La multinacional de la mina Cobre Las Cruces contaminó un acuífero andaluz y lo negó durante años

"Acepto". La voz de la directora de Medio Ambiente de Cobre Las Cruces, Paz Cosmen, sonó débil, pero el mensaje era inconfundible. Aceptaba los hechos, aceptaba la sentencia, aceptaba la pena. También lo hicieron –en inglés, a través de videoconferencia– el ex consejero delegado, Françoise Fleury, y el ex director de minas, William Thomas Williams: "I accept". Lo aceptaban: la mayor mina metálica a cielo abierto de Europa, en suelos de los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, ha sido explotada mediante el delito medioambiental y el daño al medio ambiente. Cobre Las Cruces ha contaminado con arsénico el acuífero que tenía la obligación legal de respetar.

El reconocimiento de los hechos implica la confirmación como verdad judicial de la contaminación y uso abusivo del acuífero Niebla-Posadas por parte de la minera Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional canadiense First Quantum (hasta 2013 fue propiedad de la también multinacional canadiense Inmet Mining). La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla supone un golpe a la estrategia de revitalización del sector minero que impulsa la Junta de Andalucía, que reivindica las garantías medioambientales en contraste con los desastres del pasado, con su mayor exponente en el vertido de la recientemente reabierta mina de Aznalcóllar (Sevilla). Ni la Fiscalía, ni la acusación particular, ni las defensas recurrirán la sentencia.

Ecologistas en Acción lleva al menos desde 2008 alertando de los desmanes de Cobre Las Cruces. La empresa siempre los ha negado, hasta este lunes. El reconocimiento de los hechos libra de la cárcel a los tres directivos. "Lo importante es la sentencia condenatoria, que va a crear jurisprudencia", afirmó Antonio Ramos, responsable de minas y canteras de Ecologistas en Acción en Andalucía, que aprovechó para censurar la –a su juicio– la "nefasta política de minas" de la Junta de Andalucía. Ramos anunció que seguirá dando la batalla contra la explotación minera en Cobre Las Cruces y Riotinto (Huelva) y lamentó que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, del Gobierno central) no se hubiera personado en el procedimiento en defensa del dominio público hidráulico. Tanto la Junta como la CGH evitaron pronunciarse este lunes sobre la sentencia.

Pena de un año de prisión que no se ejecuta

El juicio estaba previsto para septiembre de 2017, pero los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y con la única la acusación particular, Ecologistas en Acción. En principio los acusados se exponían a 5 años y medio de prisión, entre otras sanciones. Al admitir los hechos en la vista oral celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla el castigo queda en un año de prisión –que se suspende porque es su primer delito y la pena es menor a dos años–, 2.700 euros de multa e inhabilitación de un año para el ejercicio de la profesión para cada uno por el delito contra el medio ambiente; en cuanto al delito de daños al dominio público, la pena consiste en dos multas de 2.700 y 1.350 euros.

La compañía Cobre Las Cruces –con la que infoLibre intentó contactar este lunes– tiene la obligación de pagar las sanciones. Además deberá abonar dos indemnizaciones de cerca de 300.000 euros por contaminación del agua y por daños derivados de la extracción ilegal de agua. La CHG cobrará las indemnizaciones.

Extracción de agua sin autorización y vertido de arsénico

El procedimiento judicial se remonta a 2008, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico presentó una querella por la "detracción no autorizada" de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a dicho cauce hídrico. La empresa ha incumplido la autorización concedida para el aprovechamiento del acuífero.

A lo largo de los años de pugna judicial y administrativa, la empresa ha introducido medidas supuestamente correctoras. No obstante, la gestión minera de Cobre Las Cruces sigue en el punto de mira. El pasado 15 de julio, el Consejo de Ministros acordó imponer a la empresa Cobre Las Cruces dos sanciones por una cuantía total de 1,2 millones de euros por "efectuar obras, instalaciones y actividades de operación del sistema de drenaje-inyección y derivar aguas por un volumen superior al autorizado".

Abastecimientos y regadíos

El acuífero Niebla-Posadas, un conjunto de afloramientos dispersos en forma de franja de casi 200 kilómetros de longitud y menos de 4 kilómetros de anchura, se extiende por una superficie de 140 kilómetros cuadrados al norte de la depresión del Guadalquivir, en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba.

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Está destinado a abastecimientos y regadíos. Ecologistas en Acción siempre ha utilizado en sus alertas el hecho de que es fundamental para el consumo humano en la provincia, especialmente para Sevilla capital y la corona metropolitana.

Actualmente hay seis yacimientos metálicos con actividad en Andalucía: Cobre Las Cruces, Aguas Teñidas, Riotinto, Sotiel Coronada, Magdalena y Aznalcóllar. La Junta pretende abrir Minas de Alquife, en Granada, en los próximos meses. Los detractores de este impulso a la minería –fundamentalmente por razones de sostenibilidad– tienen en la sentencia de Cobre Las Cruces un argumento.

La empresa, con el apoyo de la Junta de Andalucía, pretende prolongar su actividad en esta corta minera doce años más, desbordando las previsiones iniciales. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, afirmó en julio de este año que "el proceso de producción de cátodos, de extracción del mineral y el sistema de gestión de residuos son ejemplos del esfuerzo de esta empresa por un modelo de minería más competitivo y sostenible".