Una tasa covidtasa covid para los mayores que hayan sobrevivido a la pandemia impuesta de forma unilateral por la dirección de la residencia. Esa es la increíble idea que ha tenido Colisée, una de las principales multinacionales del sector, que gestiona en España 50 geriátricos. Así consta en una carta que firma el director general de la compañía, Gerard Sanfeliu, a la que ha tenido acceso infoLibre.
"Con el objetivo de impulsar las medidas extra de seguridad para los centros, en la próxima factura incluiremos una aportación adicional de carácter temporal de 85 euros mensuales. Se trata de una aportación discrecional que se aplicará hasta diciembre de 2020", escribe Sanfeliu en la misiva, que ya han empezado a entregar a las personas que viven en sus residencias. El directivo añade: "La dirección de cada centro está a su disposición para concretar el detalle de esta medida y resolver las dudas que les puedan surgir durante este tiempo, así como para informarles puntualmente de todas las iniciativas que se irán implementando con este fin".
Una medida que ha indignado a familiares de los mayores, que después de meses sin poder visitarlos, lo primero que se han encontrado es que habían recibido esa carta imponiéndoles a las bravas esa contribución económica. Uno de ellos es Iker González, que tiene a su tío en la residencia de Colisée en la localidad de Macotera (Salamanca): "La semana pasada autorizaron de nuevo la visita a los familiares. Yo fui el viernes. Mi tío, que tiene una pensión de 1.000 euros escasos que van íntegros a pagar la residencia, lo primero que me dice es que le han dado esa carta. Y que está en contra, que él no entiende por qué tiene que pagar ese dinero", explica Iker González en conversación telefónica con infoLibre. Sobre el caso concreto de esta residencia informó la prensa local en los últimos días (Salamanca 24 horas y La Gaceta de Salamanca).
El grupo Colisée es el cuarto más importante de España. Gestiona una red de 50 geriátricos y más de 5.900 camas. Los centros están repartidos por siete comunidades, aunque su negocio está muy concentrado en tres: Comunidad Valenciana, donde tiene 25 residencias; Castilla y León, donde cuenta con 11, y Cataluña, donde gestiona nueve. Los otros cinco se reparten por País Vasco (2), Asturias, Illes Balears y Murcia. Casi la mitad de sus centros operan bajo la marca comercial La Saleta Care.
La matriz en España se denomina Colisée Homecare SL y su accionista único es la mercantil francesa Colisée International SAS. Esta última está a su vez controlada por un fondo de inversión, denominado IK Investment y que opera desde la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco en el Canal de la Mancha. Además de en España, Colisée tiene residencias en Francia, Italia, Bélgica y China.
Una medida de dudosa legalidad
En su misiva, el director general de Colisée en España asegura que desde el inicio de la pandemia implementaron "medidas de prevención y seguridad" en los centros del grupo. "Esta situación ha supuesto horas extra de nuestros profesionales, nuevas incorporaciones, compra de material de protección y otras medidas urgentes y necesarias para proteger a nuestros residentes y a los profesionales que trabajan con nosotros", sostiene Sanfeliu en la carta.
Con su tasa covid obligatoria y unilateral, Colisée en España podría embolsarse más de tres millones de euros, en caso de que la mayoría de los residentes aceptasen pagar esa contribución hasta final de año. Una cuestión que está por ver, ya que los mayores que viven en residencias podrían alegar que esa especie de impuesto postpandemia no figura en las cláusulas del contrato que regula su estancia en el centro. Por no hablar de una posible intervención de las autoridades. El Ministerio de Consumo ya advirtió recientemente que consideraba "ilegal" que los comercios y bares impusieran un cargo extra por las medidas de higiene. El departamento que dirige Alberto Garzón envió una nota informativa a las comunidades autónomas, explicando que la inclusión de gastos de desinfección, prevención y acondicionamiento de forma desglosada en una factura podría ser considerada como una cláusula abusiva. Una práctica que podría ser sancionable.
