Los médicos ven anomalías en el cálculo del dinero que recibirían las empresas de la sanidad privatizada

Los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones impulsoras de la marea blanca, sostienen que el cálculo del dinero que recibirían las tres empresas adjudicatarias por hacerse con la gestión de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid quiere privatizar se hizo de forma irregular. Los profesionales se basan en los datos del informe económico que acompañaba a los pliegos del concurso para demostrar que la Consejería de Sanidad utilizó dos métodos diferentes para calcular el coste por habitante de la asistencia sanitaria y, por tanto, el dinero que recibirían las adjudicatarias HIMA San Pablo, Ribera Salud y Sanitas por hacerse cargo tanto la parte no sanitaria como la asistencial de los seis centros. Los profesionales, que estudian la posibilidad de presentar un nuevo recurso contra el concurso suspendido de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creen que el hecho de que los precios no estén bien calculados "es motivo de nulidad de los contratos".

El departamento del consejero Javier Fernández Lasquetty se defendió este martes a través de una carta de su director general de Gestión Económica, Jesús Vidart, después de que El Mundo adelantara esta información el pasado 6 de enero. El la misiva, la consejería desmiente "tajantemente" que utilizara dos métodos diferentes para calcular cuánto cuesta atender a los madrileños en los hospitales públicos de la Comunidad. 

Un aspecto clave en el coste del servicio sanitario es la llamada facturación intercentros. Es decir, lo que un hospital paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero. Una práctica que se puede dar también cuando se trata de intervenciones complejas comos los trasplantes... y que es muy habitual entre los hospitales nuevos (los privatizables) y los viejos, porque estos últimos cuentan con más recursos (helipuertos, radioterapeutas de guardia, resonancias de guardia, radiólogos intervencionistas, etc.).

Lo que sostienen los profesionales de Afem en su estudio es que para calcular el alcance de esa facturación –necesaria para saber el coste total de la asistencia sanitaria– se utilizaron datos combinados de dos años diferentes, 2011 y 2012, elaborados también con métodos distintos y, por tanto, "no equiparables". Los médicos creen que este es un asunto clave, pues si los datos estimativos del coste por habitante son incorrectos, también lo será la previsión de ahorro que se establecería según el precio del contrato de licitación de dichos hospitales. El cálculo de la Comunidad es que la privatización de la gestión ahorrará a las arcas públicas un 20%. 

Así, según datos de la memoria económica recogidos en el Cuarto Informe Afem: Cálculo del coste de la asistencia sanitaria especializada en Madrid, en 2011, se aplicó la fórmula de la Unidad de Complejidad Hospitalaria (UCH), un sistema internacional que aglutina a los pacientes en grupos de diagnóstico que consumen más o menos los mismos recursos y suponen los mismos gastos. Hay cerca de 100 codificados por números. Y a cada uno de esos números se les asigna después un peso relativo respecto a su diagnóstico. De esta manera, se determina que un alta por un parto sin complicaciones está en el mismo grupo que una craneotomía, si bien el primero tiene un peso de 1 mientras el segundo lo tiene de 4,88. Así se puede determinar que el coste de la craneotomía es 4,88 veces mayor que el de un parto sin complicaciones. No obstante, el coste económico concreto de cada procedimiento depende de cada hospital porque a la citada fórmula se le aplican otros parámetros como los costes fijos o de mantenimiento que, lógicamente, son más elevados en los hospitales grandes o de referencia porque cuentan con más instalaciones u ofrecen más y más caros servicios. 

En su informe, los profesionales también recogen las tablas que demuestran que en 2012 la Consejería se basó en el sistema de precios públicos, que son los que determina una Administración que debe cobrar por servicios públicos a particulares no cubiertos por la Seguridad Social y aseguradoras. Este sistema también utiliza la concentración de pacientes en grupos de diagnóstico, si bien  no les asigna después un peso relativo. Así, una craneotomía –una operación quirúrgica por la que parte del cráneo se elimina para acceder al cerebro– tendría por este método el mismo coste que un parto sin complicaciones. La diferencia entre ambos métodos, detalla Afem en su informe, llega al punto de que tomando como ejemplo los datos del Hospital Gregorio Marañón, la diferencia del coste llega casi a los 100 millones según el método utilizado. Los médicos estiman, por tanto, que ambos métodos "no son equiparables" y que ambos no pueden usarse en años consecutivos porque arrojarían "resultados impredecibles". 

Precios públicos 

Además, Afem también detecta otra irregularidad que, a su juicio, podría acabar por beneficiar a las empresas adjudicatarias. En este caso en relación a la parte calculada en base a precios públicos. El cálculo del coste de la asistencia se realizó con los datos de 2009, pero la facturación intercentros real se hará con los datos correspondientes a 2013 si la privatización se produce en estas condiciones. Y según Afem, la diferencia de costes de hospitalización entre los dos años es de más de 50 millones de euros en la Comunidad de Madrid. De esta forma –explican los médicos– se estaría "regalando" un 2% de la facturación intercentros a las empresas como consecuencia de la diferencia entre el cálculo del precio del contrato y su puesta en funcionamiento. 

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El presidente de Afem, Pedro González, explicó en rueda de prensa este martes que cuando la Comunidad fijó las cápitas que figuran en los pliegos de la externalización convocada en mayo aún no estaban en vigor los precios públicos aprobados para 2013, vigentes desde septiembre, por lo que esta diferencia, "que puede ser de millones de euros", irá "en beneficio de las adjudicatarias".

Sin embargo, en su carta, Vidart también dice que es "absolutamente falso" que para la facturación intercentros actual o futura se vayan a utilizar precios de 2009. "Los precios públicos que se utilizan son los vigentes en el momento de la prestación de la asistencia sanitaria. Actualmente los precios vigentes son los aprobados en 2013", señala. Los pliegos parecen dar la razón a la consejería, pues los pliegos recogen que "el precio de los servicios sanitarios será el que corresponda

en la fecha de la asistencia a los precios públicos vigentes en ese momento", aunque sí detalla que el importe de los precios a aplicar en la facturación por los servicios prestados por la concesionaria se minorará en un 10%, con excepción de las altas hospitalarias correspondientes a los ingresos urgentes no programados.