“No son políticas de olvido sino de silencio”: Ayuso se resiste a que se honre en Sol a las víctimas de Franco

Rosa García Alcón fue detenida en 1975, con 18 años, por pertenecer a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), antifranquista y vinculada a la izquierda. La recibió Antonio González Pacheco con una sentencia firme y una bofetada. Pasó dos días en los despachos, de los siete que estuvo detenida, justificados en una Ley Antiterrorista que aprobaron mientras ella ya estaba arrestada. “No podía pedir nada, porque todo lo que pedías te lo negaban. Si pedías agua, no te la daban. Si pedías ir al baño, no te llevaban. Eran humillaciones continuas”, matiza a infoLibre, “su ley era la que imperaba”. 

Junto a los golpes llegaron las humillaciones machistas, los “guarra” y los “mira cómo vas, qué vas enseñándolo todo”, porque García Alcón, además de las marcas en la cara y las heridas causadas por la 'falanga', tenía el vestido destrozado. Los golpes y el estrés acabaron por provocarle la menstruación, al igual que a la mayoría de sus compañeras. En una época en la que aún seguía existiendo un estigma en torno a la regla, “tenía que estar pidiéndole a esa gentuza que me dieran compresas”. 

“La primera impresión recibida fue que estaba aplastado físicamente”, relataba la declaración pública de los testigos presenciales del estado físico de Joseba Arregi, que falleció nueve días después de ser detenido y llevado a la Dirección General de Seguridad. A Arregi, miembro de ETA político-militar, se le aplicó la Ley Antiterrorista de 1977, por lo que pudieron mantenerlo encerrado durabnte días. Mientras estuvo entre las paredes del emblemático edificio de la Puerta del Sol, no pisó los calabozos. Soportó torturas e interrogatorios de manera ininterrumpida durante su detención, lo que acabó causándole la muerte el 13 de febrero de 1981. Los policías implicados en su caso fueron absueltos. Dos veces. 

Sus casos son algunos de las innumerables –u olvidadas– historias que han tenido como escenario la Real Casa de Correos, actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y un símbolo, para muchos, de la represión franquista. Tras sus muros se detuvieron, torturaron y asesinaron a cientos de obreros, estudiantes y sindicalistas antifranquistas. 

A pesar de su historia y de la presión por parte de las organizaciones sociales, la Comunidad de Madrid se ha resistido a reconocer este espacio como un lugar de memoria democrática. El debate sobre la resignificación de la Real Casa de Correos ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en el marco de la Ley de Memoria Democrática y aún con más brío durante estos meses, a raíz de las alegaciones presentadas por parte del Gobierno de Ayuso ante el Tribunal Constitucional. La administración madrileña tacha de “insuficientes” y “anticonstitucionales” las razones del Gobierno central para el nombramiento del edificio como lugar de memoria democrática. 

Esta negativa, según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no solo forma parte de un “proceso de borrado de la historia”, sino de un “enfrentamiento político” entre partidos, ya que la Comunidad de Madrid ha iniciado un tira y afloja, mientras el Gobierno central sigue ignorando otros casos de desmemoria, como el del Parador de San Marcos de León, un antiguo campo de concentración franquista ahora convertido en hotel de lujo. 

En octubre de 2024, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España anunció que la Real Casa de Correos sería reconocida como lugar de memoria histórica, argumentando su papel como símbolo de la represión franquista. Tras ello, el PP madrileño presentó varias alegaciones para paralizar el proceso, mientras que registraba una enmienda de ley para garantizar que cualquier placa o distintivo tuviese que contar con su previa autorización y no autorizando que ninguna de ellas “pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede Presidencial”, según recoge eldiario.es, aunque fueron rechazadas. El Gobierno central, por su parte, ampara su iniciativa en la Ley de Memoria Histórica, aunque Ayuso elevó el pasado 14 de febrero un recurso al Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo de Sánchez, alegando “invasión de competencias”. En otro de sus intentos por justificar su postura ante la colocación de la placa, la presidenta madrileña publicó en X (antiguo Twitter) un vídeo con la intención de remarcar que la Real Casa de Correos es, sobre todo, un símbolo de Madrid, "al servicio de España y de una región que es la casa de todos", rezaba el post.

La comunidad, sin embargo, no ha tenido ningún inconveniente en reconocer a otras víctimas u acontecimientos, como la placa en homenaje y memoria del levantamiento contra la invasión francesa, a las víctimas del 11M o a los fallecidos durante la pandemia del covid-19.“Lo lógico de un país democrático es reconocer a la gente que ha peleado por la democracia”, incide Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Para las víctimas y sus familias, este reconocimiento no es solo un acto simbólico, sino una cuestión de justicia. “Que se nieguen a colocar una placa de homenaje y recuerdo específicamente a las víctimas del franquismo, ¿no implica, en cierto modo, una cierta connivencia con el propio franquismo?”, sugiere. 

