Por qué no peligran el castellano, la educación especial o la concertada: cinco bulos contra la 'ley Celaá' con los que la derecha agita las calles

Una marea naranja, visible entre las ventanillas y las puertas de los vehículos, recorrió este domingo las calles de 30 provincias españolas. Fue en Madrid, en las capitales de provincia y varios municipios de Andalucía, en Zaragoza, en Oviedo, en Gijón, en Santander, en varias localidades de Castilla-La Mancha, varias ciudades de Galicia, en La Rioja, en Navarra y en Murcia. Y en todas hubo representación de la derecha política. PP, Ciudadanos y Vox abanderaron las protestas contra la ley Celaá aprobada el pasado jueves por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, una norma que los conservadores y la extrema derecha recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Según critican, la nueva legislación educativa "socava la libertad de las familias", acaba "con la libertad educativa", es perjudicial "para los intereses de las familias españolas", "acaba con la cultura del esfuerzo", cercena el derecho de los menores de "poder ser educados en español" y elimina los centros de educación especial.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha desmentido en varias ocasiones estos argumentos. Lo hizo, precisamente, este domingo en una entrevista concedida a El País donde dijo que es importante "tranquilizar" respecto a la concertada, defendió el nuevo sistema de suspensos y repeticiones, afirmó que "la polémica en torno al castellano es nominalista" y aclaró que los "centros de educación especial van a seguir existiendo siempre". Pero ya "no importa", lamenta Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Y es que "la derecha política está sobreactuando" con un discurso "tergiversado y falso". Pero que cala. Y no en poca gente, como se pudo ver este domingo en las manifestaciones convocadas por la Plataforma Más Plurales bajo el lema Por el derecho a elegir la educación que queremos. Sin embargo, esa libertad de elección sigue garantizada, tal y como avalan sindicatos y los expertos en educación.

infoLibre analiza los argumentos que se plantean contra la ley y explica qué tienen de verdad, qué de mentira y qué significan en realidad:

El castellano como lengua vehicular

Fue la primera polémica. Los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidas Podemos y de ERC presentaron el pasado 3 de noviembre una enmienda conjunta a la también denominada Lomloe que contemplaba la eliminación del castellano como lengua vehicular. La iniciativa, que fue impulsada por la formación independentista catalana, pretendía introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. La educación en castellano quedaría garantizada. No obstante, de nada sirvió para calmar a la derecha, que corrió a criticar la medida. PP y Vox, de hecho, amenazaron en seguida con un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que la ley recogiera ese aspecto. Conservadores y ultras no dudaron en afirmar que la reforma educativa es una condición de los nacionalistas e independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

La enmienda finalmente fue aprobada en la Comisión de Educación del Congreso por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Y en el texto quedó plasmada del siguiente modo: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable". No dice, por tanto, que el castellano deje de ser lengua vehicular. Ni mucho menos acaba con el derecho de los pequeños a "poder ser educados en español". Aun así, el PP proclamó que no va a permitir "que se pierda el castellano como lengua vehicular". "Sánchez está jugando con el futuro de nuestros hijos por permanecer en el poder. Es intolerable", proclamó.

La anterior ley educativa, la aprobada con la mayoría absoluta del PP en el año 2013 y bautizada como ley Wert —o Lomce—, establecía que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable". Fue la primera norma educativa que introdujo ese aspecto. Como recuerdan García y Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, "la única ley educativa que hace una mención específica al castellano como lengua vehicular es la Lomce". "En las anteriores nunca se ha mencionado así expresamente", dice. Ni la Loece de 1980 que ni siquiera entró en vigor, ni la Lode de 1985, ni la Logse de 1990, ni la Lopeg de 1995, ni la Loe de 2006 lo hicieron. 

"Es una cosa que se inventó Wert, así que se está creando un debate falso conceptualmente y jurídicamente. ¿El castellano no corría ningún riesgo hasta 2013 que se introdujo el concepto en la ley y ahora sí?", se pregunta García, que recuerda que los resultados de los alumnos catalanes en lengua castellana no distan de los de los menores del resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, en el examen de acceso a la universidad de 2017 obtuvieron un 6,41 de media. Los andaluces, un 6,3. La media del Estado se situó en un 6,45. 

La educación concertada: ¿en peligro?

El eslogan de las protestas que tuvieron lugar el domingo ya lo decía todo: Por el derecho a elegir la educación que queremos. Es el argumento que utiliza la educación concertada para oponerse a ley Celaá. La Plataforma Más Plurales, de hecho, publica en su página web que "la hostilidad que manifiesta la Lomloe hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos". El significado de "pluralidad", aquí, pone el foco en que tanto la red pública como la privada debe estar sostenida por fondos públicos, algo que critican duramente los sindicatos y los expertos consultados. 

Para contextualizar hay que tener en cuenta que la ley educativa de 1985, origen actual del sistema de conciertos, ha cumplido ya 35 años. Tiene un largo recorrido, por tanto. Y no están en peligro, tampoco tras la aprobación de la Lomloe. Según explica Francisco García, lo que elimina la ley Celaá es la referencia a la "demanda social" como articuladora de la red de centros educativos que tenía la ley de 2002 promulgada por el Gobierno de José María Aznar, que eliminó la de José Luis Rodríguez Zapatero y que recuperó la Lomce de José Ignacio Wert durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Qué significa ese concepto? Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, explica que el término implica que una familia, por el simple hecho de optar por un colegio privado concertado y no uno público tiene el derecho a que la educación se financie con fondos públicos. Lo explica también Xavier Bonal, profesor de Sociología de la UAB y Catedrático de Educación y Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam en un artículo publicado en El País. "El PP se atrevió a introducir en la Lomce por primera vez el hecho de que las administraciones educativas tuvieran en cuenta la demanda social en la planificación de las plazas escolares. [...] Tener en cuenta la demanda social supone reconocer de facto la existencia de un derecho a concierto. El Estado se ve obligado a 'seguir' la demanda y planificar en consecuencia", expone. "Supone, en definitiva, sacrificar el principio de equidad en la planificación escolar en favor de opmitizar los deseos de escolarización de las familias", añade. 

Pero es que esa libertad de elección ni está en el artículo 27 de la Constitución Española ni es infinito, puesto que el número de plazas de las escuelas es limitado. Aun así, las familias podrán, como hasta ahora, mostrar sus preferencias, por lo que es falso que la ley Celaá acabe con esa libertad. Varios constitucionalistas ya explicaron en infoLibre que "los padres pueden elegir [un centro educativo], a lo que no está obligado el Estado es a financiar una plaza en el centro que ellos elijan". "En modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública por elegir entre dos redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. Lo que quieren es confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos", critica Díez Gutiérrez. 

Por tanto, los conciertos continúan en esta ley. Lo que no lo hace es el término de "demanda social" ni, recuerda Loranca, la posibilidad de que se ceda suelo público para la construcción de escuelas concertadas. Se pretende, además, acabar con las cuotas que consiguen que la concertada sea una educación segregadora de facto al alejar a las familias con menos recursos económicos de sus puertas. 

La educación especial: ¿cerrada en diez años?

Ha sido otro de los mantras repetidos desde la derecha: los centros de educación especial van a cerrar. Nada más lejos de la realidad. La referencia a estas escuelas, que aparece en la disposición adicional cuarta de la ley Celaá, indica lo siguiente: "Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna [...]. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, [...] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". 

Por tanto, no se cierran como, además de los partidos de derecha, afirman organizaciones como la plataforma Inclusiva sí, especial también. El Ministerio de Educación ya lo negó en abril y Celaá lo sigue repitiendo. "Quiero que estas familias pierdan la preocupación por este asunto. Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos", aseguró la ministra este domingo. "La ley dice que hay dotar a los centros ordinarios con más recursos para atender a niños y niñas con necesidades específicas y que se mantendrán los centros de educación especial por si no pueden ser atendidos de manera adecuada", explica Loranca, que admite que, en este aspecto, "es muy grave" que se viertan "fake news", como las llega a denominar Díez Gutiérrez. 

La norma tejida por el ministerio prevé dar respuesta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que perfila un "sistema de educación inclusivo a todos los niveles", sin discriminación y en base a la igualdad de oportunidades. La ONU ha venido observando, en el caso español, "segregación y exclusión" respecto a los alumnos con discapacidad por no cumplir con lo dispuesto en la convención internacional. Hace tres años, el Tribunal Supremo estableció asimismo que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.

