El mito del "ahorro" de dinero público con la concertada encubre un sistema que favorece la desigualdad

Lo repite sin cesar la Conferencia Episcopal Española (CEE). Lo amplifican los medios de comunicación y grupos de presión afines a las posiciones de la jerarquía católica. Y ha terminando comprando la idea el PP. ¿Qué idea? Que la educación concertada, católica en más de un 60%, erigida en el gran espacio de poder e influencia de la Iglesia católica ante la secularización social, supone de rebote un ahorro milmillonario a las arcas del Estado. Esta propaganda circula sin descanso a pesar de que la educación concertada, que consume más recursos públicos cada año desde 2014, rompió su techo de financiación estatal en 2017 con 6.179,44 millones dedicados a su funcionamiento, pese a que el gasto público educativo sigue por debajo de los niveles precrisis. Los defensores de esta idea –que el gasto en financiar colegios privados con dinero público, lejos de suponer una merma de los recursos dedicados a la educación pública, supone un ahorro para la misma– afinan cada año su argumentario y varían la cifra del supuesto ahorro, que se mueve entre 2.500 y 5.000 millones. Pero, mirados con lupa, estos datos no sólo no ofrecen una imagen fiel de la relación entre la educación pública y la concertada, sino que la distorsionan, al ignorar factores clave como el entorno social de los centros y los gastos que se ven obligadas a hacer las familias, a su vez causantes de desigualdad.

"La concertada", señala el sociólogo Xavier Bonal, "genera mayor segregación" y "la segregación tiene elevados costes a medio y largo plazo". "Así que un cálculo bien hecho es posible que demuestre que los costes sean mayores que los beneficios", añade. Ese cálculo no existe. Lo que sí existe, en cambio, es una torrencial emisión en sentido opuesto, que se produce en un contexto de creciente protagonismo en el sistema público de la concertada, favorecida a su vez por la Lomce.

Miles de millones

La Iglesia católica, una organización ramificada en miles de terminales, depende del Estado para su supervivencia. Su estructura y actividad no podrían sostenerse sin la asignación vía IRPF para pagar los sueldos de curas y obispos, las exenciones fiscales, la opacidad de sus cuentas, los conciertos educativos y sanitarios, los sueldos de los capellanes carcelarios y hospitalarios, las subvenciones a sus múltiples organizaciones... Ante esta situación, que podría considerarse una vulneración de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979, la jerarquía católica ha optado por un discurso según el cual la Iglesia devuelve al Estado más de lo que recibe. "Cada euro que se invierte en la Iglesia redunda casi cinco veces en la sociedad", ha llegado a afirmar el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, que cita por ejemplo la atracción que ejerce el patrimonio eclesial para el turismo, principal sector económico español.

Donde más énfasis pone la Iglesia es en el impacto favorable de la educación concertada no ya en la economía, sino también en el propio Estado. Según la última memoria de la CEE, correspondiente al año 2017, la educación privada católica financiada con fondos públicos –en la que se cuenta, por ejemplo, la que forma por separado a niños y niñas– supuso aquel año un ahorro a las arcas públicas de 3.324 millones de euros de fondos públicos. Los números bailan de un año para otro. En 2016, el supuesto ahorro era de 2.559 millones; en 2015, de 2.563 millones; en 2014, de 2.692 millones. El año en que se ofreció una cifra más alta de la serie de memorias de la CEE, que empieza en 2007, fue 2008, cuando el ahorro anunciado fue de 4.148 millones de euros.

La CEE ha usado frecuentemente este argumento –el supuesto ahorro de dinero público gracias a la concertada– en su campaña para convencer a los contribuyentes de que marquen la equis de la Iglesia en la declaración de la renta [ver aquí y aquí]. Y ello a pesar de que la equis católica en el IRPF no tiene nada que ver con la financiación pública de la concertada, ya que esta se paga con dinero salido de los presupuestos anuales de las autonomías, no de la recaudación por las declaraciones de la renta. Obvia por completo la CEE que la educación concertada no es sólo un "servicio" a la sociedad, sino un negocio creciente que sería imposible sin los 4.866 millones anuales que reciben los centros concertados católicos, como publicó Eldiario.es a partir de un informe de DBK.

