"Las familias ya lo han superado". Era octubre de 2022 y habían pasado poco más de dos años de la muerte de 7.291 mayores sin asistencia sanitaria en las residencias de Madrid. El Gobierno regional volvía a rechazar la constitución de una comisión de investigación que abordase las necesidades de los geriátricos en la Asamblea. A juicio de los de Isabel Díaz Ayuso, hacerlo lanzaba el "mensaje falso" de que los fallecimientos que tuvieron lugar durante la primera ola de la pandemia se pudieron evitar. Y para ellos no hay nada más lejos de la realidad. Fue el entonces vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, hoy presidente de la cámara, quien defendió esa idea en rueda de prensa. "Volver a esto por interés electoral no es procedente", llegó a decir. Ya entonces resultó un insulto para las familias. Hoy, dos años después, lo sigue siendo.
Poco se ha movido desde entonces. En el terreno político la mayoría absoluta del PP ha impedido durante todo este tiempo que esa comisión vuelva a ver la luz y en el judicial todavía no ha habido ninguna querella que llegue a puerto. De las 400 que se han presentado, hay aproximadamente un centenar que siguen en juzgados de instrucción, más de 70 que ya han pasado al Tribunal Constitucional y cuatro que han sido reabiertas por orden de la Audiencia Provincial. El resto han sido archivadas. Muchas, sin ni siquiera haberles escuchado. Y ya queda poco para que los posibles delitos que se cometieron por no dar asistencia sanitaria prescriban. Lo harán, como tarde, en mayo de 2025. Pero entonces se acabará también algo más: el tiempo que les queda a miles de familias para conseguir esa "verdad, justicia y reparación" esencial para superar lo ocurrido. Porque las palabras de Ossorio siguen sin ser ciertas.
"Hay mucha gente que sigue de baja y que sigue medicándose. A muchas víctimas esto les ha cortado su trayectoria de vida, y eso hay que acompañarlo, pero también visibilizarlo". Guillermo Fouce, profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y presidente de Psicología Sin Fronteras, conoce a algunos de los familiares de los fallecidos en aquellos fatídicos meses de 2020. Las ha visto sufrir en las sesiones de la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid. Ha escuchado sus testimonios. Y sus historias le han parecido "desgarradoras". "Sus relatos coincidieron con lo que habíamos visto en otras emergencias, así que nos pusimos a disposición de las plataformas" Marea de Residencias y Verdad y Justicia, cuenta desde el otro lado del teléfono. Fue así como gestaron lo que hace apenas una semana han podido comenzar: un proyecto de atención psicológica para aliviar el dolor de los familiares de los mayores fallecidos.
"Ya lo habíamos hecho otras veces. Hemos trabajado con fundaciones de bebés robados, con víctimas del franquismo y con afectados por la línea 7B de Metro. Nuestro trabajo consiste en acompañar, en ayudar a colocar el dolor y, también, en visibilizarlo", señala Fouce. La herramienta son sesiones grupales que pueden combinarse con terapias individuales y que se complementan, siempre, de una recogida de datos. "Así siempre podemos concretar el impacto psicológico que tienen las tragedias", explica el psicólogo. También lo harán con esta.
Revictimización y culpa
Yedra García no se lo pensó dos veces. En estos cuatro años no sólo no ha podido superar la muerte de su tía Chelo, sino que ni siquiera ha conseguido asumirla. "Para mí es como si siguiera viva. No tengo sensación de que haya pasado el tiempo, mentalmente sigo en 2020", cuenta desde el otro lado del teléfono. No hay día que no piense en ello. Y todo desde una combinación de varios sentimientos que, según lamenta, le impiden vivir. "Siento rabia, siento frustración. Siento culpa por no haberla sacado de la residencia y siento odio por los gestores políticos que provocaron lo que pasó", dice.
Son dos palabras se repiten constantemente: culpa y odio. Mar Lermo es psicóloga sanitaria y ha podido comprobarlo de primera mano. Es pronto para sacar conclusiones, indica, pero ya en en la primera toma de contacto de ese proyecto pudo observar algunas sintomatologías claras. "Hay indicios de posible estrés postraumático, de posible ansiedad y de posible depresión. Las víctimas hablan de sentimientos de culpa, pero también de mucho rencor. Algunas no son capaces ni de ver a Ayuso a través de la televisión ni de escucharla a través de la radio", explica.
Todo tiene un origen claro: "Ninguna de estas personas ha tenido un duelo normal. Muchas no pueden olvidar que se les dejó morir, que fallecieron asfixiados", continúa Lermo. Pero es que además a eso se le suma la "revictimización" que, señala Fauce, sufren cada vez que una institución les ignora. O cada vez que un cargo público invalida su lucha. Porque no sólo fueron las palabras de Ossorio. La propia presidenta Ayuso dijo en sede parlamentaria que "había muertos en todas partes". Que "mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía". Que un anciano "no se salvaba en ningún sitio".
"Lo hacemos por ellos, no se merecían este final": hablan familiares que denunciaron las muertes en residencias
"Cuando una administración no escucha, no da explicaciones, produce un dolor añadido. Y este crece y se multiplica con el paso del tiempo, porque sigue sin haber una verdad, una justicia y una reparación. Y hasta que no consigan eso las víctimas no van a sanar", continúa Fauce. "Es lo que necesitan: justicia. Todo el mundo ha pasado página, pero ellos no pueden", dice Lermo que, eso sí, matiza que estas personas nunca volverán a ser las mismas. "Por muchos años que pasen, no podré olvidar nunca la situación que vivió mi madre, y por ende la familia, especialmente en esos días que dejó de cogernos su teléfono", añade Carmen López, de Marea de Residencias.
Lo importante es darle un sentido a ese dolor. Y en eso consiste el nuevo proyecto. "Nadie puede pasar página sin haberla leído antes. Hay que saber qué ocurrió, por qué y quiénes fueron los responsables", continúa Fauce. Hace apenas unos días dieron un paso más para ello, registrando ante la Fiscalía de Madrid una macrodenuncia firmada por 109 personas en la que piden que se investigue si hubo un delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". En paralelo, continuarán luchando en Bruselas, donde continúa activa y abierta a adhesiones su petición para que una misión de europarlamentarios intente arrojar luz sobre lo ocurrido y analizar, también, la situación actual de las residencias.
El 29 de octubre tendrá lugar la siguiente sesión de este nuevo proyecto. Por ahora hay 17 personas en él, pero seguirán sumando. "Nuestro objetivo también es sumar a trabajadores y trabajadoras de geriátricos, pero también a residentes que vieron lo que pasó y que también necesitan ayuda. Hay muchas personas que quieren hablar de lo que pasó", sentencia Lermo.
"Las familias ya lo han superado". Era octubre de 2022 y habían pasado poco más de dos años de la muerte de 7.291 mayores sin asistencia sanitaria en las residencias de Madrid. El Gobierno regional volvía a rechazar la constitución de una comisión de investigación que abordase las necesidades de los geriátricos en la Asamblea. A juicio de los de Isabel Díaz Ayuso, hacerlo lanzaba el "mensaje falso" de que los fallecimientos que tuvieron lugar durante la primera ola de la pandemia se pudieron evitar. Y para ellos no hay nada más lejos de la realidad. Fue el entonces vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, hoy presidente de la cámara, quien defendió esa idea en rueda de prensa. "Volver a esto por interés electoral no es procedente", llegó a decir. Ya entonces resultó un insulto para las familias. Hoy, dos años después, lo sigue siendo.