Vox, en este aspecto, se ha contradicho. Ahora carga contra el supuesto cierre de los centros de educación especial, pero en 2016 prometió "acabar" con este tipo de escuelas. Lo hizo en su programa electoral, en el punto 118 del texto. La formación proponía un "plan de integración para discapacitados que garantice la igualdad de oportunidades". Entre las claves de dicho plan, el equipo de Santiago Abascal trazaba una "educación inclusiva" que, indicaba entre paréntesis, implicase "acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva". Los ultras eliminaron este lunes de su página web el programa electoral de 2016. ¿Qué mención hizo de la educación especial en las elecciones posteriores? El partido optó por obviarla.

Programa electoral de 2016 de Vox.

El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha restado este lunes importancia a esta mención en el programa del partido y lo ha atribuido a algo "irrelevante" o incluso un "error tipográfico".

La 'ley Celaá' "acaba con la cultura del esfuerzo

El líder de los conservadores lo afirmó este lunes. La ley Celaá "acaba con la cultura del esfuerzo" al permitir al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas. Lo que dice la ley en su artículo 28 es lo siguiente: "Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica". 

No cambia nada, dicen los sindicatos y coincide Díez Gutiérrez. Ya antes de la aprobación de la Lomloe, explican, eran los equipos docentes los que decidían si un alumno podía o debía pasar al siguiente curso. Lo que elimina es la evaluación permanente de la Lomce. En la ley Celaá "se apuesta por un modelo educativo que no deje a ningún alumno atrás. Que independientemente de sus condiciones de partida pueda llegar al máximo nivel de formación posible frente a una continua carrera de obstáculos, que era lo que propiciaba la Lomce con las reválidas", critica Loranca. 

García, en cualquier caso, opina que el cambio de curso con materias no superadas en ningún caso acabaría con "la cultura del esfuerzo". Más bien al contrario: contribuiría, dice, a la reducción del fracaso escolar y de la tasa de abandono temprano. Según el Informe PISA 2018, España es el cuarto país de los 37 de la OCDE con la tasa más alta de alumnos repetidores, un 28,7% frente al 11,4% de media. Además, esto favorece la desigualdad. Porque, ¿quiénes repiten? Los más pobres. Según un informe de Save the Children, España es el segundo país con la mayor brecha en la repetición entre alumnos con mayor y menor capital socioeconómico: los más pobres repiten cuatro veces más que los que tienen más recursos. 

La OCDE, de hecho, ya criticó en 2013 la alta tasa de repetición que hay en España. A su juicio, dijo entonces, el sistema es ineficaz y caro. García recuerda, en este sentido, que algunos países de nuestro entorno ni siquiera tienen título de haber superado la etapa de educación secundaria obligatoria. 

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Otro de los argumentos para oponerse a la Lomloe es el que asegura que la nueva ley educativa acaba con la libertad y la autonomía de los centros. Tiene que ver, en esencia, con la prohibición de que las escuelas segreguen por sexo, una enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC. Esa voluntad se ha plasmado en la ley de la siguiente manera: "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España". 

No prohíbe, por tanto, que se segregue, sino que se acuerda que las escuelas que no lo hagan —en su mayoría públicas— tendrán un trato preferente. En cualquier caso, Francisco García opina que bajo ningún concepto debería de tolerarse este aspecto. Segregar por estas cuestiones "no es una opción pedagógica, sino ideológica. Y un prejuicio. Si alguien lo tiene no entiendo que se tenga que sostener con fondos públicos", denuncia. 

Pero además de esto, la plataforma Más Plurales afirma que la ley Celaá apuesta por un modelo "laico", algo que también desmienten los sindicatos y la realidad. La Religión continúa presente en las aulas. Tal y como publicó infoLibre hace unos días, los Acuerdos con el Vaticano lo garantizan. Hay un cambio, pero no tan grande como para afirmar que la ley educativa camina hacia un modelo "laico". La Lomloe establece que la Religión tendrá nota, pero no contará para el expediente académico y por tanto tampoco para becas. Además, se elimina la obligación de cursar una asignatura espejoen caso de no elegirla.