Las nucleares pactaron en 2019 operar 15 años más con los mismos ingresos por CO2 que ahora les garantiza Ribera

Pocas horas después de la reforma histórica del mercado de la electricidad que propuso este martes el Gobierno, las empresas eléctricas reaccionaron con una advertencia. Foro Nuclear, la organización que defiende los intereses de las cuatro grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) aseguró que el anteproyecto de ley que recorta beneficios detrayendo los ingresos extraordinarios procedentes del precio del CO2 abocaba a las centrales nucleares al cierre. Sin embargo, los ingresos que recibirán por esa partida están asegurados.

Foro Nuclear asegura que el recorte de los beneficios caídos del cielo referentes al CO2 es inasumible para las centrales. "De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales", explica la organización. Sin embargo, el lobby no menciona una llamativa coincidencia: la norma garantiza tanto a nucleares como a hidroeléctricas y renovables 20 euros por tonelada de CO2 emitido, que cobrarán por su participación en la subasta marginalista aunque no expulsen dióxido de carbono. Es aproximadamente el precio que marcaba el mercado de carbono en marzo de 2019, cuando las cuatro grandes empresas del llamado oligopolio eléctrico pactaron con el Gobierno el cierre escalonado de las nucleares entre 2027 y 2035. Y que ya percibían por entonces. 

Por lo tanto, aseguran fuentes ministeriales, las eléctricas no van a perder ningún ingreso por el CO2 con respecto a la situación de hace dos años y medio, cuando no tuvieron problema en ampliar la vida útil de las instalaciones. Sí los pueden perder o ganar dependiendo de otros factores que influyen en la balanza: por el propio resultado de la subasta o los impuestos. Comparte el criterio el analista Pedro Fresco, que califica la amenaza de las eléctricas de "injustificada e injustificable". 

Tampoco pudieron prever que el mercado de carbono se dispararía hasta rondar los 50 euros por tonelada actuales. Es cierto que la directiva europea que abrió la entrada a los fondos de inversión y, por tanto, a la especulación, es de 2018: pero los expertos consultados por este periódico aseguran que nadie imaginaba un crecimiento tan rápido y brusco. Un miembro del Gobierno asegura en conversación con infoLibre que el precio del CO2 actual no se esperaba "por lo menos hasta 2030". 

La subasta marginalista premia a las tecnologías más baratas con la retribución de la más cara, el gas natural. Es un sistema que el Gobierno no puede cambiar unilateralmente. Pero sí puede, o eso asegura el Ejecutivo, detraer los "beneficios extraordinarios" que considera que reciben hidroeléctricas, nucleares y algunas renovables. Mediante el anteproyecto en tramitación en el Congreso, las obligará a devolver lo equivalente al precio del CO2 en el mercado de emisiones, que abonan solo las centrales de ciclo combinado y las de carbón. Es por lo que clama Foro Nuclear. Además, a partir de la entrada en vigor del decreto, también devolverán lo equivalente a una materia prima, el gas natural, que no es parte de los costes de las denominadas "inframarginales". En total, 3.600 millones de euros, calcula Transición Ecológica, sumando los impactos de ambas reformas. Curiosamente, el lobby nuclear no mencionó en su comunicado la segunda de las detracciones, de carácter temporal: en principio, solo vigente hasta marzo de 2022. 

La asociación asegura que, para que su actividad resulte rentable, necesitan cobrar entre 55 y 60 euros el MWh. Por mucho recorte que ejecute el Gobierno, es obvio que la cuantía está asegurada con los niveles actuales. Por lo que temen con más fruición el probable panorama de 2022, en los que el precio del pool podría caer en picado por la entrada masiva de energías renovables al sistema, tal y como pasó en 2019 y, sobre todo, en 2020. Durante el confinamiento, la cuantía que marcaba la subasta marginalista fue baja, dado que la escasa demanda podía ser cubierta casi en totalidad con eólica y fotovoltaica, y las eléctricas recuerdan que la situación les causó pérdidas. Sin embargo, este escenario desfavorable, recuerdan los analistas, se puede producir con o sin intervención estatal.

