero a tres años y el aumento progresivo de la oferta de escuelas públicas infantiles (al final de la legislatura el acceso para niños de dos años será universal). Se introduce en el acuerdo acabar con prácticas denunciadas en autonomías como Madrid: “combatir la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.
El frente de los impuestos
El PSOE y Sumar diseñan una legislatura social y esperan que su pacto atraiga “en cascada” a los socios
El pacto pone otro horizonte de posibles frentes de la coalición con las autonomías del PP por el tema de impuestos. La idea del PSOE y de Sumar es evaluar los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas “con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”. Esto ya enfrentó en la pasada legislatura a La Moncloa con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y se espera para la próxima semana la decisión del Tribunal Constitucional por el recurso presentado por la Puerta del Sol, aunque la ponente María Luisa Balaguer ha despejado el camino para que se avale esa figura impositiva.
Los populares, tras la lectura del documento de PSOE y Sumar, ya están calentando con otro tema competencial a través de María José García-Pelayo, nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ya ha exigido durante estas horas que la financiación local se reforme en paralelo a la autonómica.
La participación de las autonomías también es indispensable, como se reconoce en el propio texto, para otros compromisos del PSOE y Sumar como la elaboración de un registro de vivienda vacías, el programa de gratuidad de libros de texto y la estrategia nacional contra incendios.
“Vamos a gobernar cuatro años más”. Esta es la máxima de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a raíz de su acuerdo de Gobierno de coalición. Y tienen una hoja de ruta, impresa en 48 folios y 230 medidas, para las políticas públicas de este país. Pero España es un Estado muy descentralizado y muchas de esas iniciativas dependerán de las autonomías para ser efectivas.