El doble juego del exfiscal Ocampo: demandó a Qatar en nombre de víctimas sirias mientras cobraba del emirato

El taxi espera a Luis Moreno Ocampo con el motor ya en marcha. “¿Conoce el Des Indes?”, le pregunta al conductor. Es un cinco estrellas de La Haya donde se alojó en 2022. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, desaparece a sus espaldas. Llama a su antigua asistente. “Joanna, he vuelto”, le dice. “Tuvisteis que prescindir de mí durante un tiempo, pero creo que es hora de volver”.

El taxista mira por el retrovisor. “¿Puedo hacerle una pregunta, señor? ¿Es usted de la Corte Penal Internacional?”. Ocampo responde que durante 10 años fue el fiscal jefe de la Corte Penal de La Haya. “Quería combatir crímenes”. El prestigioso trabajo, procesar a criminales de guerra, convirtió al argentino en uno de los abogados más famosos del mundo. Lo dejó en 2012, pero cuando se trata de la Corte Penal Ocampo todavía usa la forma “nosotros”, según un documental sobre él emitido hace dos años. “Protegemos a la gente», le dice al taxista. “Estoy orgulloso de ello”.

El exfiscal, que ahora tiene 72 años, sigue involucrado al más alto nivel en el ámbito de los derechos humanos. Sólo que ahora entre bastidores, como consultor, para clientes que no quiere revelar.

Desde los Países Bajos, Ocampo se disponía entonces a presentar una demanda contra Qatar por apoyar el terrorismo. Iba a ser la primera vez que se considerara responsable a un país de ello. Países Bajos es el escenario ideal para un proceso internacional, opina. Aquí tiene su red del Tribunal Penal, aquí tiene un nombre. Allí donde Ocampo llama, las puertas se abren. Activistas de derechos humanos, abogados, todos están interesados, incluso honrados cuando se acerca a ellos para defender su causa.

También lo hizo Liesbeth Zegveld. En 2018, Ocampo le pidió una reunión a la famosa abogada de derechos humanos y profesora de reparaciones de guerra en la Universidad de Amsterdam. Zegveld es conocida por haber conseguido numerosas indemnizaciones para víctimas de las guerras.

Poco después, ambos se estrechaban en Ámsterdam.Allí le contó más sobre su plan. Quiere probar en una demanda civil que Qatar transfirió dinero a terroristas de Jabhat Al-Nusra, una organización que causó numerosas víctimas sobre todo al principio de la guerra en Siria. Las transacciones de fondos son demostrables, cree. Una condena supondría una indemnización de decenas de millones que se repartirían entre las víctimas y el financiador que pagara el caso. Quién es, nunca se sabrá. El financiador quiere ocultar su nombre. En los Países Bajos, Ocampo es el único que conoce su identidad.

Para los inversores, estos pleitos son una forma de consegur ingresos. Se llama “financiación de litigios de terceros”. Está en auge en los Países Bajos y el resto de Europa. Por regla general, funciona así: un inversor paga los costes legales de una reclamación. En caso de ganar, el financiador recibe una parte de la indemnización. El modelo más conocido es el de las reclamaciones de daños y perjuicios en casos de consumo. Por ejemplo, los automovilistas que demandaron a Volkswagen en el caso del software manipulado por la compañía automovilística o los propietarios de paneles solares que quieren llevar al Gobierno a los tribunales para cambiar la ley holandesa. Estos financiadores también están apareciendo en casos de derechos humanos. El dinero hace posibles procesos judiciales que de otro modo nunca habrían despegado. El inconveniente es que no siempre está claro qué intereses están detrás de un caso. ¿Se trata de justicia para las víctimas o son un medio para ganar dinero?

Tras conocer a Luis Moreno Ocampo, Liesbeth Zegveld se pone manos a la obra. Para iniciar una causa civil, hay que encontrar vícitmas que puedan actuar como demandantes. Para ello, se contrata a Lourans Issa. Es un intérprete sirio y activista de derechos humanos con una amplia red detrás. Sabe dónde puede encontrar a las personas que son el objetivo: entre los solicitantes de asilo.