Solo dos centrales nucleares podrían cerrar a corto plazo

Contrariamente a lo que insinúa Foro Nuclear, la clausura de cualquier instalación de generación eléctrica no depende solo de la empresa que la explota: necesita el visto bueno del Gobierno y el análisis de Red Eléctrica Española (REE), que debe garantizar la seguridad de suministro.

Las únicas que podrían echar la persiana a corto plazo son las de Ascó I y Ascó II, en Cataluña. La licencia de explotación caduca en octubre de 2021 y, si no solicitan su renovación, las centrales podrían plantearse el cierre. La siguiente expiración es la de la central de Trillo (Guadalajara), ya en 2024. El resto (Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes, Vandellós II) cuentan con licencia para operar hasta, como mínimo, 2027. La de Vandellós, en Tarragona, tiene permiso hasta 2030 pero aspira a funcionar, según el acuerdo firmado entre las compañías y el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta 2034. Más allá de que necesiten el visto bueno del Estado, las empresas también están expuestas a multas si clausuran nucleares antes de lo acordado y sin consenso. Iberdrola y Endesa tuvieron que abonar 18,4 millones de euros por el cierre de Garoña sin avisarlo con antelación a la administración.

Mapa de las centrales nucleares españolas.

Otras supuestas injusticias: amortizaciones y mercados a largo plazo

Por su parte, otra de las organizaciones patronales, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, manifestaron un "fuerte rechazo" al decreto del Gobierno, mencionando el recorte a los beneficios del gas, a diferencia de Foro Nuclear. Recordaron que la mayor parte de su producción hidroeléctrica y nuclear está vendida en los mercados a largo plazo, por lo que no se están beneficiando de la subida del pool: sin embargo, por el mismo motivo, el fin de los beneficios caídos del cielo no afecta a estos contratos.

Tanto Aelec como Foro Nuclear recordaron durante la tarde del martes que las centrales nucleares necesitan grandes inversiones para hacer las reformas necesarias que alarguen la vida útil de las instalaciones: por lo que no están "amortizadas", como asegura el Gobierno, que considera que no necesitan de los "beneficios extraordinarios" que les genera el pool para subsistir.

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En una entrevista con eldiario.es, el presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de REE Jorge Fabra asegura que sí que es posible que las centrales no estén amortizadas. Pero las hidroeléctricas más antiguas, que también están sobrerretribuidas, claramente lo están. "Las, por llamarlo de alguna forma, sobreamortizaciones para plantas que han recibido más dinero del necesario de la tarifa del consumidor para su amortización, fundamentalmente centrales hidroeléctricas, tendrían que haberlas convertido en provisiones y reservas para las amortizaciones pendientes de las nucleares", explica el experto. 

Foro Nuclear pidió un precio fijo para las centrales, al estilo de Francia. Curiosamente, la misma propuesta que hizo Unidas Podemos. El Gobierno y los expertos han explicado que esa opción es prácticamente imposible. No se puede seguir el ejemplo francés: la Comisión Europea aprieta para poner fin a una excepción elaborada de manera previa a la última directiva europea sobre el mercado, y participa una empresa pública que en España es inexistente.

La batalla entre eléctricas y Gobierno, tras años de acuerdo, solo acaba de empezar y amenaza con convertirse en una guerra. El Ejecutivo, por ahora, está lejos de rectificar su posición: el presidente, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que no van a ceder a ningún tipo de "presión particular" y la ministra Ribera recordó que las eléctricas no pueden cerrar nucleares unilateralmente. Sin embargo, se da por hecho que las compañías recurrirán a los tribunales. Y los analistas no tienen tan claro que las medidas del Gobierno se ajusten exactamente a derecho: sobre todo, al comunitario, aunque el ministerio está convencido de ello.