Se conoce como pareja de hecho a la unión entre dos personas de forma libre, estable y pública, con independencia de su orientación sexual, al margen de la institución del matrimonio. Esta figura está regulada directamente por las comunidades autónomas, pero quienes formalizan de este modo su relación no tienen los mismos derechos y beneficios que sí obtienen aquellos que están legalmente casados. Una discriminación que la Ley de Familias, cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros, prevé corregir.
La norma prevé la creación de un registro estatal de parejas de hecho y equipara sus derechos respecto a los permisos de cuidados que pueden disponer las parejas casadas, como por ejemplo el permiso de 15 días posterior al registro de la unión, un derecho del que hasta ahora solo pueden disponer los matrimonios.
Así consta en el borrador de la norma, a la que ha tenido acceso infoLibre, que modifica la disposición tercera de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y establece que, la persona trabajadora, "previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración" quince días "en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho".
El anteproyecto también introduce cambios respecto a los días que corresponden en caso de accidente o enfermedad de la pareja de hecho. Se concederá un permiso de cinco días, remunerado "por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella".
Además, según apuntan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, principal impulsor de la norma, la ley también concede hasta cuatro días de permiso remunerado para parejas de hecho, que se podrá disfrutar por horas, que tengan que hacer frente a "imprevistos" y "urgencias familiares".
Un nuevo permiso maternal de ocho semanas (sin retribuir) y una ayuda de 100 euros 'casi' universal
La Ley de Familias también prevé poner en marcha un permiso parental de ocho semanas para los padres o madres con hijos menores de ocho años, que podrá disfrutarse de manera continua o discontinua, pero que no será remunerado. Este permiso se aplicará de forma progresiva: será de seis semanas en 2023 y de ocho en 2024.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, defendían que este nuevo permiso debía ser remunerado, al igual que los sindicatos mayoritarios. Este particular ha sido objeto de debate en el seno de la coalición, donde se ha acabado imponiendo el criterio del Ministerio de Hacienda.
Fuentes del departamento de Ione Belarra creen que será "muy difícil" lograr que se remunere durante su tramitación parlamentaria. Sin embargo, la directiva europea 2019/1158, sobre conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores, establece que debe serlo.
La norma también ampliará la ayuda de 100 euros por cada hijo menor de tres años que hasta ahora perciben las madres trabajadoras. Con la nueva norma, también podrán disfrutar de esta ayuda las madres que estén en paro siempre y que hayan cotizado al menos un día o, en su defecto, hayan cobrado el subsidio de desempleo. Fuentes del ministerio reconocen que habrá madres que, por determinadas circunstancias, se queden fuera de percibir esta ayuda pero creen que serán casos "excepcionales".
Derechos Sociales recalca que repara una “situación insostenible” en España, donde cada año se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea en proteger a las familias y a la infancia (en 2019 la inversión fue el 1,3% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE). Según los cálculos del ministerio de Belarra, el Presupuesto será de unos 700 millones de euros al año.
Las dos propuestas de Unidas Podemos que se quedan fuera
Unidas Podemos ha cedido ante el ala socialista del Ejecutivo en algunas cuestiones para sacar el texto adelante. Una de ellas es el permiso para que los trabajadores cuiden a familiares durante siete días al año y la posibilidad de que las familias monoparentales pudieran disfrutar de ocho meses de baja por maternidad y no solo de cuatro. Precisamente el desacuerdo en torno a estas dos medidas fue el que provocó el retraso en la aprobación del anteproyecto.
La nueva ley de familias incluirá un permiso retribuido de cinco días al año para el cuidado de convivientes
Finalmente el permiso para que los trabajadores cuiden a familiares a su cargo sí estará incluido en la norma y será remunerado, aunque tendrá una duración máxima de cinco días, como defendía Hacienda, y no de siete, como planteaba Derechos Sociales. El departamento de María Jesús Montero tampoco cedió con la posibilidad de que las familias monoparentales pudieran disfrutar de ocho meses de permiso de maternidad o paternidad en lugar de los cuatro que corresponden a cada progenitor.
Objetivo: aprobar la ley antes de agosto
El objetivo con el que trabaja Derechos Sociales es que la norma esté aprobada, de manera definitiva, en el mes de junio o julio del próximo año. Esto implicaría una tramitación exprés en las Cortes, ya que el anteproyecto debe someterse también a una consulta pública de 15 días y recibir los informes preceptivos de organismos como el Consejo de Estado.
En el departamento dirigido por Belarra no contempla la posibilidad de que la norma no salga adelante esta legislatura ya que es un "compromiso" con Bruselas, al igual que la reforma de las pensiones. Sin embargo, fuentes del ministerio sí que creen que las elecciones de mayo demorarán la puesta en marcha del proyecto.
Se conoce como pareja de hecho a la unión entre dos personas de forma libre, estable y pública, con independencia de su orientación sexual, al margen de la institución del matrimonio. Esta figura está regulada directamente por las comunidades autónomas, pero quienes formalizan de este modo su relación no tienen los mismos derechos y beneficios que sí obtienen aquellos que están legalmente casados. Una discriminación que la Ley de Familias, cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros, prevé corregir.