Los dos bloques del CGPJ se conjuran para elegir la Presidencia antes de la apertura del año judicial

Tres semanas después de echar a andar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue a la búsqueda del que será su primer gran acuerdo tras la renovación: la elección de la Presidencia del órgano de gobierno de los jueces y, por ende, también del Tribunal Supremo. El pacto, por el momento, parece más lejano que cercano. Aún queda, coinciden algunas fuentes pulsadas por infoLibre, trabajo por hacer. No obstante, ambos bloques se han conjurado para intentar atar la designación más pronto que tarde. El objetivo que se han fijado tanto los conservadores como los progresistas, que han puesto en marcha una comisión negociadora, es desatascar el nombramiento antes de la apertura del año judicial, que se celebrará la primera semana de septiembre.

El mismo día en que tomaron posesión los nuevos vocales, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó la relación de aspirantes para llevar las riendas del órgano de gobierno de los jueces durante el próximo lustro. Sobre la mesa, siete nombres: cinco mujeres y dos hombres. Todos, procedentes del Alto Tribunal –tres de la Sala de lo Penal y cuatro de la de lo Contencioso-Administrativo–. El bloque conservador propuso a Carmen Lamela, Antonio del Moral, Esperanza Córdoba y Pablo Lucas, al que se ubica dentro del sector progresista –aunque con un perfil moderado– de la judicatura. La propuesta de la contraparte incluyó a Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet, a quien se sitúa en el ala conservadora de la magistratura.

Al comienzo del último mandato, el del bloqueo eterno, la elección de la Presidencia fue casi automática. A la primera, Carlos Lesmes logró hacerse con las riendas del órgano. Pero en este nuevo, la designación se está haciendo de rogar. Los tres primeros intentos fracasaron. Ninguno de los aspirantes consiguió en las distintas votaciones realizadas la mayoría de tres quintos necesaria, doce votos que obligan a un acuerdo entre los dos bloques del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores se mantuvieron firmes en su respaldo a Lucas. Los progresistas, por su parte, en su apoyo a Teso, al considerar que ya es hora de romper el techo de cristal en una judicatura feminizada –nunca una mujer ha presidido el CGPJ y el Supremo–.

Algunas voces dentro del órgano de gobierno de los jueces quitan dramatismo a la falta de acuerdo en los primeros intentos para elegir a la persona que ostentará el voto de calidad dentro de un órgano repartido de forma igualitaria entre los dos sectores –cada uno de ellos cuenta con diez vocales– y que tendrá en sus manos el control de los tiempos –corresponde a la Presidencia convocar y fijar el orden del día de los Plenos–. Dicen que no hay un "sentimiento de frustración" ni de "pesimismo", que no están "a leches" y que el acuerdo es "posible". Es más, sostienen que esta situación demuestra que la elección está exclusivamente en manos de los nuevos miembros del Poder Judicial y no viene "impuesta" desde la arena política.

A la vista de las dificultades para alcanzar un pacto, ambos bloques decidieron poner en marcha una comisión negociadora. De ella forman parte ocho de los vocales. Cuatro, del sector progresista: José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas, Esther Erice y Ramón Arozamena. Y cuatro, del conservador: José Antonio Montero, José María Páez, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal. Está previsto que los contactos entre los dos bloques, según explican fuentes de este grupo, se reanuden formalmente a partir del próximo lunes. Ese día está fijada una nueva reunión del Pleno para adoptar "acuerdos por razones de urgencia" relacionados con el día a día de la judicatura, como prórrogas de licencias, jubilaciones, trienios o declaraciones de compatibilidad.

El objetivo que se han marcado ambos sectores del Poder Judicial es dejar atado el pacto antes de que los tribunales levanten de nuevo la persiana –agosto es inhábil–. "Para la apertura del año judicial tiene que haber ya una Presidencia", dice tajante un vocal del bloque conservador. "Esperamos todos ese acuerdo antes de abrirse el año judicial", coincide, por su parte, otro del progresista. "Querríamos que la apertura de tribunales la hiciera la nueva presidenta", reitera una tercera voz dentro del órgano de gobierno de los jueces. El acto más solemne del curso judicial, el primero con un CGPJ renovado tras más de un lustro de bloqueo, se celebrará el primer jueves de septiembre en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Unos y otros tendrán, por tanto, poco más de dos semanas de margen para intentar entenderse. Unas negociaciones en las que la "discreción", considera uno de los vocales consultados, debe ser "la regla". El pacto no será sencillo. "Queda mucho por pedalear", deja caer una de las personas que forma parte de la comisión negociadora. En los últimos días, la Asociación de Mujeres Juezas, que cuenta con una vocal en el Consejo –Lucía Avilés–, ha puesto en marcha una campaña exigiendo un liderazgo femenino, en línea con la posición progresista –tras Teso, su segunda apuesta es la de Ana Ferrer–. Una posibilidad a la que se abrieron los conservadores en el último Pleno. Eso sí, agarrándose a sus candidatas. "Si tiene que ser mujer, ahí estaremos", deslizan fuentes de este bloque.

Un centenar de nombramientos pendientes

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Mientras tanto, los grandes retos del renovado Consejo General del Poder Judicial siguen a la espera. Tras un lustro de bloqueo, tiene pendientes de cubrir más de un centenar de vacantes en la cúpula judicial. El tribunal más castigado es el Supremo, con un agujero que equivale a más de un 30% de su plantilla. A esto se le suman dos plazas vacías en la Audiencia Nacional, otras cuarenta en los Tribunales Superiores de Justicia, una treintena más en las Audiencias Provinciales y otras tantas en la jurisdicción militar. Nombramientos para los que también será necesario construir consensos, ya que requieren una mayoría de tres quintos. Y que deberán pasar antes por la recién recuperada Comisión de Calificación, un órgano que el PP eliminó con su reforma de 2013.

Está por ver, no obstante, si la renovación de la cúpula judicial se puede abordar en caso de que la parálisis en la elección de la Presidencia se alargue. El Gabinete Técnico emitió recientemente, a petición del Pleno, un informe sobre las posibilidades de actuación de los vocales hasta la total integración del CGPJ con la designación de un presidente. En él, señaló que las competencias que recoge la ley corresponden al órgano completo. No obstante, resaltó que eso no puede perjudicar a los propios jueces. Por eso, consideró "justificado" que el Pleno pudiese, por razones de urgencia, adoptar acuerdos sobre jubilaciones, trienios o compatibilidades. No se descarta, por tanto, que de persistir el bloqueo se pueda pedir otro sobre la posibilidad de activar los procesos de nombramiento.

También en el horizonte se encuentra todo lo relativo a la reforma del sistema de elección del Poder Judicial. La última reforma legal acordada por PP y PSOE da, desde su entrada en vigor, seis meses al órgano para elaborar un informe sobre los sistemas de elección de órganos similares en la Unión Europea y poner sobre la mesa una "propuesta de reforma" en relación con los vocales de procedencia judicial. Un plazo que concluye el 6 de febrero de 2025. Pero para la aprobación de la misma es necesaria, de nuevo, una mayoría de tres quintos. Sin embargo, algunas voces del sector conservador no creen que la parálisis de ahora anticipe un "bloqueo" sobre este asunto, que ven puramente "técnico". Se verá en los próximos meses.