En 2018, los sirios de los Países Bajos leen un anuncio en Facebook. Dice que las víctimas de Al-Nusra que quieran una “compensación” pueden presentar una denuncia por correo electrónico. Un empresario sirio de Róterdam lee el mensaje. Apenas puede dormir. Su negocio en Alepo fue saqueado por los rebeldes de Al-Nusra. “Antes de la guerra en Siria, teníamos una casa”, cuenta en una cafetería al periódico holandés NRC, socio de infoLibre en la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). “Lo hemos perdido todo”. Aún lleva consigo su tarjeta de visita después de todos estos años. Está amarillenta, pero intacta.

Un sirio de Zoetermeer también ve el mensaje y envía su testimonio por correo electrónico. Escribe que fue torturado por combatientes de Al-Nusra. Tras escapar, luchó por su vida en un hospital turco durante mes y medio. Después de recibir sus correos, los sirios fueron invitados enseguida a entrevistarse con Lourans Issa, dicen. El intérprete sería su único contacto en el caso. “Lourans Issa me dijo que podría recuperar millones de euros”, recuerda el empresario sirio. “Todos mis daños serían compensados”.

Cuando las víctimas sirias oyen hablar de millones, ya no dudan. Aunque, desde el momento en que deciden sumarse al caso, corren peligro. El equipo de Ocampo teme que agentes secretos de Qatar chantajeen o amenacen a los denunciantes sirios. Así que contrata a una empresa de seguridad. “Nos dieron un número de teléfono de contacto”, continúa el empresario sirio. “Si ocurría algo, podíamos llamar. En cinco minutos alguien estaría aquí”.

Ahora que ha encontrado las primeras víctimas, Zegveld está publicitando el caso con una ofensiva mediática internacional. Envía una carta pública al emir de Qatar. En ella le pide que deje de patrocinar el terrorismo y que indemnice a las víctimas. Si el emir no responde en unas semanas, amenaza con presentar una demanda civil contra él en los Países Bajos en nombre de los sirios.

Las amenazas de Zegveld también atraen la atención fuera de los Países Bajos. En abril de 2018, concedió una entrevista de 20 minutos en la cadena estatal saudí Al Arabiya, que fue emitida en todo el mundo árabe. El periodista le pregunta a Zegveld si tiene pruebas de lo que dice. “Sabe, ante todo nos esforzamos por llegar a un acuerdo en este caso", responde Zegveld. "Un proceso judicial prolongado obviamente tampoco beneficia a Qatar".

Así, incluso antes de que se presente la demanda, Zegveld ya está ocupándose de la reputación internacional de Qatar. Lo hace en un momento en que el emirato se está esforzando en ofrecer una imagen más positiva al mundo. Dentro de cuatro años, en 2022, Qatar acogerá la Copa del Mundo de Fútbol, lo que debería aumentar el perfil internacional del Estado del Golfo. Y este caso de financiación del terrorismo amenazaba con atraer la atención internacional.

Para llevar el caso a los tribunales, se necesitan pruebas de que Qatar dio dinero a los terroristas de Al-Nusra. Alguien debe ser capaz de hacer la conexión. Y entonces un sirio da un paso adelante y dice exactamente lo que el equipo de Ocampo quiere oír.

Una lista secreta a la venta

En febrero de 2019, se sienta en primera fila en las oficinas de Amnistía Internacional en Ámsterdam. Vestido con un traje negro clásico con corbata rosa, Majed Al Saleh escucha una conferencia organizada por la Syria Legal Network, un grupo de abogados sirio que trabajan por la justicia internacional. Lourans Issa, el intérprete que está buscando víctimas para Ocampo, habla sobre el escenario sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Un tema sobre el que Al Saleh también tiene algo que decir.

