En sus concentraciones suelen resonar siempre tres palabras: "Verdad, justicia y reparación". Pero no es un simple eslogan. El centenar de familiares que la semana pasada presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Madrid para que se investigue lo sucedido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia quieren, literalmente y por ese orden, esas tres cosas. Sabiendo lo que ocurrió se podrá hacer justicia y, hecha la justicia, podrán superar un duelo que, aseguran, les han arrebatado. "Lo necesito. Tengo que saber de qué murió mi tía Chelo, porque desde hace cuatro años no puedo descansar", reconoce Yedra García desde el otro lado del teléfono.
Todavía se le quiebra la voz al recordarla. Por lo que pasó pero, sobre todo, por cómo ocurrió. "Han pasado cuatro años y todavía no sé de qué murió, si de covid o de pena. No sé si estaba acompañada, si sufrió, si pudo haberse salvado en un hospital o no. Tampoco pude ir al entierro, ni despedirme", rememora. Necesita todas esas respuestas. Y lo mismo le ocurre a Jorge Galerón. "Me llamaron y me dijeron que mi padre había muerto cuando estaba esperando para hacer una videollamada con él, hasta entonces me decían siempre que todo estaba bien", recuerda. Manuel lo comprobaba cada día cuando hablaba con su madre, Luisa, por teléfono, hasta que un día ella misma le confesó que no se encontraba bien. Era 23 de marzo. Sólo unos días después falleció, pero pudo acompañarla. "Estuve cinco horas viendo morir a mi madre", relata. "La abandonaron, nadie hizo nada por ella", añade.
Por eso decidieron dar un paso al frente, Jorge y Manuel con Marea de Residencias y Yedra con 7.291: Verdad y Justicia. Las dos organizaciones han presentado una macrodenuncia suscrita por 108 familiares en representación de 115 residentes —111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020— que sufrieron un presunto delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Acusan de ello a 29 personas, entre las que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre; Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Ni justicia ni responsabilidad política
No es ni mucho menos la primera vez que acuden a un juzgado. Jorge, Manuel y Yedra llevan todo este tiempo luchando para conocer cómo funcionaron exactamente esos protocolos por los que sus familiares no pudieron morir en un hospital, por qué no se medicalizaron las residencias y por qué no se puso a disposición de los mayores los otros recursos a los que sí pudieron recurrir los ancianos que vivían en sus casas o los que tenían un seguro médico privado. El problema es que nunca se ha investigado. "Las cifras son espeluznantes. Es muy importante saber qué pasó para que los responsables lo paguen y pidan perdón, pero también para que no vuelva a ocurrir. No quiero que nadie pierda a un familiar como perdí yo a mi padre", lamenta Jorge. "Es vergonzoso, el PP está utilizando a las víctimas del terrorismo y a las nuestras las ha olvidado", añade Manuel.
En estos cuatro años, según informa Marea de Residencias, se han presentado alrededor de 400 querellas, de las cuales aproximadamente un centenar continúan en juzgados de instrucción. Cuatro han sido reabiertas por orden de la Audiencia Provincial y hay más de 70 que ya han pasado al Tribunal Constitucional en forma de recurso. El resto han sido rechazadas por la justicia, en muchas ocasiones sin ni siquiera haber escuchado a las víctimas y basándose, además, en los informes de las propias residencias. La Fiscalía, por su parte, tampoco ha abanderado una verdadera investigación, como denunció la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, pero la política tampoco ha tratado en todo este tiempo de depurar responsabilidades. Porque la oposición madrileña ha tratado muchas veces de reabrir la comisión de investigación en la Asamblea regional, pero PP y Vox lo han impedido sistemáticamente.
"He estado mucho tiempo sin poder ver a Ayuso en la televisión. Cada vez que aparecía tenía que girar la cara o cambiar de canal", asegura Jorge. Su "desprecio", añade Yedra, es lo más doloroso. Y creen que no cesa porque las declaraciones contra ellos se producen siempre que dan un nuevo paso.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, defendió este viernes, apenas 24 horas después de que los familiares acudieran a la Fiscalía, que la macrodenuncia presentada no es más que un intento de continuar con el "uso partidista" que se está haciendo de las muertes en residencias. "Conocemos que las principales organizaciones y plataformas que están promoviendo esta situación están formadas por exdiputados y personas pertenecientes a partidos políticos de la izquierda", dijo, y criticó que se señale "a los profesionales y a los geriatras que se dejaron la piel por salvar cada vida".
"Nunca vamos a poder pasar página"
El delito de discriminación, la vía que puede sentar en el banquillo a los responsables de muertes en residencias
Para los familiares, en cualquier caso, el objetivo es poder "pasar página", algo que Manuel cree que no podrán hacer "nunca". "Es muy duro lo que pasamos hace cuatro años y lo que seguimos pasando a día de hoy. Se decidió quién moría y quién vivía, quién iba al hospital y quién no. A mí la rabia, la pena y la impotencia no se me van, y vivir día a día así es horrible", lamenta.
Todo lo que llevan vivido, además, les impide tener un ápice de optimismo en la mirada. Ninguno cree que se llegue a hacer justicia, que todo el trabajo que llevan a sus espaldas llegue a dar resultado. Pero es una manera de aliviarse consigo mismos y con el "sentimiento de culpa" que todos aseguran tener. "Si hubiera sabido lo que pasaba hubiera sacado a mi madre del centro, pero de verdad que pensé que estaría más segura en la residencia que en mi casa", dice Manuel. Y las mismas palabras las pronuncia Yedra. Por eso no van a parar. "Voy a llegar a donde haga falta, por mi madre y por los 7.291" mayores que murieron en residencias de Madrid sin asistencia sanitaria, sentencia Manuel.
Por ahora la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tiene seis meses para decidir si acepta o no a trámite la macrodenuncia presentada la semana pasada. "Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes", señalaron las organizaciones al registrarla. En paralelo, han pedido reunirse con el fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz, y con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Los presuntos delitos que se pudieron haber cometido prescribirán a partir del próximo mes de marzo. "Y ni siquiera nos han perdido perdón", concluye Manuel.
En sus concentraciones suelen resonar siempre tres palabras: "Verdad, justicia y reparación". Pero no es un simple eslogan. El centenar de familiares que la semana pasada presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Madrid para que se investigue lo sucedido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia quieren, literalmente y por ese orden, esas tres cosas. Sabiendo lo que ocurrió se podrá hacer justicia y, hecha la justicia, podrán superar un duelo que, aseguran, les han arrebatado. "Lo necesito. Tengo que saber de qué murió mi tía Chelo, porque desde hace cuatro años no puedo descansar", reconoce Yedra García desde el otro lado del teléfono.