Narváez y Madrigal, de arietes del PP en la Fiscalía a confidentes de sobremesa de Feijóo

Martes, 18 de abril de 2023. Medio centenar de miembros del Ministerio Público acuden a última hora de la tarde a un céntrico hotel de la capital, ubicado a escasos metros de El Retiro, para cenar con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro, organizado por la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, se prolonga durante más de una hora. En él, el jefe de la oposición anuncia su intención de derogar con urgencia leyes del actual Gobierno de coalición si logra llegar a la Moncloa. Y varios fiscales dan su opinión sobre distintas cuestiones de ámbito político. Destacan, sobre todo, las intervenciones de Antonio Narváez y Consuelo Madrigal. Dos destacados miembros del Ministerio Público a los que siempre se ha vinculado con la formación conservadora.

Desde que el diario El País hizo público el contenido de la cena, tanto la Asociación de Fiscales como el PP han tratado de restar importancia al asunto, que ha levantado una enorme polvareda política. La primera, dejando claro que el objetivo del encuentro no es otro que "promover el conocimiento mutuo a través del debate". La formación conservadora, por su parte, recordando que este tipo de reuniones "se hacen con asiduidad". "Fue una reunión absolutamente correcta e institucional", ha insistido el líder de la oposición en las últimas horas. Un mensaje de normalidad que, sin embargo, contrasta con el silencio alrededor de un encuentro del que no se informó en la agenda oficial del jefe de los conservadores.

La cena no ha caído bien dentro de la Fiscalía General del Estado. En la institución que dirige Álvaro García no molesta que un representante político se reúna con una asociación profesional, algo que, sostienen fuentes de ese departamento, entra dentro de "las reuniones habituales". Lo que preocupa es que miembros del Ministerio Público manifiesten "expresamente sus preferencias", declaraciones que dañan la "imagen de independencia" de la Fiscalía. Durante el encuentro, siempre según las intervenciones desveladas, Narváez llegó a expresar públicamente su deseo por un Gobierno del PP: "Personalmente, digo que ojalá y ya me significo, ya no estoy en el Tribunal Constitucional y me puedo significar como ciudadano".

Narváez, un fiscal conocido en FAES

Más allá de dejar claras sus preferencias, el fiscal cargó con dureza contra el Ejecutivo de coalición. Durante su intervención, le responsabilizó del "deterioro de las instituciones". "Incluso se habla de alguna industria como Indra, que es la que controla informáticamente los procesos electorales", completaba. Lo sugerido coincide al milímetro con mensajes lanzados desde el PP insinuando un interés del Gobierno por controlar los comicios. "Indra tiene una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y el Gobierno debe dar explicaciones de por qué cambia a los consejeros independientes", deslizaba hace menos de un año la secretaria general, Cuca Gamarra. La empresa, en concreto, no cuenta votos, solo vuelca datos. Un resultado que luego debe confirmarse.

Narváez entró en la Escuela Judicial en 1982 como primero de su promoción, optando finalmente por la carrera fiscal. Su trayectoria se inició en la Audiencia Provincial de Teruel. Y continuó en la Audiencia Provincial de Teruel, donde ejerció como fiscal jefe durante prácticamente una década. De ahí, dio el salto a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Lo hizo en 1997, con José María Aznar al frente del Gobierno y Juan Cesáreo Ortiz como fiscal general del Estado. Ya durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el jurista extremeño fue promovido a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, un puesto que ocupa en la actualidad. En concreto, desempeña sus funciones en la Sala de lo Contencioso, la que se ocupa de los recursos contra decisiones del Gobierno.

Pero fue con Mariano Rajoy en Moncloa cuando Narváez llegó a lo más alto. Durante ese periodo, el jurista fue nombrado primero teniente fiscal en el Alto Tribunal con el respaldo unánime de todos los miembros del Consejo Fiscal, es decir, jefe de todos los miembros del Ministerio Público en el Supremo. Y luego, magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno conservador. Él fue el encargado de sustituir en el órgano a Enrique López, quien tuvo que dimitir tras ser pillado conduciendo una motocicleta ebrio y sin casco. Entonces, el nombre de Narváez ya sonaba –aunque no tanto como otros– en FAES. El jurista figura en la memoria de actividades de 2010 del laboratorio de ideas del PP como asistente a uno de sus seminarios.

Su etapa en el Constitucional, donde compartió mesa con otros destacados juristas vinculados a FAES –desde Enrique Arnaldo a Pedro González-Trevijano–, estuvo marcada por el proceso independentista catalán. "Un golpe de Estado encubierto mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en 1981 en la medida en que ahí no estaba en cuestión algo esencial como es el principio de soberanía y el principio de la unidad de España dentro de su diversidad", llegó a decir sobre el tema en una conferencia ofrecida en Granada en 2017. Unas palabras que terminarían dando munición a los líderes independentistas para pedir su recusación y que le acabarían obligando a apartarse de todos los recursos del procés.