La “transición pacífica” y una izquierda torturada

Como explica Pablo Alcántara en DGS. El palacio del terror franquista, la violencia ejercida en la DGS iba dirigida contra todas aquellas personas que no se amoldaban a la moral nacional-católica, hasta cuando esta parecía disiparse entre promesas democráticas, “especialmente contra organizaciones de izquierda radical y sindicatos anarquistas”, esclarece Alcántara a infoLibre.

Aunque la DGS no nació con el franquismo, ya que su origen se remonta al siglo XIX, fue durante la dictadura cuando se convirtió en el principal órgano represor del Estado. Entre sus muros operaba la Brigada Político-Social –con hombres tan reconocidos como Yagüe o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño–, que tras la muerte de Franco, se reestructuraría y pasaría a conocerse como Brigada Central de Información. 

Cuenta Alcántara que, con la llegada de la Transición, España se convirtió en el país con mayor número de movilizaciones: 820 entre 1975 y 1977, con 3,5 millones de participantes en ellas y al menos el 10,4% de las empresas implicadas. Tan solo en Madrid, a finales de 1975, 33 empresas estaban en conflicto con 36.586 trabajadores en huelga. Las fuerzas del orden respondieron entonces con mayor represión: se estima que entre 1975 y 1982 acabaron con la vida de más de 130 personas, el 80% de ellas civiles, durante manifestaciones, control de carreteras o detenciones. 

Alcántara reincide en la importancia de recordar que “la represión fue extremadamente salvaje en los últimos años del franquismo”, además de que durante la Transición, al no “depurar” los cuerpos de policía –ni las propias instituciones–, “se mantuvo la violencia” y muchos dirigentes de la DGS mantuvieron sus puestos. Además, el autor avilesino subraya el problema existente para contabilizar las víctimas, que, “aunque seguramente fueron miles”, la dificultad de acceso a las diversas fuentes “hace muy complicado conocer la cifra exacta”. Aunque cree que, más que conocer el número exacto, “es importante recalcar cómo la represión fue extremadamente salvaje en los últimos años del franquismo, con asesinatos en manifestaciones y las últimas ejecuciones de la dictadura apenas dos meses antes de la muerte de Franco”.

El Gobierno irá al Constitucional para que la Real Casa de Correos sea lugar de memoria

Ver más

Terminar en la Real Casa de Correos era sinónimo de tortura, amenazas, sesiones de interrogatorio interminables y métodos como la ‘falanga’, un castigo corporal que consistía en golpear los pies con varas. Rosa García Alcón, Joseba Arregi, Julio Pacheco, José España Vivas o Santiago Corella, El Nani, fueron algunos de los nombres que visitaron el simbólico edificio rojo en una España que ya coqueteaba con los aires democráticos, pero que aplicó una ley de amnistía que condenó al ostracismo a las víctimas del franquismo. Solo Pacheco y García Alcón han podido querellarse contra sus torturadores para reclamar justicia, pero se les ha denegado. Aunque, como recuerda Alcántara, “por mucho que intenten imponer la desmemoria, la gente no olvida. No son políticas de olvido, sino de silencio”. 

Esto no es algo casual. "En Madrid, los rastros del franquismo siguen presentes, pero la historia de la resistencia se esconde”, afirma Silva, y recordando que la historia, por mucho que se repita que divide, es común, “otra cosa es lo que se opine de ella”. 

El problema no es solo la falta de reconocimiento público, sino también la ausencia de justicia para las víctimas. La Ley de Amnistía del 77 impidió durante décadas que se juzgasen los crímenes de la dictadura y que las víctimas encontrasen justicia. Víctimas como García Alcón, que denuncia que siguen sin una tutela judicial efectiva. Y, aunque renombrar la historia a través de los distintos lugares de España no hará que se repare el dolor de las víctimas, como apunta Peinado, reconocer estos lugares “significa saber de dónde venimos”, al estilo de la Casa Grimaldi en Chile o del ESMA en Argentina, “significa saber que la democracia que tenemos hubo que pelearla”. Alcántara sentencia además que “el acceso a archivos sigue siendo complicado, y las leyes de memoria histórica han sido insuficientes”. Será el Constitucional, finalmente y a través de la magistrada conservadora Concepción Espejel, quien tome la decisión de nombrar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática.