Olga Reverte (Asociación de Mujeres Juezas): "Ha llegado el momento de que una mujer presida el CGPJ"

No tienen una candidata concreta. Tampoco plantean que sea de tendencia progresista o más bien conservadora. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) inició el pasado 30 de julio una campaña de recogida de firmas en internet a favor de que se elija una presidenta para el Consejo General del Poder Judicial. La iniciativa, que ha recogido ya 2.665 apoyos, ha generado una fuerte reacción en la derecha judicial, representada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Olga Reverte (1970), magistrada titular del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia y miembro de la coordinadora de AMJE, asegura que el manifiesto a favor de que se elija a una de las cinco candidatas en lugar de a uno de los dos hombres que optan al puesto está basado, no solo en la ley de paridad, que entrará en vigor el próximo 22 de agosto, sino en múltiples textos normativos nacionales a internacionales, así como en recomendaciones de Naciones Unidas. A la espera de la reunión de este 19 de agosto, el Pleno del CGPJ permanece bloqueado en torno a dos candidatos. Los 10 vocales progresistas apoyan a Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mientras que los 10 nombrados a propuesta del PP se decantan por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, miembro de ese mismo tribunal.

¿Cómo surgió la idea de iniciar una campaña en internet para defender que una mujer sea presidenta del CGPJ?

La iniciativa se tomó en la coordinadora de AMJE de la que formo parte el 30 de julio de 2024. Lo que busca es que cualquiera que comparta que estamos ante una oportunidad histórica para que una mujer llegue al cargo después de 40 años suscriba el comunicado. El texto es la consecuencia lógica de otros anteriores, como el que hicimos el 8 de marzo para hacer hincapié en la igualdad de género, que está lejos de cumplirse, u otro del 10 de marzo, día internacional de la mujer jueza, donde se reclama mayor representatividad de estas haciendo eco de datos del propio CGPJ. En este último se recordaba que solo el 22,58% de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo son mujeres. De las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia solo dos correspondían a magistradas. Y lo mismo con las Audiencias Provinciales que son 50, de las que solo ocho tienen presidentas. Para corregir este desequilibrio, y en aplicación del II Plan de Igualdad del Consejo, antes de que se produjera la renovación, tanto AMJE como la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia hicimos llegar a la Comisión Permanente del Consejo una propuesta para que en el nombramiento de cargos discrecionales fuera obligatorio considerar el 80% de los méritos conforme a criterios objetivos para dejar el 20% restante a criterios discrecionales. También propusimos que se motive el contraste de todas las personas candidatas con transparencia y fundamentación de la elección que finalmente se adopte.

En la carrera judicial, la representación de las mujeres es palmaria a nivel de base, pero no al nivel de la cúpula de las altas instancias, la de los nombramientos discrecionales. Esperamos que la ley de paridad pueda corregirlo

¿Qué normativa nacional e internacional apunta a que sea una mujer la próxima presidenta?

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece en su artículo 23 que la igualdad deberá garantizarse en todos los ámbitos, incluso en materia de empleo, trabajo y retribución. Ese texto establece también que ese principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado que, en este caso es el femenino. También está la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, de 1979. La declaración de Pekín (1995), también de la ONU, como otros acuerdos instan a incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos. El objetivo 5.5 de la Agenda 2030 es el de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Y por supuesto, el Plan de Igualdad del propio Consejo, que tiene como objetivo prioritario garantizar la representación paritaria en cargos de representación discrecionales. En la carrera judicial, la representación de las mujeres es palmaria a nivel de base, pero no al nivel de la cúpula de las altas instancias, la de los nombramientos discrecionales. Esperamos que la ley de paridad, que entra en vigor el próximo 22 de agosto, pueda corregirlo.

¿Tiene la AMJE una candidata concreta? ¿Debe ser progresista o conservadora?

No tenemos ninguna candidata. Nuestro comunicado es bien claro. Lo que planteamos es que de los siete candidatos al puesto, cinco mujeres y dos hombres, el nombramiento vaya a una mujer. Nuestro objetivo no es designar a una persona en concreto porque el debate y la votación le corresponde al propio Consejo. Nuestros estatutos establecen que AMJE es una asociación independiente y de ella formamos parte juezas, jueces, magistradas, magistrados y profesionales relacionados con el derecho y con la administración de justicia de distintos ámbitos. Tenemos derecho a dar nuestra opinión sobre el nombramiento y lo que planteamos es garantizar la paridad y la representación de las mujeres en órganos institucionales de alta responsabilidad.

