Comienza el juicio contra los ‘ocho de Airbus’ en una semana repleta de movilizaciones

Esta semana comienza en Getafe el juicio contra los ocho sindicalistas de la empresa Airbus acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores –artículo 315.3 del Código Penal–, otro de atentado –art. 550 y 551.1–, cuatro delitos de lesiones –art. 147.1– y siete faltas de lesiones –art.617.1– por los acontecimientos acaecidos durante un piquete informativo a las puertas de la factoría en Getafe el 29 de septiembre de 2010, día de la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En total, el Ministerio Fiscal pide un total de 66 años de prisión, 8 años y 3 meses de cárcel para cada uno de ellos. "Es una condena brutal y fuera de cualquier tipo de proporcionalidad. Se ha presentado una realidad manipulada y deformada completamente", señala en este sentido Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.

El juicio se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 de febrero en la localidad madrileña. José Alcázar y Enrique Gil son dos de las personas imputadas. Los sindicalistas, de la rama de CCOO en la empresa, se muestran seguros y tranquilos a pesar de estar jugándose casi una década en prisión lejos de sus familias. "No siento miedo", afirma a infoLibre el primero de ellos, que explica que durante estos cinco años se han sentido "totalmente arropados". "Estoy un poco ilusionado incluso, porque ya ha llegado el punto clave del proceso. Después de tanto tiempo se va a acabar todo. Es un alivio", completa Gil en declaraciones a este diario. Sin embargo, señala que alguno de sus compañeros imputados se encuentra "muy jodido" porque la situación "le está afectando a nivel personal".

Huelga general y disparos al aire

Los hechos se produjeron en la mañana del 29 de septiembre de 2010. Varios centenares de sindicalistas y trabajadores de la compañía se concentraban a las puertas del centro de trabajo en un piquete informativo durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el entonces Ejecutivo socialista. En ese momento, Alcázar tenía 60 años y era el presidente del comité intercentros. "Recuerdo que al llegar vimos a varios antidisturbios apostados en una de las puertas traseras de la factoría. Era algo inusual, y más si tenemos en cuenta que Airbus nunca ha sido una empresa conflictiva, siempre se ha caracterizado por el acuerdo y entendimiento de todas las partas", recuerda el sindicalista. "La compañía siempre ha entendido que la mejor estrategia era la de ganar-ganar", agrega Gil.

Sin embargo, la situación se tensó cuando un trabajador de la compañía trataba de acceder a su puesto de trabajo. "Se produjeron cargas policiales en las que incluso uno de los policías llegó a utilizar su arma reglamentaria disparando al aire. Era algo que no había visto yo en toda mi vida", continúa Alcázar, que recuerda como si fuera ayer los acontecimientos. Siete disparos que fueron captados en dos grabaciones de vídeo difundidas por UGT y CCOO. Los sindicatos pidieron la destitución del mando policial al cargo del agente y la amonestación del resto de policías. Según la entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce, la actuación "intimidatoria" se produjo cuando los antidisturbios se percataron de que dos de sus compañeros se habían quedado en el interior del recinto y estaban recibiendo "golpes y puñetazos". 

"Aquel día no se produjo ninguna detención. Yo me identifiqué antes de las cargas al ser el presidente del comité intercentros, por lo que al día siguiente me vienen a buscar a mi casa porque al parecer tenía una denuncia. Me acompañaron al juzgado dos compañeros, que fueron identificados por la Policía al llegar y también son imputados", prosigue narrando Alcázar. Posteriormente, el juez solicitó a la empresa el listado de todas aquellas personas que habían acudido esa mañana al botiquín de la compañía. "En un primer momento fuimos catorce el número de imputados, pero tras una rueda de reconocimiento en el año 2012 esta cifra se redujo a ocho, siete de CCOO y uno de UGT", añade el sindicalista. En concreto, además de los dos mencionados, tendrán que acudir a los juzgados esta semana Tomás García, Armando Barco, Jerónimo Martín, Raúl Fernández, Edgar Martín y Rodolfo Malo. "Es curioso que todos nosotros hayamos aparecido siempre en las listas para las elecciones sindicales", concluye Alcázar.