“Dijo que era un coronel sirio y que tenía una lista de un millón de nombres de sirios desaparecidos”, explica Hussameddin Shehadeh, presidente de Syria Legal Network (Red Legal Siria). “Lo dijo bastante alto”. Shehadeh no se creyó la historia de Al Saleh. “En la guerra, la gente desaparecía de muchas maneras y de golpe, ¿por qué iba a tener una sola lista?”. Después de la reunión, Al Saleh llama a la junta directiva de la Syria Legal Network y dice que le han ofrecido dinero por la lista de nombres. ¿Qué quiere?, piensa Shehadeh, ¿vender su sospechosa lista? Lourans Issa está interesado en la historia de Majed Al Saleh y le informa sobre la demanda contra Qatar. Y entonces Al Saleh cuenta una historia increíble. Dice que no era un coronel cualquiera, sino que trabajaba para el servicio de inteligencia y, por tanto, tiene información sensible sobre los flujos de dinero de Qatar al grupo terrorista Al-Nusra. Dice incluso que ha participado en las negociaciones y que estaba al tanto de todo.

Issa le presenta entonces a Ocampo, que se convence de que el “ex oficial de inteligencia sirio” puede tener pruebas de “la transferencia de fondos al Frente Al-Nusra”. Al Saleh se convertirá en el testigo clave del caso contra Qatar.

Extractos bancarios dudosos

¿Qué hace un fiscal que ha actuado contra los mayores criminales del mundo después de jubilarse? “Ganar dinero”, tal y como le dice Ocampo al entonces jefe de la ONU, Ban KI Moon, en un correo electrónico al despedirse de la Corte Penal Internacional en 2012. El argentino comienza entonces a trabajar en Nueva York como abogado y consultor. En todo el mundo, hay clientes dispuestos a pagar generosamente por su asesoramiento y su red de contactos.

En 2017, correos electrónicos filtrados revelaron cómo operaba Ocampo. Por ejemplo, en una investigación sobre crímenes de guerra en Libia para llevar a sus responsables ante la justicia. Su investigación debería marcar el comienzo de la paz en Libia, dijo en una entrevista con CNN. “Sin justicia, habrá más represalias en Libia y más sangre”. Pero Ocampo es contratado para su trabajo por un multimillonario libio que es parte en el conflicto. Cuando el multimillonario corre el peligro de acabar en el punto de mira del Tribunal Penal, Ocampo intenta protegerlo.

El asunto parece ya olvidado. Cuando la Corte Penal celebra su vigésimo aniversario, en 2022, Ocampo se dirige a los asistentes al acto. Sus sucesores se sientan entre el público, al igual que los expresidentes del tribunal. Ocampo es recibido con aplausos. Jelle Postma también está deseando colaborar con Ocampo. Cuando el argentino le pidió a este antiguo empleado del servicio de inteligencia holandés en 2021 que creara una fundación para ayudar a las víctimas sirias a conseguir una indemnización, a Postma le pareció una buena idea, dice ahora: “Quería hacer algo por las víctimas del terrorismo”. Ocampo firmó una carta de intenciones y pagó el primer mes de alquiler de la oficina de la fundación de Ámsterdam. Pero Jelle Postma oyó hablar tan poco de las víctimas, que al cabo de un tiempo empezó a sospechar. “Tuvimos que pagar a las víctimas, pero en realidad no sabíamos nada sobre el caso”.

En los Países Bajos, la reclamación de daños y perjuicios no acaba de despegar. Poco después de su ofensiva mediática en 2018, Liesbeth Zegveld ya se había retirado del caso. “Desde entonces, he cortado todo contacto con Ocampo”, revela por correo electrónico. “El deber de confidencialidad de los abogados me impide dar más información”. El expediente pasa entonces de abogado en abogado. Ninguno de ellos lleva el caso a los tribunales porque creen que faltan pruebas, explican a NRC bajo condición de anonimato, obligados por su deber de confidencialidad. Según añaden, ni siqueira desde los Países Bajos pueden demandar a Qatar. Los países gozan de inmunidad.

