Madrid contrata por 4,1 millones a tres entidades privadas para que se hagan cargo de pacientes covid terminales

La Comunidad de Madrid tira de nuevo de sector privado y externaliza parte de los cuidados paliativos. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso adjudicó a comienzos de marzo tres contratos valorados en algo más de cuatro millones de euros a diferentes entidades religiosas y empresas sanitarias para que se hagan cargo de la hospitalización de pacientes covid con necesidades paliativas. El servicio, recogido en las diferentes licitaciones hechas públicas esta semana, está previsto que se prolongue hasta finales de año. "Cada vez se está derivando a más pacientes a los centros privados", se lamentan desde la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), que critica el escaso "interés" por parte de la administración regional de potenciar al máximo posible esta clase de cuidados en la red pública. Y ponen como ejemplo el centro de paliativos público Virgen de la Poveda, que lleva casi una década esperando a que se acondicione una de sus unidades.

Con las tres adjudicaciones, el Gobierno regional se ha asegurado un total de 19 camas para la hospitalización de este tipo de pacientes hasta finales de año. Por cada una de ellas se pagarán 730 euros diarios, un precio similar al que se comprometió a abonar la Consejería de Sanidad por utilizar las instalaciones privadas durante la tercera ola de la pandemia –734,25 euros por paciente y día en camas de agudos y 2.084 euros en UCI–. La firma SSR Hestia es la que más pondrá a disposición de la administración regional: una decena, con un coste estimado de 2,19 millones de euros. La Fundación Vianorte-Laguna, por su parte, reservará diariamente para estas labores media docena, por las que la Comunidad de Madrid pagará 1,31 millones de euros. El resto, tres camas, estarán ubicadas en la Residencia Asistida San Camilo, que ingresará por este servicio  658.398 euros. En total, el importe estimado de los tres contratos asciende a 4,1 millones de euros.

"Es una vergüenza", opina Víctor Jiménez, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería. En primer lugar, critica que se haya recurrido al procedimiento de emergencia –es decir, sin concurso público– para la adjudicación de las licitaciones. Y, por otro lado, considera que el movimiento no es más que un avance en lo que considera un proceso de privatización de los cuidados paliativos en la región. "No hay ningún interés en que se den a través de la red pública", sostiene el enfermero. Desde su punto de vista, cada vez se "conciertan más camas", mientras echa en falta una apuesta decidida por unas unidades públicas que tienen unos "buenísimos resultados". En su opinión, los recursos humanos y materiales que existen en parte de los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) son "totalmente insuficientes". "Los hospitales públicos tienen poca capacidad para atender a estas necesidades", sentencia. 

En los últimos cuatro años con datos oficiales, el número de camas de cuidados paliativos en los centros públicos madrileños se ha mantenido inamovible. Si en 2016 y 2017 se contabilizaban 141, en 2019 esa cifra se situó en 144 –sólo en 2018 cayó a 135–. Una parte importante, 67, están en Unidades de Cuidados Paliativos Agudos (UCPA), utilizadas para el ingreso de pacientes con necesidades de alta complejidad que precisan de tratamientos o pruebas que sólo están disponibles en hospitales de agudos y que se ubican en el Gregorio Marañón, La Paz, Clínico San Carlos y Fundación Jiménez Díaz. El resto, según la última memoria del Sermas (Sermas), se encuentran en unidades de media estancia (UCPME), donde se atiende a pacientes de complejidad media o alta. Son 77 puestos que se reparten entre los centros de La Fuenfría, Guadarrama, Santa Cristina, Central de la Cruz Roja y Virgen de la Poveda.

La memoria del Sermas también recoge otras 160 plazas más para este tipo de pacientes intermedios, que tienen dificultades para recibir los cuidados en su domicilio pero que no precisan hospitalización en una UCPA. Esas, sin embargo, pertenecen a entidades privadas que tienen un acuerdo con el Ejecutivo regional. Es decir, que en 2019 por cada cama de media estancia para paliativos en Madrid había dos concertadas. Esto explica que la mayoría de pacientes de este tipo sean absorbidos por centros controlados por entidades y empresas privadas. En 2015, los ingresos en unidades de camas concertadas ascendieron a 2.233, mientras que en las públicas fue de 1.377. Son los últimos datos oficiales desglosados. Este diario solicitó a la Consejería de Sanidad cifras actualizadas relativas al número de plazas y al de ingresos, con un desglose entre concertado y público. Al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

Una década con una unidad entera en desuso

Jiménez ejemplifica la falta de "interés" de la administración regional poniendo sobre la mesa el caso del Virgen de la Poveda. El centro, ubicado en el municipio madrileño de Villa del Prado, entró en funcionamiento en 1978. Fue concebido con ocho unidades idénticas –cuatro por cada planta– de forma radial desde un anillo de circulación interior. Sin embargo, en la actualidad no todas las áreas del hospital de media y larga estancia, dedicado a la recuperación funcional, a los paliativos y a los cuidados continuos, se encuentran en funcionamiento. En concreto, la Unidad 6 lleva casi una década sin uso, conservando el esquema original de 24 habitaciones, con el control de enfermería y las unidades de apoyo en la entrada del ala.