Un "desastre" de instrucción

"El proceso de instrucción, desde el primer momento, ha sido un desastre", afirma de forma tajante Empar Pablo, secretaria confederal de Movimientos y Redes Sociales de Comisiones Obreras y coordinadora de la campaña "Huelga no es delito". La dirigente sindical explica que durante estos años se han producido "hechos tan marcianos" como la ronda de reconocimiento "con presos comunes" a la que fueron sometidos todos los acusados. Una opinión con la que coincide Gil: "Nos han metido a todos, al igual que a los más de 300 sindicalistas que se encuentran en una situación similar en nuestro país, los mismos delitos. Es el paquete básico", señala a este diario. Sin embargo, asegura que todo el proceso "se ha construido en base a cuestiones totalmente circunstanciales". 

Además, Empar Pablo recalca la dureza de las penas que el Ministerio Fiscal pide para los ocho de Airbus. "Nunca se había dado una situación de interpretación del Código Penal en esta línea. Es una condena desproporcionada", apostilla. "Esta petición tan fuerte es algo insólito en la historia de la democracia", completa el entonces presidente del comité intercentros, que hoy tiene 65 años y ya está prejubilado. En este sentido, José Alcázar relaciona su caso con el proceso 1001, en el que diez sindicalistas de CCOO fueron condenados en 1972 a un total de 162 años de prisión. "Después de 44 años, vuelve a suceder lo mismo", concluye. 

"Criminalizar al movimiento obrero"

Los dos sindicalistas están convencidos de que estas penas buscan "que el derecho a huelga sea imposible de ejercer en España". "Se ha querido criminalizar al movimiento obrero y al movimiento sindical con una decisión que tiene tintes ideológicos", afirma Alcázar en conversación telefónica. "Con el nivel de efervescencia social que hay en estos momentos se pretende mantener un control por la vía del miedo", completa Gil. Empar, por su parte, respalda las opiniones de sus compañeros: "La idea es que te lo pienses dos veces antes de secundar una huelga o participar en un piquete", apunta.

La Fiscalía, según cuentan los sindicalistas, ha intentado negociar con los ocho trabajadores de Airbus en tres ocasiones: el 10 de diciembre de 2014, el 11 de febrero de 2015 y el 1 de julio de ese mismo año. Sin embargo, han rechazado la propuesta del Ministerio Fiscal de reducirles a un año la pena de prisión si aceptaban los tres delitos que se les imputaban. Sin embargo, decidieron no hacerlo porque eso suponía aceptar que con su actuación en las puertas de la factoría habían cometido el delito recogido en el artículo 315.3 del Código Penal –"Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga"–.  "Siendo nosotros la referencia de los otros 300 conflictos en el país, no podíamos aceptar lo que pedía la Fiscalía porque afectaría al resto de casos similares en España", mantiene Gil.

"De cada una de sus palabras brota la dignidad de esa firmeza que tienen en proteger los valores que ellos representan como defensores de los intereses de los trabajadores", asegura la secretaria confederal de Movimientos y Redes Sociales de Comisiones Obreras. Empar Pablo explica también que lo que más les cuesta asimilar es que les estén acusando de "ir en contra de los derechos de los trabajadores" cuando no se conoce el caso de ningún empresario que esté en una situación similar "por impedir el derecho al trabajo". En este sentido, los dos sindicalistas se sienten "orgullosos" y "privilegiados" de haber formado parte "de esta causa" para poder "defender al conjunto de los trabajadores" y "tratar que se termine con la presión sobre ellos".

Fuerte respaldo social y político

Después de cinco años, los ocho de Airbus se sienten respaldados, tanto a nivel social como político. Así, estas últimas semanas han estado "hasta arriba" de actos, el último de ellos el pasado martes en el Teatro García Lorca de Getafe, donde participaron diferentes dirigentes sindicales de UGT y CCOO, así como representantes políticos de todos los grupos municipales –excepto del PP–, la alcaldesa del municipio y secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández, y diputados de ERC en el Congreso de los Diputados. Este encuentro se suma al multitudinario acto celebrado el pasado 19 de septiembre en el auditorio Marcelino Camacho de la capital, en el que estuvieron presentes personalidades del mundo de la cultura –Almudena Grandes y Miguel Ríos– y la política: Mari Luz Rodríguez (PSOE), Sara Hernández (PSOE), Alberto Rodríguez (Podemos), Rafael Mayoral (Podemos), Cayo Lara (IU), Paloma López (IU) y Carles Campuzano (DiL).

"Si no hubiera sido por los apoyos nos hubiera resultado imposible llegar hasta aquí", afirma Alcázar. Los dos sindicalistas, además del apoyo social, quieren recalcar el que les ha llegado por parte de las formaciones políticas a nivel nacional. "Parte del objetivo que buscábamos ya lo hemos conseguido. Los partidos se han comprometido a derogar en la próxima legislatura el artículo 315.3 del Código Penal", señala Gil. Ambos aseguran que, por tanto, "ese juicio" colectivo "ya lo han ganado". "Luego, a nivel personal, todo esto tendrá un coste que cada uno de nosotros ya hemos decidido asumirlo", sentencia Gil.

En este sentido, el PSOE ya ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para derogar el tercer apartado del artículo 315. "Sobre esta decisión, hay que recalcar que se ha introducido en el texto una cláusula adicional en la que se insta a los jueces a que una vez que se produzca la derogación se revisen todas las sentencias firmes en este sentido", añade Ferrer. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también aprobó el pasado 27 de septiembre, con el apoyo de Ahora Madrid y PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, una moción de apoyo a los sindicalistas, además de un compromiso en la defensa del derecho a huelga.

Gran movilización en Madrid

Desde hace dos años, todos los 29 de cada mes los trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la factoría en Getafe. Alcázar asegura a este diario que "lejos de reducirse el número de asistentes a estos actos, ha aumentado con el paso del tiempo". "El mantenerte en un conflicto a lo largo del tiempo es muy complicado", señala Gil, que añade que "a todos los ejércitos" les "gustan las guerras rápidas". "Lo más importante es que se mantenga en lucha el núcleo duro", concluye al respecto la coordinadora de la campaña "Huelga no es delito".

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Por este motivo, desde CCOO y UGT se ha elaborado un calendario de actos durante los cuatro días que dura el juicio para que los ocho de Airbus estén acompañados en todo momento. Así, según explican a infoLibre, el próximo 9 de febrero hay convocada una manifestación que arrancará a las 8.30 de la mañana desde la factoría hasta los juzgados de Getafe, recorriendo gran parte del municipio madrileño y contando con la participación de la corporación municipal. Durante la marcha se desplegarán dos pancartas. La primera de ellas será llevada por los sindicalistas acusados, que tendrán que abandonar el acto después de recorrer el primer tramo para desplazarse al juicio, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.

"El resto de días habrá una presencia constante de delegados y responsables sindicales en los juzgados de Getafe", señala Empar Pablo, que añade que el segundo acto multitudinario se celebrará el 11 de febrero en el centro de Madrid. Será una manifestación, que recorrerá, desde las 18.30, el tramo que separa Cibeles y Sol y ha sido convocada de manera unitaria por todos los sindicatos. "Hace años que no existía esa unidad en torno a un tema", señalan desde CCOO. Con todo ello, los ocho sindicalistas esperan que la decisión del juez sea favorable a los acusados y termine el proceso con su absolución. De no ser así, aseguran que ya han pedido a los partidos políticos una amnistía social. "No queremos un indulto porque nosotros no hemos cometido ningún delito", señala Acázar.

Ya han pasado cinco años desde que se produjeron los hechos. Esta semana, con todas las cartas sobre la mesa, los trabajadores de Airbus se sentarán en el banquillo esperando "que impere la verdad". Están convencidos, como dice Gil, de que "el juicio no se sostiene": "Si sale mal, lo llevaremos allí donde haga falta para defender el derecho a huelga", añade. El sindicalista suelta una carcajada, porque prefiere "llevarlo con humor", y concluye: "En este país, además de políticos presos, ahora quieren presos políticos. Para compensar la balanza".