A primera hora de la tarde del lunes, infoLibre contactó con Colisée para preguntar una serie de cuestiones sobre la imposición de la tasa covid en sus residencias, entre ellas cuál es la normativa legal o la cláusula contractual en la que se basan para cobrar ese dinero a las personas que viven en sus centros. En el momento de publicar esta información, Colisée seguía sin contestar a las preguntas planteadas.
"En contra de aportaciones para un fondo de inversión"
Iker González, el joven que tiene a su tío en la residencia de Colisée en el pequeño municipio salmantino de Macotera, es uno de los que no piensa quedarse cruzado de brazos. Este mismo lunes, aprovechando que el titular de la residencia es el Ayuntamiento mientras que Colisée se encarga de su gestión, Iker escribió al alcalde para informarle de los hechos y pedirle ayuda.
Tras explicar el contenido de la carta de Gerard Sanfeliu, destaca que Colisée en ningún momento "ha facilitado facturas ni tampoco información detallada sobre los gastos concretos" que dice haber soportado en Macotera. "Es importante recordar que el Grupo Colisée es una compañía francesa que está controlada en la actualidad, según la reciente información publicada por infoLibre, por el fondo de inversión IK Investment desde la isla de Jersey, después de que se la vendiera por 236 millones de euros el fondo Eurazeo PME", destaca Iker González en su escrito al alcalde, Antonio Méndez Ayuso (PSOE).
"Estamos en contra de realizar aportaciones destinadas a un fondo de inversión, sin que nos hayan aclarado ni los costes extraordinarios que han soportado ni tampoco el destino concreto del dinero, si redundará en beneficio de Macotera o, muy diferente, servirá para aumentar los beneficios del fondo de inversión extranjero", advierte.
También aprovecha para aclarar que los familiares valoran "muy positivamente el trabajo realizado por los trabajadores en la residencia", de manera que solicitan "que pueda organizarse en el pueblo una recogida de fondos en su beneficio, de manera que el dinero se quede en Macotera".
Otra familiar de un residente, que prefiere no identificarse, también se muestra indignada con la decisión de imponerles esa tasa. “No entiendo además en qué se supone que han gastado el dinero. El material de protección, mascarillas y geles, se lo dio a la residencia la Junta y el Ayuntamiento. La desinfección la hicieron los bomberos y la UME. Y personal no contrataron”.
Colisée, tras publicarse la noticia: es una aportación "voluntaria"
Tras publicarse la noticia en infoLibre, una portavoz de la compañía indicó lo siguiente a este periódico: "Desde Grupo Colisée enviamos hace unos días una carta informativa solicitando a las familias, de manera voluntaria y temporal, una aportación económica con el objetivo de hacer frente a la situación para la que ya hemos invertido más de tres millones de euros. El texto se envió a las familias días antes de que se efectuara su tramitación".
Una residencia comunicó que las "autoridades sanitarias" prohibían el traslado a hospitales ya antes del Protocolo del Gobierno Ayuso
Ver más
En realidad, la palabra "voluntaria" no aparece por ningún lado en la carta del director general de Colisée, que se reproduce de forma íntegra al final de este texto. Lo que figura es lo siguiente: "[...] en la próxima factura incluiremos una aportación adicional de carácter temporal de 85 euros", lo que no es precisamente una forma de anunciar en castellano que algo es "voluntario". En todo caso, más allá del contenido de la carta, la portavoz de Colisée insistió en su mensaje para los residentes: si no quieren pagar, no tendrán que hacerlo.
Tampoco es correcto que el texto se enviara "a las familias", al menos en el caso de aquellas personas con las que habló infoLibre. De hecho, una de sus quejas era que la carta se la habían entregado a los propios residentes, personas muchas veces de edad muy avanzada y que se quedaron "nerviosos y preocupados" al leer la exigencia de contribución económica.