En Londres, en cambio, unos abogados británicos ven una oportunidad. Allí se encuentra una sucursal del Doha Bank, vinculada a la familia real catarí, que podría ser demandada. Ocho refugiados sirios que solicitado asilo en los Países Bajos serán representados por un bufete internacional británico. Su caso se llevará en Londres. Pero para el financiador de la operación eso no es suficiente. También “facilita pruebas” para un caso en Estados Unidos a cambio de una “participación en los beneficios”, revelará más tarde el abogado de los sirios. No dice de qué caso se trata, pero casi simultáneamente en Estados Unidos se inicia un procedimiento contra otro banco catarí que supuestamente hizo un pago a un terrorista del Estado Islámico que decapitó a un periodista estadounidense en Siria.

Pero, según el banco, la declaración en la que se basan los abogados contiene errores ortográficos, el lugar desde el que se transfirió el dinero parece que no existe y falta el número IBAN, que ya era obligatorio entonces. Una falsificación, argumenta el banco. Los abogados retiran sus pruebas y abandonan el caso.

También aparece un extracto bancario en Londres. La defensa del banco catarí empieza a hablar de ello en una de las vistas: se trata de un supuesto recibo de una transferencia a sorprendentemente el mismo terrorista del Estado Islámico que protagoniza el caso fallido en EEUU. Sólo que, esta vez, al terrorista se le había pagado a través del Doha Bank. Pero los abogados de los sirios en Londres tienen más material entre las manos: el testimonio de Majed Al Saleh, quien afirma que dos empresarios qataríes financiaron actividades terroristas a través del banco. Debido a su explosiva declaración, incluso llega a ser amenazado. “Porque sé la verdad sobre su financiación y apoyo ideológico al Frente Al-Nusra en Siria”, informó al tribunal.

Portada

En un barrio obrero de Helmond, los vecinos ven de repente a un holandés muy conocido. "Es un tipo realmente agradable", le elogia uno de ellos. Se trata de Ray Klaassens, antiguo mercenario y famoso por aparecer como despiadado instructor jefe en el programa de televisión Kamp Van Koningsbrugge. Klaassens dijo a los residentes locales que se encarga de la seguridad del hombre que vive al final de la calle, Majed Al Saleh. Tiene cámaras de seguridad en la fachada de la casa. Al Saleh ha empezado a conducir recientemente un Mercedes. “Uno de esos grandes”, precisan los vecinos. No les les sorprende; les aseguró que era un coronel importante.

Al Saleh, coronel desertor, así es como se presenta en otros sitios. Al hacerlo, suele enseñar documentos importantes que supuestamente posee. A Ahmad Al Hosain, un profesor fugitivo de Damasco, Al Saleh le ofreció documentos del catastro sirio. “Le pregunté cómo los había conseguido”, cuenta Al Hosain por teléfono. “Porque, que yo sepa, un coronel tiene poco que ver con el registro de la propiedad. Luego me dijo que tenía un contacto en el ministerio en Siria". Al Hosain lo considera “una historia poco creíble”.

Al excomandante sirio Qassem Saadeddine Al Saleh le hizo una propuesta sorprendente. “Majed me envió un mensaje en el que decía que quería sacar a la luz archivos secretos”, explica Saadeddine, que luchó para el Ejército Libre Sirio. “El contenido iba a persuadir a Estados Unidos de atacar a Asad”. Cuando el excomandante viajó a Helmond para ver los archivos, resultó que no estaban allí. Al Saleh le dijo que le habían dado otro importante puesto: se había convertido en el asesor de comunicación de un conocido general desertor, Mohammed Haj Ali.

Haj Ali conoció a Al Saleh en una manifestación en Gemert, en la provincia holandesa de Brabante, donde reside. El antiguo general guarda una sensación extraña del encuentro. “Majed confundió los términos coronel y teniente. Una señal de que miente”, recuerda. Haj Ali también descubrió que Al Saleh se presentaba con diferentes apellidos. En su red del Ejército Libre Sirio, nadie conocía a Majed Al Saleh, asegura. El general rompió el contacto con él.

Un día, aparecieron unas furgonetas de mudanzas en la puerta de la casa de Al Saleh en Helmond. Se mudaba a una espaciosa villa blanca en Maarssen, situada cerca de un lago con 12 casas similares. Los vecinos apenas ven a Al Saleh, algunos ni siquiera saben qué aspecto tiene. Actualmente está montando un lujoso restaurante en el centro de Róterdam. Su socio, que no quiere que su nombre aparezca en los periódicos, está impresionado: Al Saleh lo paga todo de su bolsillo. El alquiler, la reforma. “Al principio, como refugiado, vivía de subsidios. Pero fue como si de repente hubiera abierto un grifo de dinero”.

