Miércoles noche. Decenas de miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protestan a las puertas del restaurante Fortuny Home Club, donde se celebra una cena de participantes en el Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario, es decir, de sociedades gestoras de viviendas. "¡Estos comensales son los criminales!", gritan los manifestantes. Salta un rumor: dentro están cenando juntos David Lucas, secretario general de Vivienda, y un ejecutivo del sector llamado Eduard Mendiluce. No era así, según aclaró más tarde el propio Lucas, que estaba en su casa, pero el grado de indignación que provocó el rumor lleva a preguntarse: ¿Qué tiene de especial el señor Mendiluce? Para presentar a este directivo de postín hay que dar cuatro de los nombres que más soliviantan ahora mismo a un movimiento antidesahucios consagrado a intentar la aprobación de una ley de vivienda que se aleje de lo que quiere el conglomerado de fuerzas del rentismo.
Esos cuatro nombres son Blackstone, Cerberus, Joan Clos y Asval.
Es posible que al lector le suene el primero, un megafondo de inversión con origen en EEUU, fundado en 1985 por dos exdirectivos de Lehmann Brothers, con intereses en múltiples sectores en todo el mundo. También en el inmobiliario, terreno en el que ha irrumpido con tal fuerza en España que es conocido como "el mayor casero" del país. También le sonará Cerberus, otro megafondo de relieve mundial. Seguramente también le diga algo Joan Clos, por haber sido alcalde de Barcelona (1997-2006) y ministro de Industria, Comercio y Turismo (2006-2008) con el PSC y por formar parte ahora del "consejo asesor" de Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes.
En cuanto al cuarto, es más improbable que a quien lee estas líneas le sugiera algo: Asval. Pero es un acrónimo, Asval, del que conviene tomar nota, porque corresponde a la asociación que pone a trabajar en una misma causa a Mendiluce, Clos, Blackstone y Cerberus, todos ellos junto a pequeños propietarios, en una alianza que pretende influir sobre las reglas del juego de la vivienda justo cuando la legislatura encara su recta final y la ley está por aprobar, si es que llega a aprobarse.
Dos megafondos junto a gestores y "pequeños propietarios"
Ni Blackstone ni Cerberus figuran como miembros ni como impulsores de Asval –Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler– en su web. Paseando por su información corporativa, uno podría pensar que no tienen nada que ver. Pero lo tienen.
Ambas supercompañías están detrás de la asociación, de cuyo nacimiento aparecen las primeras noticias en marzo de 2020, aunque fue registrada en el Ministerio del Interior en enero de 2021. La pertenencia a la asociación en el caso de Blackstone está acreditada por su ficha como empresa lobista en el registro de transparencia de la UE, donde se presenta como "miembro" de Asval. Un portavoz autorizado del fondo confirma que es uno de los miembro de Asval desde su origen, aunque recalca que el protagonismo recae en los "pequeños propietarios".
Blackstone es además dueño de Anticipa y de la mayoría de Aliseda, dos gestoras de activos que, según confirma una fuente autorizada de Asval, pertenecen también a la asociación. Mendiluce, el nombre que iba de boca en boca en la noche del miércoles, es CEO –director general– de Anticipa y Aliseda y miembro de la junta rectora de Asval, señala la misma fuente. En cuanto a Cerberus, añade, es accionista de una de las compañías que pertenecen a la asociación, pero no aclara cuál. Cerberus no responde a los mensajes de infoLibre.
¿Y Clos? El exalcalde es presidente de Asval, asociación con sede en Madrid que tiene entre ceja y ceja un propósito: frenar la Ley de Vivienda, contra la que carga por tierra, mar y aire. Y no sólo pretende frenar los planteamientos más transformadores o radicales del movimiento en defensa del derecho a la vivienda –con organizaciones como la PAH exigiendo medidas para una bajada de los alquileres y las hipotecas y para garantizar alquiler social a las familias en riesgo de desahucio–, sino frenar también el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que tanto Unidas Podemos como ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País y el BNG consideran que se queda corto. Según Asval, con su actual redacción la norma generará gran inseguridad jurídica, reducirá la oferta y espantará a la inversión. Ese es su mensaje central. Y es el que defiende Clos, que a juicio del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas tiene el encargo de "blanquear el discurso de los fondos buitres". "¡Usted está financiado para usar sus contactos del PSOE y bloquear una ley de vivienda efectiva en España!", se dirigía a él, casi a voz en grito, una activista que interrumpió una intervención del exalcalde de Barcelona en septiembre de este año.
Asval niega estar dominada por gigantes empresariales o lo que se ha dado en llamar "grandes tenedores". La fuente consultada señala que el 95% de sus en torno a 6.000 asociados tienen "una o dos viviendas". Es decir, son "pequeños propietarios dedicados al alquiler" que se acercan a Asval ante la "situación actual de inseguridad jurídica". Ante la pregunta de por qué los nombres de Blackstone y Cerberus no aparecen en la web, responde: "Lo que hay en la página es una muestra". Además, afirma que el peso del trabajo en Asval lo llevan las "empresas", no los "accionistas" que haya detrás.
De Asval forman parte desde su origen las promotoras inmobiliarias Aedas y La Llave de Oro y las socimis Iante y Albirana. Más tarde se sumaron entre otras firmas como Neinor, Servihabitat, Promur, Q Living, Elix Vintage, Global Pielago o Nuprosa y los portales Idealista y Fotocasa.
¿Y por qué Clos como presidente? La respuesta de Asval es que no sólo es exalcalde y exministro, sino también "experto en urbanismo y vivienda", como prueban sus ocho años como subsecretario general de Onu-Habitat (2010-2018).
Más de 30 socimis hacen piña
Sea por el tirón de Clos, sea porque el movimiento antidesahucios la ha puesto en el punto de mira, Asval se ha convertido en un referente del poderoso lobby inmobiliario español, un espacio que ha sufrido una profunda transformación –como todo el sector– a raíz de la Gran Recesión. Es más, varios de sus pesos pesados son de origen reciente. Por ejemplo, en 2019 nace Asocimi, la Asociación Española de Socimis, es decir, de sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, un tipo de inversor en activos cuestionado por su ventajoso régimen fiscal.
Actualmente forman parte de Asocimi un total de 32 empresas. Su presidente es Javier Basagoiti, al frente de dos de estas socimis, Inbest y Corpfin Capital, un defensor de que los mercados "se regulan solos". Basagoiti, en una entrevista a El Mundo en 2021, afirmaba que la Ley de Vivienda, que por entonces aún no había pasado al trámite parlamentario, era inconstitucional por distinguir entre grandes y pequeños propietarios. En la junta directiva de Asocimi hay representantes de firmas como Quonia, AM Locales, Vitruvio y Castellana. Son "socios colaboradores" el gigante de la consultoría PwC, la asesora Grant Thornton, la tasadora Tinsa y la financiera Renta 4, que elaboran informes sobre precios de la vivienda o tendencias del mercado.
Un secretario de Estado con Aznar y ex jefe de protocolo de la Casa Real
La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) es otra organización posterior a la crisis que ha percutido con fuerza contra la Ley de Vivienda. Nacida en 2013, presume de reunir entre sus miembros más del 90% de la facturación del mercado de consultoría inmobiliaria en España. ¿Nombres? BNP Paribas, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Colliers... No son sólo importantes por su papel en el sector, también desarrollan una importante función de influencia en la opinión pública, tanto individualmente como a través de la ACI y sus estudios y publicaciones.
Su mensaje central es que la nueva ley creará incertidumbre, desincentivará la inversión y reducirá la oferta de alquiler en las zonas tensionadas. "Las inversiones no construirán en los lugares que tengan esa legislación restrictiva", explicaba a The Objective su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, en noviembre de 2021, tras la aprobación del anteproyecto. "Los cambios legislativos acometidos pueden llegar a restar crecimiento al mercado y añadir incertidumbre; no es bueno para atraer la inversión y desarrollar el mercado", insistía en agosto en El Economista.
ACI, al igual que Asval, ha colocado a un expolítico como mascarón de proa. Martí-Fluxá, presidente de la asociación, fue secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, en la etapa de Jaime Mayor Oreja (PP) en Interior. Antes (1992-1996) fue Jefe de Protocolo de la Casa Real. Además de ACI, preside también Tedae, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, un lobby armamentístico. En el terreno empresarial ha sido presidente de Marco Polo Investments, además de consejero de Tomás Pascual, asesor del banco de inversión Arcano Capital y consejero de Ibersecurities y de la tecnológica Ikusi. Hoy es presidente del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud y de la fundación de promoción de las artes Ankaria, que cuenta con la colaboración de Iberdrola y con el patrocinio de Liteyka, una empresa de servicios de infraestructuras de la que es consejero el propio Martí-Fluxá. Además, es presidente de la promotora Neinor, miembro de Asval.
Así que en Asval se encuentran un exministro del PSC y un ex secretario de Estado del PP.
Mensajes superpuestos en la CEOE
La propia CEOE es enemiga declarada de la Ley de Vivienda. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afirmado a lo largo de su elaboración que es una "injerencia" contra la propiedad privada con carácter "anticonstitucional". Su aprobación causaría una "distorsión brutal" en el mercado, opina. De la principal organización patronal, que afirma representar a dos millones de empresas, forman parte al menos tres grupos de interés y presión con peso en el sector inmobiliario.
Uno de ellos es Fadei, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, que comparte el mensaje según el cual la Ley de Vivienda supondría una pérdida de atractivo de España para los inversores y una reducción de la oferta de alquiler, con consiguiente subida de los precios. Nacida en 2017, suma 12 organizaciones que representan –según Fadei– a unas 5.000 agencias. Su presidenta es Montserrat Junyent, en representación de la Asociación Mediterránea de Empresarios Inmobiliarios. Firma habitual en las revistas del sector y asesora del Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria –también contrario a la ley–, Junyent cree que la norma creará "inseguridad jurídica".
También de la CEOE forma parte Wires, una asociación de consejeras y directivas creada en 2015 para "dar visibilidad a la mujer en el sector inmobiliario". Cuenta con unas 370 socias, entre ellas de empresas como las ya citadas Savills, Inbest, BNP, Colliers, PwC y Cushman & Wakefield. A ellas se suman socias con cargo en la Sareb, Santander y Amazon, entre otras muchas. Carmen Panadero, presidenta de Wires, cree que la ley encarecerá la vivienda, impulsará la "economía sumergida", generará "inseguridad jurídica" y supondrá una "espantada de la inversión", como declaró hace un año.
A diferencia de las organizaciones citadas, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) no nace tras la Gran Recesión. Hablamos de una entidad histórica, fundada en 1968, que forma parte tanto de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) como de la propia CEOE. Los tres grupos –CEOE, CNC, APCE– coinciden en la crítica a la Ley de Vivienda. A juicio del presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, de la promotora Vía Agora, la norma es "fallida" ya antes de su aprobación. "Hemos recibido una gran cantidad de llamadas de inversores institucionales, porque genera intranquilidad”, explicaba a Cinco Días en noviembre de 2021. APCE considera que la ley es "inconstitucional" y "crea inseguridad jurídica". Los argumentos se repiten, con leves variaciones, en todos los terminales.
Otra organización histórica es Asprimi, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, fundada en 1977 y alineada con el discurso canónico sobre los efectos negativos que la Ley de Vivienda tendrá sobre el mercado. Entre los más de 130 asociados a Asprima figuran titanes como Acciona o Iberdrola. Su presidenta es Carolina Roca, del Grupo Roca, al frente de una directiva en la que están representadas compañías como Realia o las ya citadas Aedas y Colliers.
La más vieja en la más joven
Jordi Guzmán, investigador sobre justicia social en la Universidad de Leeds y miembro del Sindicato de Inquilinos, que ha profundizado en el mundillo de los grupos de presión, observa una mutación en el mismo. "Históricamente", señala, los dos principales lobbies a favor de los intereses de la propiedad inmobiliaria han sido APCE en Barcelona y Asprimi en Madrid. "Son las grandes asociaciones de constructores y promotores, las figuras históricas del sector", afirma.
La nuevas medidas del Gobierno sobre vivienda desafían un orden intocable del mercado a la medida del propietario
Aunque Asprimi y APCE siguen teniendo "fuerza e influencia", Guzmán afirma que ahora comparten protagonismo con una serie de pujantes actores nacidos después de la crisis inmobiliaria, cuyo impacto en el sector se ha traducido también en cambios profundos en la estructura de grupos de presión. Ahí destaca a Asval, Asocimi y ACI, por su "capacidad de generar discurso". Guzmán destaca también la elevada cohesión del lobby inmobiliario, con un mensaje unísono "en el que todo el mundo está de acuerdo en lo esencial, que es la protección de los intereses de los perceptores de rentas".
A la coincidencia discursiva que cita Guzmán se suma la integración orgánica. Un dato lo ilustra: la organización más antigua de las citadas, APCE (1968), la de los constructores de siempre, forma ya parte de la más nueva, Asval (2021), la que tiene a los megafondos detrás. Y APCE Cataluña está integrada de la rama española de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci).
¿Y quién preside Fiabci? Pues un tal Joan Clos Matheu, el mismo que Asval. Así de intrincada es la malla del lobby inmobiliario español. Mientras los miembros del Gobierno discrepan sobre la Ley de Vivienda, los protectores del statu quo hacen piña ante la batalla que viene.
Miércoles noche. Decenas de miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protestan a las puertas del restaurante Fortuny Home Club, donde se celebra una cena de participantes en el Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario, es decir, de sociedades gestoras de viviendas. "¡Estos comensales son los criminales!", gritan los manifestantes. Salta un rumor: dentro están cenando juntos David Lucas, secretario general de Vivienda, y un ejecutivo del sector llamado Eduard Mendiluce. No era así, según aclaró más tarde el propio Lucas, que estaba en su casa, pero el grado de indignación que provocó el rumor lleva a preguntarse: ¿Qué tiene de especial el señor Mendiluce? Para presentar a este directivo de postín hay que dar cuatro de los nombres que más soliviantan ahora mismo a un movimiento antidesahucios consagrado a intentar la aprobación de una ley de vivienda que se aleje de lo que quiere el conglomerado de fuerzas del rentismo.