Incluso si finalmente la presidenta del CGPJ fuera una mujer, las mujeres continuarían infrarrepresentadas en el órgano. Ahora hay 12 hombres y ocho mujeres. Nueve en caso de que se nombre a una mujer

La ley de paridad entra en vigor la semana que viene, ¿cómo afectará al nombramiento de la presidenta o presidente?

La ley de paridad supone un argumento más. Un argumento legal de derecho objetivo. La propia exposición de motivos de la norma hace referencia a todas las normas nacionales e internacionales que son el paso previo y el punto de partida para esta ley en la que se culmina que haya una aplicación efectiva no solo en el Consejo, sino en otras altas representaciones públicas y privadas como sindicatos, colegios profesionales, etcétera. Incluso si finalmente la presidenta del CGPJ fuera una mujer, las mujeres continuarían infrarrepresentadas en el órgano. Ahora hay 12 hombres y ocho mujeres. Nueve en caso de que se nombre a una mujer. Pero es que si eligen a un candidato masculino, la representación por sexos se quedará en un 62% de hombres frente a un 38% de mujeres, un porcentaje inferior al mínimo que establece la ley, que es del 40%.

¿Cabría recurrir el nombramiento en caso de que finalmente el presidente fuera un hombre?

Por supuesto que cabe recurso. Que sea un hombre o una mujer no es por sí solo un motivo de recurso, pero sí que la elección no responda a los criterios de mérito y capacidad, al principio de oportunidad o que no cumpla la legislación nacional o internacional vigente. Una recomendación de la Asamblea General de la ONU de junio de 2015, incluida en el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, indicó que el Estado español debe adoptar medidas especiales para garantizar la representación de las mujeres en los niveles más altos de la judicatura.

Los vocales han presentado a siete candidatos de los que cinco son mujeres, ¿está justificado que 10 de ellos apoyen para el puesto a un hombre?

Cada uno de los miembros del Consejo tiene libertad soberana para elegir y votar al candidato o candidata que considere más idóneo. Si en este momento no se ha conseguido un consenso no quiere decir que no se consiga en un futuro. AMJE no se decanta por ninguno de los que optan al puesto, ni hombres ni mujeres. Solo insiste en esta oportunidad histórica de conseguir que sea una mujer. No queremos que sea un hecho aislado, sino el inicio de otras muchas decisiones a favor de que las mujeres juezas tengan presencia en los órganos de alta representación institucional.

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El debate es libre y nuestra opinión está fundada en derecho porque somos mujeres juezas. Una vez que ya están nombrados los vocales, el paso siguiente es elegir al presidente o presidenta. Hay que recordar que el Consejo lleva mucho retraso en su renovación y tiene multitud de tareas pendientes. Cuanto antes se proceda a la elección por el mayor consenso posible, mejor para la ciudadanía en general y para la administración de justicia y las juezas y jueces que desempeñamos nuestro trabajo diariamente.

El Consejo sigue sin regular la carga de trabajo de la carrera judicial a pesar de que así se lo ha ordenado el Supremo, lo que afecta especialmente a las mujeres juezas que tienen hijos o personas mayores a su cuidado

¿Qué ventajas para la justicia y la sociedad en general tendría la elección de una mujer?

Supondría integrar el talento femenino en la toma de decisiones de la judicatura, un paso crucial hacia un mundo más justo, equitativo y representativo, aprovechando que las mujeres somos mayoría en la carrera judicial. Pese a ello estamos infrarrepresentadas en los puestos de altos nombramientos que son discrecionales y que no responden únicamente a méritos de capacidad y objetividad. Existe un techo de cristal respecto a puestos discrecionales y altos cargos constitucionales. Además, el Consejo sigue sin regular la carga de trabajo de la carrera judicial a pesar de que así se lo ha ordenado el Supremo, lo que afecta especialmente a las mujeres juezas que tienen hijos o personas mayores a su cuidado, lo que les impide, en muchos casos, formarse y mejorar sus currículos para poder acceder a los puestos más altos de la magistratura.