Desde que Majed al Saleh se convirtió en testigo, miles de euros han sido transferidos a su cuenta, según documentos en posesión de NRC. El principal remitente de esos pagos es una pequeña y desconocida consultora de Ámsterdam-Zuid. El propietario de la agencia está dispuesto a reunirse con los periodistas, a condición de que su nombre no sea mencionado.

En una soleada mañana de febrero, llega a la hora acordada, entra en el restaurante de un centro de negocios de Ámsterdam-Zuid. “Todavía estoy en un chat”, dice el consultor. “Pídeme algo”. Cuando vuelve unos 15 minutos más tarde, deja el teléfono sobre la mesa frente a él y se queda con un auricular puesto. “Todavía tengo que seguir con esta llamada durante un tiempo”.

Dice que conoce a Ocampo de la Corte Penal. Hizo trabajos ocasionales para él. Así es cómo Ocampo llegó a él para pagar a Majed Al Saleh. El consultor redactó un contrato que establecía que Al Saleh se encargaría del “desarrollo de negocios” para él durante tres años en Líbano, Siria y Qatar: “Así es como lo vestí”. El contrato es principalmente una “tapadera”, admite el consultor, para pagar a Al Saleh por su “declaración para la demanda”. “No directamente, sino a través de intermediarios. Ése era mi cometido", continúa. El consultor y otro intermediario le pagan 17.000 euros al mes, según las cuentas a las que ha tenido acceso NCR. No se puede rastrear el origen del dinero, destaca el consultor: “Se transfiere sin que se pueda rastrear a nadie”.

“Quizá hubiera algo moralmente incorrecto en el caso”, reconoce. “Pero también he trabajado para el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman", se explaya, "¿es moral todo lo que hago? También conduzco un coche de gasolina”.

Al cabo de un tiempo, según el consultor, Al Saleh empezó a pedir más dinero. “No estaba satisfecho. Así que también le pagué el coche”. ¿El reluciente Mercedes? “Era de segunda mano, eso tampoco le gustó”.

Según Stuart Sime, profesor de la City St George's University de Londres, es obvio que no se debe pagar a los testigos para que declaren. “Sólo pueden recibir una asignación para gastos. Cualquier cosa más allá de eso puede afectar a la veracidad de su testimonio”, sostiene Sime.

Ocampo no respondió a las preguntas de la NRC sobre los pagos. En el juicio contra Qatar, en noviembre de 2024, sí habló de “pagos de seguridad” a Al Saleh, de los que él sería responsable.

“Algo así parece completamente erróneo”, dice Sime. “No hay autorización para pagar a un testigo a través de una estructura opaca. Esto suena más bien a 'te pagamos para que prestes la declaración que necesitamos”.

Si los pagos se hubieran interrumpido al cabo de de dos años, habría recibido medio millón de euros en cumplimiento de su contrato. El consultor no lo considera una “cantidad anormal”. “En el juicio, su declaración podría suponer decenas de millones”. El propósito de la demanda estaba claro para el consultor: “Obtener la mayor compensación posible”. 

El caso contra Qatar estaba diseñado para que no fueran las víctimas, sino el financiador anónimo, quien se beneficiaran más con la reclamación de daños y perjuicios. En un contrato que las víctimas tenían que firmar y al que ha podido acceder NRC, se establece que el financiador se llevará entre el 40% y el 45% de la indemnización final.

