Marea de Residencias vuelve a Bruselas a defender su denuncia del 'Protocolo de la Vergüenza': "No pararemos"
Marea de Residencias vuelve este miércoles a Bruselas. Después de la visita del pasado mes de diciembre, dos representantes de la plataforma de familiares y trabajadoras de centros de mayores serán recibidos este 20 de septiembre en audiencia pública por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender lo que, precisamente, exigieron hace casi un año y se ha aceptado ahora: que sea Europa la que investigue "la pasividad de las instituciones ante la mayor vulneración de derechos perpetrada en la corta historia de nuestra democracia". Y más concretamente: que se diriman responsabilidades en la elaboración y aplicación del Protocolo de la Vergüenza que en la Comunidad de Madrid dejó a 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia sanitaria.
No hay demasiada esperanza en la cita, pero sí convencimiento de la importancia del paso que supone. Y de que es vital para esclarecer lo ocurrido durante las peores semanas de la pandemia. "Llevamos trabajando desde 2019, antes incluso de la pandemia, y notamos que estamos metidos en un fango en el que cada movimiento que damos es un esfuerzo titánico, pero no pararemos hasta que algún día consigamos lo que creo que es obvio que hace falta", señala Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Se refiere a lo que pidieron en diciembre. El objetivo entonces pasaba —y pasa ahora— por lograr que una misión de eurodiputados visitara la Comunidad de Madrid para investigar "en profundidad", dijeron entonces, qué pasó en las residencias madrileñas. "Tras tres años y medio de las muertes [...] seguimos viendo cómo la impunidad es total, no se investiga, no se hace justicia, no hay reparación, y por tanto la historia podría volver a repetirse en un futuro", lamenta ahora la organización en una nota de prensa.
Pero no sólo esperan eso. También pidieron entonces que se promulgara "una ley marco estatal de obligado cumplimiento que establezca unos criterios mínimos para preservar la dignidad y el buen trato en las residencias de todo el territorio español, garantizando los derechos humanos y constitucionales de todos los ciudadanos institucionalizados". Y que se construyan, amplía López, más residencias públicas de gestión directa que impidan a las empresas privadas entrar en el sector y "especular". "Queremos que nunca vuelva a pasar lo que pasó en pandemia", lamenta la portavoz.
En el pasado mes de diciembre presentamos petición ante el Parlamento Europeo,denunciando la vulneración de Derechos dentro de las residencias.Ha sido admitida y el próximo día 20 la defenderemos en Audiencia. @65ymuchomas @_infoLibre @manuelrico @La_SER @El_Intermedio @publico pic.twitter.com/vFkHjLluSm
— Marea de Residencias (@MareaResidencia) September 18, 2023
La cita de este miércoles consistirá en una defensa de cinco minutos de las peticiones realizadas, a lo que seguirán las palabras de distintos eurodiputados y del propio Comité de Peticiones. Tras un receso, explica López, Marea de Residencias volverá a tener un espacio para contraargumentar lo expuesto y reafirmar sus exigencias. En la anterior visita, a la que acudieron invitados por el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, la plataforma se reunió con varios eurodiputados españoles entre los que se encontraban también Estrella Dura del PSOE, Idoia Villanueva de Podemos y Ernest Urtasun, entonces de Catalunya en Comú.
En ese encuentro, los familiares también explicaron que las reuniones con estos líderes políticos fructuficaron en varias peticiones y enmiendas al informe Enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro, un documento publicado por el Parlamento Europeo el pasado 12 de julio en el que se concluyó, apuntó Marea de Residencias, que el sistema sociosanitario necesita "cambios profundos". El texto, adoptado con 385 votos a favor, 193 en contra y 63 abstenciones, pidió concretamente, según explicó Marea de Residencias, que los Estados "pongan fin a las prácticas de triaje discriminatorias, en particular las que utilizan la edad, las condiciones médicas preexistentes y la calidad de vida como criterio único". Es decir: que no se vuelvan a aprobar protocolos de la vergüenza.
Comisión ciudadana
Precisamente este fin de semana, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, otra plataforma de familiares y trabajadores surgida tras la pandemia, arrancaron las primeras jornadas de la comisión ciudadana que pretende esclarecer lo ocurrido en la Comunidad de Madrid durante las peores semanas de la crisis sanitaria. El "tribunal ciudadano" presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín acogió el pasado viernes 15 de septiembre las comparecencias de residentes, familiares y trabajadores, a las que siguieron el sábado 16 las de expertos, médicos, periodistas y autoridades con responsabilidades políticas en 2020.
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El testimonio más destacado fue el del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019 a octubre de 2020, Alberto Reyero, que se encargó de la gestión de los centros de mayores durante la primera ola, cuando murieron 9.468 personas. "La primera noticia que tuve sobre este protocolo fue el día 20 de marzo. Era la segunda versión, nunca tuve conocimiento del primero. Cuando me explicaron los criterios médicos de aquel documento, me eché las manos a la cabeza", dijo, sobre el Protocolo de la Vergüenza.
El pasado mes de junio, el exconsejero declaró por segunda vez ante un tribunal, al que confirmó que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio entonces, además, fue ratificado por Yolanda Fuentes, ex directora general de Salud Pública dimitida en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad.
Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado mes de agosto el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid por "inactividad" al no medicalizar las residencias. Los magistrados tendrán que determinar ahora si la aplicación del Protocolo de la Vergüenza obligaba a la región a tomar medidas alternativas que garantizasen la atención sanitaria.