Así lo reconocía la dirección en un informe de noviembre de 2019, en el que señalaba que dicha zona se encontraba "por su abandono, totalmente desmantelada de instalaciones y hasta de parte de la albañilería". "Respecto a la funcionalidad actual, el trazado general es inadecuado, pasillos estrechos, puestos de enfermería insuficientes… Las habitaciones no cuentan con las prestaciones necesarias, aseos inadecuados con numerosas barreras arquitectónicas, mal aislamiento térmico y acústico, deficiente climatización e iluminación. Las zonas de logística son muy reducidas. No existen espacios de uso común para pacientes", recalcaba el documento elaborado en aquel momento por el centro, que consideraba "necesaria" una "remodelación integral" teniendo en cuenta que "las necesidades asistenciales y demandadas" del Sermas "van cada vez más en aumento para las patologías" atendidas en el Virgen de la Poveda.

Se encargó un proyecto a una compañía, que planteó llevar a cabo unas obras con las que el centro podría disponer de más de una treintena de camas nuevas. En febrero de 2020, justo antes de que estallase la pandemia, el despacho de arquitectos elegido puso sobre la mesa su propuesta, que finalizaba con algunas imágenes de la situación actual de la unidad: techos levantados, camas desperdigadas por los pasillos, habitaciones utilizadas como almacén de sillas... Casi un año y medio después, los trabajos para la puesta en funcionamiento de esta unidad no han arrancado todavía. La licitación, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, no se anunció hasta mediados del pasado mes de mayo. A la vista del tiempo estimado de duración del contrato, la reforma parece que no estará lista hasta 2022.

Unos conciertos copados por entidades religiosas

Estas son las medidas que las comunidades están adoptando por su cuenta ante el avance de los contagios

Ver más

Hace ya más de una década que el Ejecutivo regional se apoya en entidades privadas para este tipo de servicios. En enero de 2008, pocos meses después de la segunda mayoría de Esperanza Aguirre, el Gobierno madrileño adjudicó el contrato marco Dorotea 2007, con el que buscaba proveedores de servicios sanitarios para la prestación de asistencia en régimen de hospitalización de cuidados paliativos a pacientes crónicos o con grado de dependencia total para la actividad ordinaria que no podían recibirlos en su casa. El plazo de ejecución se fijó en un año. Y se hicieron con el concurso seis entidades: Fundación Instituto San José, Hospital Beata María Ana, Residencia San Camilo, Hospital Infantil San Rafael, Fundación Vianorte-Laguna y Clínica Sear. Desde entonces, esta media docena de nombres se han hecho con todas las licitaciones relativas a los cuidados paliativos.

En 2010, se les adjudicó un contrato para la prestación de estos servicios durante cuatro años valorado en algo más de 36 millones de euros. En 2016, con Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo autonómico, se firmaron un par de prórrogas más por medio año valoradas en otros cuatro millones de euros. Extensiones de los trabajos que se llevaron a cabo a la espera de que se resolviera la nueva licitación potente en este sentido. Se hizo prácticamente al arranque de 2017. En total, aquella adjudicación ascendió a 35,69 millones de euros, por un periodo de cuatro años –hasta 2021–. De nuevo, los nombres fueron los mismos.

La mayor parte de estas entidades con las que la administración regional concierta camas de hospitalización para pacientes paliativos son religiosas. El Hospital de San Rafael pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y se define como un centro confesional católico "donde se observan y defienden los principios evangélicos, las leyes sociales de la iglesia y las normas referentes a los derechos humanos", mientras que el Hospital Beata María Ana, centro médico-quirúrgico de "confesionalidad católica y sin ánimo de lucro", está gestionado por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Lo mismo pasa con la Residencia Asistida San Camilo, controlada por la Orden de los Ministros de los Enfermos. O con la Fundación Instituto San José, perteneciente a los Hermanos de San Juan de Dios, cuyo patronato preside el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.