Ocho años por protestar contra la reforma laboral: “No hay penas suficientes para gente dispuesta a defender sus derechos”

Factoría de Airbus en Getafe (Madrid), 7.00 horas del 29 de septiembre de 2010. Varios centenares de sindicalistas y trabajadores de la compañía se concentran a las puertas del centro de trabajo en un piquete informativo durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada desde el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Decenas de antidisturbios se encontraban en las inmediaciones, por lo que José Alcázar, que en aquel momento tenía 60 años y era el presidente del comité intercentros, decidió identificarse y hablar con el responsable del operativo policial al ver que la tensión aumentaba por momentos en las puertas de la empresa. "Todo se descontroló cuando un trabajador trató de acceder a la empresa. Hubo cargas policiales, en las que incluso un policía utilizó su arma reglamentaria disparando al aire, que acabaron con decenas de heridos", explica a infoLibre Alcázar en conversación telefónica. 

El sindicalista, que hoy tiene 65 años y está prejubilado, recalca que cuando cuenta lo sucedido le gusta hacerlo explicando el contexto previo. "Desde 1999 hasta el año 2010 no se ha producido ninguna huelga en Airbus. No somos una empresa conflictiva gracias al acuerdo y entendimiento entre todas las partes", apostilla el entonces responsable sindical. Sin embargo, ese día decidieron sumarse a las protestas porque, en palabras de Alcázar, "somos trabajadores y hay que intentar defender nuestros derechos laborales". "Si no hemos sido una empresa conflictiva, ¿qué se buscaba desplegando a antidisturbios desde las 7 de la mañana si lo único que existe es normalidad y consenso?", se pregunta al respecto.

Tras esto, comenzó una investigación policial para identificar a todos aquellos que habían participado en los enfrentamientos. "Al día siguiente –explica Alcázar– la Policía se personó en mi domicilio y me comunicó que tenía que acudir al juzgado. Me acompañaron dos compañeros, que al llegar también fueron identificados por la Policía e imputados", detalla. Además, el juez instructor del caso pidió a la dirección de la empresa que se identificasen a todos aquellos trabajadores que habían acudido al botiquín con lesiones. Tras tener la lista, los incluye en la imputación. Al final de este proceso, quedan imputadas 14 personas, grupo que posteriormente se reduce a los ocho que el próximo 1 de julio, a las 10.00 horas, vuelven a estar citados para fijar la fecha de juicio oral.

Las personas imputadas, que han estado muy vinculadas a la actividad sindical en la empresa, se enfrentan a penas de 8 años y 3 meses de cárcel cada uno, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe. El juez les imputa "un delito contra los derechos de los trabajadores –artículo 315.3 del Código Penal–, un delito de atentado –art. 550 y 551.1–, cuatro delitos de lesiones –art. 147.1– y siete faltas de lesiones –art.617.1–". De todos ellos, parece que el que más duele a Alcázar es el 315.3: "Ha habido varios intentos de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Nos han ofrecido rebajarnos las penas si aceptamos los delitos que nos imputan. Sin embargo, no habrá acuerdo si no hay retirada del delito contra los derechos de los trabajadores. No voy a aceptar hechos que no he cometido, sería traicionar a mi trayectoria", asevera.

"Lo asumiremos"

El sindicalista deja claro que, aunque no quiere ir a la cárcel, no le da miedo afrontar esta situación. "Si en 2015 tenemos que entrar en prisión por defender los derechos de los trabajadores, lo asumiremos", apostilla, añadiendo a renglón seguido que no han "robado, malversado o cometido ningún delito" y reiterando, de nuevo, que no firmará "nada" que acepte "estos delitos" de los que está acusado para "evitar ir a la cárcel". Lo que más le entristece, dice, es "pasar de esta manera" sus años "jubilado". "Me entristece, pero a la vez me enorgullece", aclara.

Además, dice que lo que más ha sentido durante todo el proceso judicial es una sensación de "indefensión". "Ni siquiera se investigaron los disparos de aquel policía al aire con su arma reglamentaria durante las cargas policiales a la puerta de la factoría", señala.

Una postura similar mantiene Enrique Gil, otro de los imputados y actual secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Airbus Getafe. Asegura encontrarse "muy animado". "Lo teníamos claro desde el principio, no es algo que nos llegase por sorpresa", indica, sentenciando de forma contundente: "No hay penas suficientes para gente dispuesta a defender lo que les corresponde".

"Represión y criminalización de los sindicatos"

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Esta sentencia "desproporcionada", en opinión de Alcázar, busca la "represión y criminalización de los sindicatos". "Si a los máximos responsables sindicales de una empresa grande e importante como Airbus les sentencian a todos estos años por defender los derechos de los trabajadores, ¿quién va a querer ser el máximo responsable sindical en una empresa pequeña después de lo que está pasando?", explica.

Desde que se notificó la imputación, todos los 29 de mes se celebran concentraciones frente a las puertas de diferentes factorías de la compañía para expresar el rechazo a esta decisión judicial. Alcázar asegura que han tenido muchos apoyos, tanto de diferentes Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos como de la propia dirección de la empresa. "Muchos Consistorios, independientemente de su ideología política, así como los Parlamentos autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha aprobaron resoluciones por unanimidad de apoyo a los ocho y rechazando las acusaciones", explica a este diario. 

Finalmente, este martes 1 de julio se conocieron las fechas del juicio oral: 19, 20, 21 y 22 de enero del próximo año. Según aseguró Alcázar a este diario tras la salida de la vista a la que les habían convocado, convocarán "movilizaciones a nivel nacional durante los cuatro días". "Esa semana quedará grabada como la semana de la pelea por la libertad y democracia", señaló.