La elaboración del dato

El uso que la CEE y los grupos favorables a los intereses de la Iglesia hacen de las cifras de este supuesto ahorro es, como mínimo, problemático. Circulan al mismo tiempo datos muy dispares, incompatibles entre sí. Escuelas Católicas, que reúne alrededor de 2.000 de los cerca de 2.500 centros católicos, una organización que actúa como interlocutora clave en el ámbito educativo, ha llegado a afirmar que el ahorro asciende a más de 5.000 millones de euros, una cifra que circula alegremente en múltiples medios pero que en realidad no se alcanza ni siquiera si se contabilizara toda la escuela concertada, incluida la no católica.

infoLibre preguntó a la CEE de dónde sale el dato de los 3.324 millones de euros de fondos públicos ahorrados gracias a la escuela concertada. "La cifra se calcula sabiendo cuánto dedica el Estado a educación, a cada plaza en un colegio público, y comparándolo con cuánto da a los centros concertados por cada plaza", explica la CEE, que para el detalle remite a Escuelas Católicas, que se encarga de la elaboración de la cifra. El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, explica que el resultado se obtiene a partir de los datos oficiales de gasto público y número de alumnos.

Por ejemplo, los 3.324 millones de euros de fondos públicos ahorrados en 2017 se alcanzan dividiendo la inversión en concertada entre el número de sus alumnos, por un lado, y la inversión en la red pública entre el número de sus alumnos, por otro. En efecto, los resultados son diferentes: 5.215 euros por alumno para la red pública-pública y 2.960 euros para la concertada. Luego se hace la diferencia, 2.255, y se multiplica por el número de alumnos de la concertada católica, algo más de 1,47 millones según Escuelas Católicas. Comprobado paso a paso y descontando posibles desajustes por los decimales tenidos en cuenta, el resultado coincide con el elaborado por Escuelas Católicas, que sí tiene en el debe el haber difundido la cifra de 5.000 millones en 2018, cuando esta no se ha alcanzado jamás, ni siquiera con su forma de hacer las cuentas.

Excusa para la segregación

Al margen de multimillonarios redondeos al alza, el dato bruto del supuesto ahorro de la concertada carece por sí mismo de valor desde el punto de vista del análisis de la realidad educativa. En primer lugar, hay cuestiones metodológicas, como la imputación al gasto en la red pública de las becas. Y además se ignoran importantes factores. Xavier Bonal, profesor del departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, alerta de los riesgos de confundir "coste y gasto". "Es cierto que la concertada es menos costosa que la pública, pero hay que tener en cuenta que la escuela pública abre centros donde la privada nunca los abriría, en zonas rurales, por ejemplo".

Bonal añade: "A muchos colegios concertados la dotación insuficiente del concierto les sirve de excusa para cobrar cuotas implícitas, lo que actúa como mecanismo de selección y de segregación escolar".

He aquí el círculo vicioso. Los centros concertados, mediante su ubicación selectiva y sus cobros, se quedan con un alumnado de familias con mayor capacidad económica. El hecho de que los conciertos no cubran todas las necesidades de los concertados provoca que sean más baratos para el Estado en términos brutos, sí; pero, al mismo tiempo, más caros para las familias. Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en 2017 concluyó que casi todos los colegios concertados –nada menos que un 91%– cobran cuotas por la educación obligatoria pese a que, al estar financiados con fondos públicos, no deberían hacerlo por ley. "Una enseñanza privada, si es privada, puede formular sus cuotas como mejor parezca a los padres y a los profesores del centro. Lo que no es admisible es que una enseñanza concertada pase cobros altos, altísimos, a las familias", afirmó en octubre del año la ministra de Educación, Isabel Celaá (PSOE), dando oficialidad a una anormalidad normalizada que es vox populi pero.

Más costes familiares en la concertada

El estudio Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados, firmado en 2014 por Jesús Rogero-García y Mario Andrés Candelas, señala que, en términos brutos, un alumno de la escuela pública le cuesta al Estado 5.348 euros, mientras otro de la concertada supone 2.670 (un 49,9%). Ahora bien, el reverso de la ecuación es distinto: las familias gastan en la pública 472 euros y en la privada 1.222 (258%). Es el "mecanismo de segregación" del que habla Bonal.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha detectado cómo se va abriendo esta brecha en cuotas, matrículas, actividades extraescolares, comedor, desayunos, uniformes, libros, materiales, asociaciones de padres, aportaciones a las fundaciones de los centros... La laxitud legal favorece que apenas se penalicen los cobros irregulares, como desveló infoLibre en 2018 [ver aquí el artículo].

