Durante el año pasado, el caso de los costosos fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C puso sobre la mesa el debate de la fijación de precios de los medicamentos. Y, especialmente, hasta qué punto son o no aceptables los precios a los que los laboratorios venden fármacos determinantes para la vida de las personas. La compañía norteamericana Gilead, por ejemplo, suministraba en España uno de estos medicamentos –el sofosbuvir, de nombre comercial Sovaldi– a un precio 180 veces superior al que le costaba producirlo.
Ahora, un informe que la ONG Oxfam Intermón hizo público este lunes en vísperas de la reunión anual del Foro Económico de Davos constata hasta qué punto la industria farmacéutica es una de las más rentables del planeta. De hecho, según este documento, noventa de las principales fortunas del mundo tienen su origen en este sector. Además, los diez empresarios de la industria farmacéutica y sanitaria más adinerados del mundo aumentaron su riqueza, de media, un 27,3% entre 2013 y 2014.
El documento de la ONG también cuestiona el hecho de que las empresas farmacéuticas cada vez arriesguen menos en términos de inversión en I+D. Y cita el trabajo de la economista Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex (Reino Unido), que asegura que en Estados Unidos aproximadamente el 75% de los llamados nuevos principios activos calificados como prioritarios –los fármacos más innovadores– deben su existencia a fondos públicos, no a la inversión de las grandes empresas farmacéuticas.
Este debate ya se abrió el año pasado a propósito de los citados antivirales de acción directa contra la hepatitis C. El bioquímico Raymond Schinazi –propietario asimismo de Pharmasset, empresa que creó en 1998 para financiar sus investigaciones sobre las posibles curas para este virus– comenzó a gestar el tratamiento del sofosbuvir en su laboratorio de la de la Emory University de Atlanta (EEUU). En 2008 registró las primeras moléculas, porque intuía su efectividad potencial pero aún se había estudiado a fondo. Años después, en 2012, tras demostrarse la efectividad del compuesto, la farmacéutica Gilead compró Pharmasset por 11.000 millones de dólares (8.000 millones de euros).
Por contra, fuentes de la patronal Farmaindustria explican, a preguntas de infoLibre, que el alto precio de comercialización de algunos fármacos tiene que ver con los elevados costes en investigación y desarrollo y el hecho de que no siempre se obtienen los retornos esperados. "El desarrollo de un medicamento es un proceso costoso y arriesgado que dura de media 12 años. En 2011 de 3.200 moléculas patentadas, sólo 35 fueron autorizadas como nuevos fármacos. La Universidad de Tufts de Boston estimó en noviembre de 2014 que el proceso de elaboración de un fármaco supone, de media, una inversión de 2.285 millones de euros. Por otro lado, sólo tres de cada 10 medicamentos comercializados producen beneficios que superan los costes medios de I+D", señala un portavoz de esta organización.
La presión de los lobbies
Oxfam Intermón también alerta en este documento sobre la capacidad de hacer lobby de las farmacéuticaslobby , que en 2014 invirtieron 228 millones de dólares en influir al Gobierno de Estados Unidos. Los sectores farmacéutico y sanitario también usaron sus redes para influir sobre la decisiones de Bruselas, en los que inviertieron 50 millones de dólares, según datos de 2013. La ONG muestra su preocupación ante el hecho de que el poder de los grupos de presión "pueda suponer que las políticas se inclinen a favor de los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría y sean en la práctica una barrera significativa, por ejemplo, al acceso a medicamentos vitales a las personas más pobres".
Cita el ejemplo de Tailandia, país al que EEUU incluyó en el listado de naciones que pueden ser objeto de sanciones comerciales después de que decidiera establecer sobre varios medicamentos esenciales una licencia obligatoria, es decir, poner en marcha el mecanismo que permite a un Gobierno producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. La Comisión Europea también presionó al Gobierno tailandés para que diese marcha atrás en su decisión.
Oxfam Intermón denuncia que los derechos de propiedad intelectual –concebidos para incentivar la innovación a través de un equilibrio adecuado entre los intereses de quienes innovan y el interés general– generan en algunas ocasiones situaciones de monopolio y, en consecuencia, otorgan a las farmacéuticas la capacidad de fijar los precios, lo que puede acabar determinando quién tiene acceso a los medicamentos y quién no.
Un ejemplo de este tipo de situación es la estrategia que llevó a cabo recientemente la compañía norteamericana Turing Pharmaceutical con el Daraprim, un medicamento desarrollado hace 62 años para tratar, especialmente entre infectados por el VIH, la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria mortal. Tras hacerse con los derechos de comercialización en EEUU, la farmacéutica incrementó el precio de esta medicina de 13,50 a 750 dólares por comprimido. Hillary Clinton, en su campaña para llegar a la Casa Blanca, puso las artimañas de Turing Pharmaceutical como ejemplo de sus propuestas contra la manipulación de precios. Martin Shkreli, director ejecutivo de la farmacéutica, está ahora acusado de fraude.
El informe de Oxfam Intermón concreta que las iniciativas de lobby se centran en ampliar los derechos de propiedad intelectual, tanto en términos de duración de la exclusividad comercial como de ampliar el ámbito de las normas de propiedad intelectual, sirviéndose sobre todo de la presión directa, como la ejercida por Estados Unidos sobre la India para que este país cambiase sus normas de propiedad intelectual, o de los tratados de libre comercio. Asimismo, la organización asegura que los grandes laboratorios también suelen "presionar y movilizarse" en contra de las decisiones adoptadas por los Gobiernos en favor de la salud de la ciudadanía, tal y como ocurrió en Tailandia.
La ONG recuerda que las empresas farmacéuticas son "esenciales para la salud mundial", pero lamenta que su fortaleza económica también haga que tengan "una influencia excesiva sobre las políticas, incluso más allá de lo relativo al acceso a medicamentos".
El informe alude al caso de la norteamericana Pfizer, que el pasado noviembre compró la compañía irlandesa de fabricante de botox Allergan constituyendo la mayor farmacéutica del mundo. Según el documento Pfizer trata constantemente de influir sobre el Gobierno de Estados Unidos en materia de recortes fiscales, alegando que el tipo exigido por el impuesto de sociedades en Estados Unidos hace que no sea competitiva frente a sus competidoras. De hecho, además del interés corporativo en la operación de compra de Allergan se esconde también el potencial ahorro de impuestos que supondría para Pfizer trasladar su sede fuera de Estados Unidos. La realidad es que el año pasado Allergan pagó un 4,8% de impuestos en Irlanda, frente al 25,5% que desembolsó Pfizer.
El año pasado este periódico publicó que Gilead Sciences, Inc., el laboratorio norteamericano que comercializa los fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C, utiliza estrategias de optimización fiscal para reducir su pago de impuestos en España. La compañía norteamericana tiene establecida en Irlanda su base de operaciones en Europa. Y desde ahí comercializa al resto de países sirviéndose de la ausencia de armonización de la base imponible del impuesto de sociedades en todo el territorio de la UE.
Las prácticas contra la competencia de la industria farmacéutica le cuestan sanciones multimillonarias de Bruselas
Las propuestas de Oxfam
Ante este panorama, la ONG reclama que se modifique el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación de los precios de los medicamentos para garantizar el acceso de todas las personas a medicinas adecuadas y asequibles. A juicio de la organización, entre los compromisos concretos que deben realizarse están negociar un nuevo tratado mundial sobre I+D; incrementar la inversión en medicamentos, incluidos los genéricos a precios asequibles; y excluir lar normas de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales.
Oxfam Intermón señala que las empresas farmacéuticas apelan al coste de la I+D para justificar los elevados precios de los medicamentos, sin tomar en consideración que, con frecuencia, la investigación primaria e incluso algunos ensayos clínicos se financian con dinero público. Por ello, la organización defiende que la financiación de I+D debe desligarse de la fijación de los precios de los medicamentos "a fin de acabar con los monopolios de las empresas". Asimismo, considera que debe garantizarse una financiación suficiente para la I+D de los tratamientos más necesarios, y que los medicamentos resultantes sean asequibles para todas las personas que los necesiten.
Durante el año pasado, el caso de los costosos fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C puso sobre la mesa el debate de la fijación de precios de los medicamentos. Y, especialmente, hasta qué punto son o no aceptables los precios a los que los laboratorios venden fármacos determinantes para la vida de las personas. La compañía norteamericana Gilead, por ejemplo, suministraba en España uno de estos medicamentos –el sofosbuvir, de nombre comercial Sovaldi– a un precio 180 veces superior al que le costaba producirlo.