La tensión entre los intereses del financiador y los de las víctimas es común en este tipo de casos, revela Stefaan Voet, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Los financiadores de litigios hacen posible que se persigan casos de interés público. “Pero ya se trate de política climática, productos defectuosos o derechos humanos”, dice Voet, “al financiador le preocupa sobre todo una cosa: los beneficios. Es una industria multimillonaria”. A Voet eso no parece importarle. ”Un financiador de litigios asume el riesgo por completo y puede haber algo a cambio”, añade. Pero en las estructuras de financiación, advierte Voet, puede haber riesgo de abuso. En en ese caso, el patrón es: “El financiador crea un caso, recluta a víctimas y encarga el procedimiento a un abogado. La parte contraria se ve presionada y, temiendo por su reputación, estará tentada de poner dinero para cerrar el caso”. De esta forma, las víctimas son utizadas simplemente como llave de acceso a la sala del tribunal, para presionar a la otra parte a llegar a un acuerdo. “Y entonces parece más bien un chantaje”, concluye.

Para evitar estos abusos, Voet establece algunas normas básicas que deben cumplir los financiadores de litigios. “Para que al menos haya transparencia sobre la financiación”.

En el caso de Qatar, el financiador se esconde detrás de empresas interpuestas y terceros. Uno de los contratos al que ha tenido acceso NRC, establece que es Swiss Coleridge quien paga, pero no hay ninguna organización con ese nombre en Suiza. En otros contratos figuran como financiadores pequeñas empresas de Uruguay y del paraíso fiscal de islas Nevis, en el Caribe. Algo inadmisible, critica el profesor Voet, porque así no se puede comprobar qué intereses hay detrás de un caso. “En el de Qatar, por ejemplo, el financiador puede tener vínculos con un Estado rival”. Entre 2017 y 2021 Qatar se vio envuelto en una guerra diplomática con los países árabes vecinos, que se acusan mutuamente de connivencia con los terroristas. “Entonces infligir daños de imagen sería el verdadero objetivo”.

Qatar contraataca

En el otoño de 2022, Qatar tenía previsto albergar la Copa del Mundo de la FIFA. En Londres, el tribunal aún no había juzgado el fondo del caso. La nueva actuación de Ocampo se produjo en junio. Di el paso informando al Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo. Ocampo explicó que representaba a 17 víctimas. Pregunta al relator si la ONU puede exigir responsabilidades a Qatar. El relator contestó que lo estudiaría.

Cuando comenzó el campeonato el 20 de noviembre, voló hasta el emirato un invitado especial, Luis Moreno Ocampo. Había recibido la invitación de un representante catarí, justo después de acudir a la ONU. En Doha, Ocampo se reúne con abogados que trabajan para Qatar y con los que firmó un contrato. “Fui contratado por Qatar como mediador”, escribe Ocampo en un comunicado en respuesta a preguntas de NRC. Ocampo se compromete contractualmente a resolver todos los casos pendientes contra Qatar.

El contrato, según admitió Ocampo más tarde en su declaración en el juicio de Londres, incluye “pagos mensuales” para sí mismo. También contiene una “gratificación”, que se cobra si se resuelven los casos. Sobre las cantidades, Ocampo no quiso decir nada. Pero un abogado de su equipo sí lo hace: seis millones de dólares (más de 5,5 millones de euros). Lo que da a Ocampo un doble papel. Representa a las víctimas sirias, pero al mismo tiempo tiene un interés financiero personal en un acuerdo con Qatar.

Parece un claro caso de conflicto de interés, mantiene el profesor Stuart Sime. “Un representante no puede actuar para dos partes al mismo tiempo. Cualquier profesional sabe que no puede hacerse. Vayas por donde vayas, siempre perjudicas a una de las dos”.

Tras los acuerdos con Qatar, es imperativo que Ocampo actúe lo más rápidamente posible. Al regresar de su viaje, vuelve a contactar con el relator de la ONU sobre terrorismo. “Dijo que los problemas con el gobierno en cuestión se habían resuelto”, recuerda la entonces relatora Fionnuala Ní Aoláin. “Eso significaba que la denuncia fue eliminada de nuestro sistema de registro de información”, continúa. La ONU retiró la causa contra Qatar.

El testigo clave también se marchó. Al Saleh informó a los abogados de Londres que ya no participaría en el caso. Su testimonio, que de todos modos era deficiente, según dijo a sus abogados, ya no puede utilizarse como prueba. No especifica el motivo de su motivo de su marcha. Ante el tribunal, Ocampo sugirió que Al Saleh se había retirado por motivos económicos. Había oído que Al Saleh había ido a “negociar” con representantes de Qatar para “dar por terminado su testimonio en el proceso”.

