Las multas por el alquiler de pisos a turistas alcanzarán en Palma los 400.000 euros

Las sanciones por alquilar pisos a turistas en Palma de Mallorca si el Ayuntamiento cumple su previsión de establecer la prohibición de esta actividad a partir del mes de julio oscilarán entre 20.001 y 40.000 euros para los particulares y entre 40.001 y 400.000 para las plataformas tipo Airbnb o HomeAway, explica a infoLibre el Departamento de Turismo del Govern de Baleares, en atención al régimen disciplinario para las faltas de gravedad establecido en la reforma legal de 2017.

El Gobierno local de Palma (PSB-PSOE, MÉS y Som Palma) llevará este jueves al pleno la primera prohibición en toda España de alquilar pisos a turistas en edificios, la medida más taxativa adoptada contra el boom del alquiler turístico, considerado causante de una drástica subida de precios del arrendamiento en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Colectivos como Terra Ferida, crucial para el impulso de esta medida junto a las asociaciones vecinales de Palma, alertan de que la eficacia de la misma dependerá de que el Govern que lidera la socialista Francina Armengol realice una labor contundente de inspección.

La reforma de la ley autonómica de turismo de Baleares de 2017 habilita tanto a los consejos insulares como al Ayuntamiento de Palma a establecer en qué zonas se permite y en cuáles no el alquiler turístico. Es la única ley autonómica que lo autoriza, lo cual ha dado vía libre al alcalde de Palma, Antoni Noguera (MÉS), llegar donde no han podido llegar Manuela Carmena en Madrid ni Ada Colau en Barcelona. La capital balear ha tomado la delantera, impulsando la declaración de toda la ciudad como libre de alquiler turístico salvo en las viviendas unifamiliares, donde se permitirá a no ser que estén en suelo rústico protegido, en la zona acústicamente contaminada próxima al aeropuerto y en los polígonos industriales. El motivo del tratamiento diferente de pisos y unifamiliares es que el fenómeno que se quiere atacar, la subida del alquiler, se concentra en el núcleo urbano, donde los primeros son clara mayoría. Tanto los problemas de convivencia como el incremento en los precios, los dos principales problemas, se agudizan en edificios plurifamiliares en el entorno urbano, explica el Ayuntamiento. Las viviendas unifamiliares suman 23.000 de las 180.000 en la ciudad.

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La medida parte de una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, con el apoyo de colectivos como Ciutat per a qui l'habita, aprobada por el pleno en julio de 2017, a raíz de la cual el Ayuntamiento recabó varios datos en los que basa su propuesta. Con 406.492 habitantes, en Palma hay una oferta de 20.000 plazas turísticas "no regladas", lo cual ha supuesto un incremento del 50% desde 2015. Sólo en la plataforma de Airbnb hay 2.972 entradas, asegura el Consistorio, que establece una relación causa-efecto entre esta oferta masiva y la subida del alquiler. El incremento del precio ha sido drástico: un 40% por ciento de subida desde el 2013". Un alquiler de 750 euros en 2013 estaría ahora en 1.250, aplicando esta media.

Además de los colectivos vecinales, ha sido clave en el impulso de la medida la reivindicación permanente del colectivo ecologista Terra Ferida, que ha situado los costes ambientales del boom turístico en Baleares en el punto de mira. El crecimiento del turismo y del fenómeno Airbnb ha ocasionado diversos problemas en las islas, explica Joaquín Valdivieso, miembro de dicho colectivo, que cita una mayor "presión ambiental", con "restricciones de agua e infraestructuras colapsadas". "La temporada alta cada vez es mayor, ya dura ocho o nueve meses, con una presión excesiva", señala. En el ámbito urbano se está produciendo una "hotelización de la vivienda residencial"hotelización, con un "encarecimiento del alquiler" a un ritmo del 10% anual. "Aunque la situación es más grave en Ibiza, en Palma se está produciendo un desplazamiento de población de clase media que no puede pagar alquileres de cuatro cifras y se va a la periferia", señala.

Es lo que se llama turistización o gentrificación, que apareja una desnaturalización de los entornos urbanos y una merma del comercio tradicional. Macià Blázquez, miembro del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio de la Universitat de Illes Balears, cree que las fuerzas políticas progresistas y nacionalistas con mayoría en la ciudad de Palma, la isla de Mallorca y el archipiélago balear han estado hasta ahora tibias en las medidas para garantizar un modelo sostenible de turismo. Y es escéptico sobre el alcance de la propuesta del Gobierno de Palma. No por la medida en sí, que considera bien orientada, sino porque a un año de las elecciones locales, y con la necesidad de abrir ahora un proceso de tramitación que incluye un periodo de exposición pública, todavía estamos lejos de ver en marcha una medida que requerirá recursos inspectores eficaces. PP y Ciudadanos han avanzado su rechazo a la medida.