Más alumnado desfavorecido en la pública

Es la pescadilla que se muerde la cola. La escuela pública, por su ubicación y sus menores gastos para las familias, acaba asumiendo el grueso de los alumnos de familias más desfavorecidas socioeconómicamente. No hay que olvidar –lo saben los sociólogos desde Pierre Bordieu, 1930-2002– que la escuela es en buena medida reproductora de desigualdades sociales previas, no correctora.

El fenómeno tiene escala en las autonomías. Las diferencias entre comunidades en los resultados PISA tienen más que ver con las disparidades socioeconómicas que con la calidad de los sistemas educativos, lo que no significa que deba desdeñarse la importancia de estos. Esta misma semana la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) han lanzado un estudio que acredita cómo en la educación pública hasta un tercio del alumnado proviene del sector más desfavorecido, mientras el porcentaje se queda sólo en un 8% en la privada (concertada y privada-privada).

Un pacto no escrito

Con todos estos datos sobre la mesa, ¿la idea de que la concertada ahorra dinero al Estado supone una distorsión del debate sobre la concertada? "Completamente", responde Xavier Bonal, autor del reciente informe Equivalencia territorial en la planificación educativa: diagnóstico y propuestas, donde pone de relieve cómo en la ciudad de Barcelona existen notables diferencias en la captación de dinero de las familias incluso entre colegios públicos, dependiendo del nivel económico del barrio. Porque la clave es el nivel socioeconómico. Bonal explica: "La concertada ahorra dinero al Estado en buena medida porque educa a los niños menos 'costosos'. Insisto en que es cierto que [la concertada] está infrafinanciada (menos de lo que ellos dicen), pero en España ha existido un pacto no escrito entre Estado y escuela concertada: 'Yo te doy menos y miro hacia otro lado si seleccionas alumnado o cobras cuotas'. Esto es pura hipocresía por ambas partes".

"Desde el punto de vista del gasto público –añade Bonal– es también discutible que la concertada suponga ahorro a largo plazo. En la medida en que genera mayor segregación, la segregación tiene elevados costes a medio y largo plazo. Así que un cálculo bien hecho es posible que demuestre que los costes sean mayores que los beneficios".

Causa-efecto

"La cantinela de que la concertada es más barata deja fuera los costes para las familias, que provocan mucha desigualdad", señala Enrique Díaz, que coordinó en 2014 el informe El coste de la plaza escolar en la pública y la concertada, del Observatorio por la Educación Pública de Izquierda Unida, un intento de desmentido de los datos que pone anualmente sobre la mesa la CEE. El informe señala que para asegurar el derecho universal a la educación en igualdad, la pública da cobertura a todas las zonas geográficas, por ejemplo, áreas rurales dispersas, de nulo interés para un promotor de la concertada. Ello tiene una traslación en la ratio de alumnos por aula y de docentes por grupo, variables de importancia para calcular el coste medio por plaza. Además el salario de los docentes en la pública es mayor, y también es mayor el coste en educación especial y compensatoria, programas de diversificación, necesidades especiales... "Uno de los requisitos de estos programas es su reducido número de escolares por grupo (máximo 15), lo que encarece esta modalidad educativa, pero su 'rentabilidad' social ha quedado más que probada [...]", señala el informe.

El riesgo de fracaso escolar o incluso de delincuencia siempre será menor en los alumnos de las zonas con mayor renta, porque gozan de mejores herramientas para capear esas amenazas. No obstante, la CEE le da con frecuencia la vuelta a la relación causa-efecto, defendiendo que es la asistencia a la escuela concertada la que "mejora la salud" y "reduce la criminalidad". Giménez Barriocanal, portavoz económico de la Iglesia, lo ha explicados en estos términos: "Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar. [...] Los valores que se explican en los colegios, y los valores evangélicos, construyen una sociedad más justa, más solidaria".