Según los abogados del equipo sirio, Al Saleh sucumbió a una “campaña de intimidación”. Citaron ejemplos de supuestas amenazas contra Al Saleh. Con ello los abogados intentaron convencer al tribunal de que Qatar había interferido ilegalmente en el proceso judicial y, por tanto, debía pagar.

Si Al Saleh temía por su vida, su asesor de seguridad debería saberlo. Pero éste se presentó ante el tribunal de Londres con una explicación muy diferente. “No siguió ninguna instrucción de seguridad”, dijo Ray Klaassens por teléfono a NRC. El guardaespaldas comenzó a dudar del caso en plena misión. Una sensación que se reforzó cuando escuchó a Al Saleh hacer “una declaración falsa” a la policía sobre un teléfono supuestamente robado. “En un momento dado dije: estamos tratando con un chiflado. También se lo hice saber al juez en Londres”.

Manos vacías

En enero de 2023, cinco años después de que se abriera el caso, las víctimas sirias tienen más noticias. Reciben una invitación de una abogada del equipo de Ocampo y se reúnen en un hotel NH de Ámsterdam. Allí arranca una hoja de un bloc de notas con el logotipo de NH y dibuja cómo será el acuerdo con Qatar. Cada uno recibirá una parte. El financiador. El intermediario. Y las víctimas también, que deben firmar rápido, ahora, inmediatamente, un documento que la abogada trae consigo.

El empresario sirio mira preocupado a su hijo, que habla mucho mejor inglés que él. ¿Lo ha entendido bien? ¿Seguro que esto era lo prometido? Porque recibe una oferta que es sólo una fraccion de los millones que le habían prometido. El empresario piensa en Lourans Issa, que le había advertido de antemano de que podía ser un acuerdo mísero. Así que el empresario, como algunos otros sirios, se negó a firmar.

Lourans Issa hizo a las víctimas una oferta alternativa, cuentan a NRC. “Me dijo: dadme vuestras firmas y me aseguraré de que recibáis vuestros millones”, detalla el empresario sirio. Pero hay una condición: tienen que retirar la demanda contra Qatar.

Los sirios de la provincia holandesa de Drente también recibieron una visita. El 26 de febrero de 2023, Lourans Issa camina con las manos en los bolsillos de sus vaqueros hasta la puerta principal de una vivienda social donde se han reunido cuatro víctimas. Toca el timbre, mira un momento por encima de sus gafas directamente a la cámara del portal. “Pensamos que podría ayudarnos», dice una de las víctimas: “Lourans nos prometió más de dos millones de euros por persona”.

Lourans les aconsejó que fueran rápidos, explican ahora los sirios, porque sus nombres ya se habían filtrado a Qatar. Así que firmaron, al igual que el empresario y el hombre de Zoetermeer. Momentos después, su abogado en Londres recibe una carta de dimisión.

Pero, ¿dónde está el dinero?

Unas semanas después, las víctimas llaman a Issa. “Me dijo: 'Estoy ocupado, no tengo tiempo para ti”, cuenta uno de los sirios de Drente. Cuando meses después seguían sin recibir el dinero, empezaron a darse cuenta. “Issa nos ha estafado”, protesta el empresario sirio. “Él mismo hizo un trato con Qatar y se aseguró de que abandonáramos el caso”.

En 2024, las víctimas enviaron por correo una petición colectiva de ayuda a a su antiguo abogado. En el correo, que se leyó en el tribunal de Londres, escriben que han sido engañados. Explican que cancelaron sus procedimientos por consejo de Issa, porque él les dijo que era necesario para llegar a un acuerdo. “Pero el resultado es muy decepcionante. Seguimos sin tener noticias suyas”.

Issa cuenta a los sirios que tiene cáncer. Ya no contesta al teléfono.