Durante la cena con Feijóo, el fiscal hizo hincapié en la cuestión catalana. Y también puso el foco sobre Euskadi. "Se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos", decía con el ojo puesto en los próximos comicios al Parlamento vasco. Como fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo, el jurista extremeño intervino durante años en los sucesivos procesos de ilegalización de partidos políticos, entre ellos los de las formaciones sucesoras de Batasuna.

Narváez, quien el pasado diciembre se negó categóricamente a apartarse de una decisión que afectaba precisamente a su continuidad en el Tribunal Constitucional, jugó también un papel importante en la valoración que el máximo intérprete de la Ley Fundamental hizo de la actuación del Gobierno durante la pandemia. El jurista fue, precisamente, el ponente de la sentencia que tumbó parte del segundo estado de alarma. "El Congreso quedó privado primero, y se desapoderó después, de su potestad, ni suprimible ni renunciable, para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas durante la prórroga acordada", argumentaba la sentencia.

Madrigal, una ex fiscal general contra el aborto

Junto a Narváez, otra de las participantes en aquel encuentro con el jefe de la oposición fue Consuelo Madrigal. En la actualidad, la jurista desempeña el cargo de presidenta de la Comisión de Ética Fiscal, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del código deontológico en la carrera. Un puesto en el que, según la Unión Progresista de Fiscales (UPF), no debería estar ni un minuto más. "Es indiscutible que esta reunión (...) contraviene la regla segunda del Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que las y los fiscales deben comprometerse a mantener la lealtad institucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad", resalta la UPF.

Algo más comedida que su compañero, Madrigal fue la primera en intervenir durante la cena. En su caso, señaló, en clara referencia a la reforma del delito de sedición y malversación, que en nuestro país existe un "problema grave" con "las proposiciones de ley que se presentan y se tramitan a través de las enmiendas donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley". "Esta perversión del procedimiento legislativo va unida a una perversión de la institución que hemos vivido en los últimos años. ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo volver a procedimientos legislativos serios, informados, democráticos? ¿Cómo sería posible una regeneración benéfica para todos?", remató.

Madrigal ingresó en la carrera en noviembre de 1980, antes que Narváez. En sus inicios, desempeñó su actividad en las fiscalías provinciales de Tenerife, Palencia o Madrid, además de pasar unos años como miembro del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas. De ahí, dio el salto al Tribunal Supremo. Y en esas estaba cuando fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. El ascenso se produjo a comienzos de 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y con Cándido Conde-Pumpido, con quien años antes había coincidido en el Alto Tribunal, como fiscal general del Estado.

Pocos días después, Madrigal se posicionó públicamente contra el "aborto incontrolado" en nuestro país. Lo hizo como firmante de un manifiesto en el que se rechazaba la existencia de "un derecho al aborto" y "menos aún" de un "derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo". "La percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año", resaltaba el manifiesto, en el que también aparecían nombres como los de Teresa Rivero, la que fuera presidenta del Rayo Vallecano, o la hasta ahora diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya.

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Pero fue en 2014 cuando Madrigal alcanzó el mayor logro de su carrera. Aquel año, el Gobierno de Mariano Rajoy la aupó como la primera fiscal general del Estado, nombramiento que las asociaciones profesionales vieron entonces con buenos ojos. Un puesto en el que, sin embargo, apenas estuvo unos meses. Tras los procesos electorales, el nuevo Ejecutivo conservador decidió apostar por José Manuel Maza. Cambio que algunos celebraron en la intimidad. "Estamos contentos, ¿o no?", preguntó entonces el expresidente madrileño Ignacio González al magistrado Enrique Arnaldo. "¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. (...) Cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir", le respondió este último.

En los últimos años, Madrigal ha ejercido como fiscal en el juicio del procés. Y se situó de nuevo bajo el foco mediático durante la primera ola de la pandemia. En mayo de 2020, la fiscal publicó en el diario El Mundo un duro artículo contra el estado de alarma. "Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad", decía la jurista, quien resaltaba que constituía un ejercicio "antidemocrático" de poder "la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción".

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda denunció el caso al considerar que el contenido del artículo era merecedor de sanción disciplinaria. Sin embargo, la Inspección Fiscal decidió finalmente dar carpetazo al asunto al entender que no había conducta que mereciera reproche alguno: "Las referencias a la política no deben tampoco ofender o perturbar a quienes tan digna y necesaria función ejercen, siendo relevante la falta de denuncias de hipotéticos ofendidos".