Falta de datos

Un déficit a la hora de encarar el debate es la inexistencia de información sistematizada y homogénea para obtener una visión de conjunto sobre la ubicación de los colegios concertados en toda España y la renta de los barrios donde se sitúan. El Ministerio de Educación, que es un constante proveedor de información estadística fundamental para los investigadores, carece aún de este estudio. Educación, a preguntas de este periódico, tampoco valora los datos del supuesto ahorro al Estado gracias a la concertada. "Los datos facilitados por las organizaciones no son homogéneos y, por tanto, no se pueden sacar conclusiones de ellos", señalan fuentes del Ministerio de Educación y FP.

A pesar de las múltiples limitaciones que para la comprensión y planificación de la educación tiene la cuenta del "ahorro de la concertada", el PP ha comprado esta idea. Es más, en su programa marco para las elecciones autonómicas y municipales está recogida la elaboración de un "informe sobre el coste de la plaza escolar" en función del cual actúan los módulos de concertación.

El reto de la eficiencia

El catedrático de Sociología Mariano Fernández Enguita propone sacar la discusión de los márgenes habituales. A su juicio, el enfoque de que la concertada debería incurrir en todos los gastos en que ya incurre la pública para así igualarlas es erróneo. Sin negar los condicionantes sociales, ni los cobros "encubiertos", ni el hecho de que la concertada "no va a estar en las aldeas pequeñitas", Fernández Enguita anima a una reflexión: "La escuela tiene que lograr ser más productiva". Se refiere a productiva en términos de aprendizaje. Y ahí cree que la concertada "se está adaptando mejor a la innovación y a la digitalización". "Se ha creado un falso problema. Ahora mismo tenemos dos tercios de pública y un tercio de concertada, y eso va a seguir así. La discusión eterna de que como la concertada cuesta menos hay que bajarle la ratio, para que sea como la pública, no tiene sentido", señala.

En su artículo Cuentas y cuentos: el gasto por alumno, Fernández Enguita señala que "en la privada las familias realizan, bajo diversas figuras, pagos sustanciosos, aunque resulta difícil determinar si con ello adquieren un plus del tipo que sea, enseñanzas, servicios… o simplemente compensan a las empresas por la ajustada dimensión de las subvenciones públicas". A ello añade que también "es sabido que el gasto público por alumno es muy superior en la pública que en la privada, lo que unos ven como índice de mayor calidad y otros como indicio de ineficiencia". A juicio de Fernández Enguita, "cabría emular la gestión privada para ofrecer los mismos resultados en la pública".

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Escuelas Católicas

José María Alvira, de Escuelas Católicas, le da la vuelta al enfoque de la cuestión. A su juicio, no se puede culpar a la concertada de generar desigualdad mediante los cobros, sino que es el Estado el que debería incrementar sus aportaciones. "Si el Estado pagara a los centros concertados lo que en efecto gastan, estaríamos hablando de otro panorama. Ahora mismo, en términos generales, las partidas de dinero público para conceptos como mantenimiento y suministros en los conciertos son totalmente insuficientes. Se produce un déficit que tiene que afrontar la entidad titular", señala Alvira, que recalca que los centros tienen poco margen para generar ingresos al margen de las aportaciones de las familias. El alquiler de instalaciones, y poco más. De modo que, explica Alvira, lo que se hace es pedir a los padres aportaciones "voluntarias". "La familia que no quiere o no puede pagarlo no pasa nada", asegura el secretario general de Escuelas Católicas. Lo cierto es que, sin estas aportaciones, el sistema de conciertos no se sostendría. Hay que tener en cuenta que las entidades titulares de los centros, por ejemplo una congregación religiosa o una fundación, cubren con las aportaciones recabadas en un centro posibles déficit en otro de su misma red. Es decir, son ingresos fundamentales para su economía general.

El secretario general de Escuelas Católicas asegura que el 10% de sus colegios está en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, un porcentaje que sólo ha bajado un punto desde 1998. "Nosotros no es que no estemos presentes en el medio rural, si hemos tenido que salir en algún caso no es por propia voluntad, sino porque hay menos natalidad", señala Alvira, que subraya que no todos los centros concertados están en zonas acomodadas, y que los hay en barrios como La Chanca, en Almería.