Mientras, Ocampo sigue negociando con Qatar. El estado de esas conversaciones no está claro, ya que se llevan a cabo al margen de los procedimientos judiciales. Ocampo y un abogado, según sus propias declaraciones, dicen que están ofreciendo a Qatar retirar las demandas del financiador a cambio de decenas de millones. Según Ocampo, no se llegará a ningún acuerdo pero la demanda quedará fuera de la discusión. El financiador se retiró en 2024, explica uno de los abogados del caso. El juez cerró el caso. Las víctimas sirias se quedaron sin indemnización.

“Ocampo jugó con nosotros”, acusa una mujer joven con velo sentada en el sofá de un salón de Drente junto a su cuñado, que también es uno de los demandantes en el proceso. “Él sólo ha utilizado nuestras historias en beneficio propio”. El caso le devolvió el trauma a la mujer, que era todavía una adolescente cuando Al-Nusra la secuestró. Desde entonces se despierta con pesadillas “dos o tres veces” a la semana: “Estoy reviviendo la historia”.

Jelle Postma, que debía pagar a los sirios, confirmó que su fundación nunca desembolsó dinero: “El suspendió el dispositivo de seguridad, se retiró el dinero y se cortaron todas las líneas telefónicas. Ocampo dejó a las víctimas con las manos vacías”.

El cerebro

En febrero de 2025, Lourans Issa espera detrás de un gasolinera en un polígono industrial del distrito Bijlmer de Ámsterdam. Pantalones de chándal, el pelo gris peinado hacia atrás. Hace frío, pero Issa quiere pasear. “Necesito fumar”. Está curado. El tumor ha desaparecido sin tratamiento, según los médicos. “Lo llaman un milagro médico”, asegura.

Apenas puede decir nada sobre el caso. “Acuerdos de confidencialidad”. Pero Issa dice que está decepcionado. “Esto empezó como un caso de derechos humanos”, explica. “Y se convirtió en un negocio en el que sólo se trataba de dinero”.

Lourans Issa se echa a reír cuando escucha que las víctimas le acusan de haber sido sobornado por Qatar. “Que lo lo demuestren”. Nada es cierto, dice. Sobre sus contactos con Qatar no quiere hablar en el polígono industrial de Bijlmer. Pero antes, por teléfono, fue más sincero. Que contactase con Qatar como intérprete, lo calificó por teléfono de “normal”. “Todos estábamos en contacto con Qatar. Los abogados estaban en contacto con Qatar, Ocampo estaba en contacto con Qatar, Majed estaba en contacto con Qatar”, enumeró Issa. “Y ahora soy el chico malo que hizo que todo estallara”.

El exfiscal Moreno Ocampo cobró de Qatar para frenar una demanda de refugiados sirios contra el emirato

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“¡Milord!”, resuena en la lujosa sala del tribunal londinense con paredes recubiertas de roble la mañana del 3 de febrero de 2025. Caros abogados británicos se enfrentan en el Tribunal Real de Justicia en el “caso terrorista de Qatar”, como lo ha bautizado la prensa británica. Han acudido al tribunal en equipos y con carpetas llenas de pruebas.

En la sala se discute quién debe pagar los costes del demanda fallida. Los abogados de los sirios dicen que Qatar ha frustrado el caso, pero los abogados del banco argumentan en sentido contrario. Dicen que el equipo de abogados de lo sirios se equivocó. Llegaron con un testigo clave “poco fiable”, asegura la abogada del banco, que repite su nombre: Majed Al Saleh. También llama a Ocampo el “cerebro” detrás de los procedimientos y advierte de que “todavía tiene muchas preguntas que responder, pero no lo hace”.

A finales de febrero, el juez dictaminó que el equipo legal de las víctimas debía pagar por costas varios millones de dólares. Majed Al Saleh no compareció ante el tribunal de Londres. Tampoco parece sentirse a gusto en el barrio obrero de Helmond donde mantiene su vivienda de alquiler. “Hola”, suena una voz desde el portero automático con vídeo digital. “¡Estoy en el extranjero!”. Sobre el caso judicial, no quiere responder a más preguntas. “¿El problema con Qatar? Eso ya se ha resuelto”.