Las ONG denuncian "el doble rasero" de las autoridades españolas que critican las políticas migratorias de Trump

"Hay que promover los mundos abiertos, mundos globales, intercambios culturales, económicos y personales". Son palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este lunes criticó las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y apostó por "garantizar la libre circulación de personas y de servicios". El propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, expresó el jueves pasado en declaraciones a Onda Cero su opinión al respecto. A la pregunta: "¿el presidente Rajoy cree en los muros en las fronteras?", éste respondió: "no, el presidente Rajoy lleva muchos años defendiendo una política de inmigración actuando en origen". El líder conservador añadía, además, que "la gente que no puede vivir dignamente no tiene más remedio que ganarse la vida en otros países donde sí puede hacerlo" y subrayaba que "España es un ejemplo de integración".

Las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes, sin embargo, difieren de las afirmaciones del Ejecutivo del PP, y critican la "falta de coherencia" que desprenden las palabras de sus representantes.

La incoherencia del Gobierno

Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo, entiende que las declaraciones de los miembros del Gobierno "son un claro ejemplo de doble rasero". El activista señala en conversación con infoLibre que, a través de afirmaciones como las de Rajoy y Catalá, "están indignándose con todo lo que está haciendo Trump mientras a su vez se están aplicando políticas que no tienen ese impacto, pero que tienen un corte similar".

Como ejemplo, Gerehou señala que en EEUU está prohibida la entrada a los refugiados, y aunque en España no existe ninguna orden similar, el Gobierno se comprometió a acoger a 17.387, pero el año 2016 cerró con la admisión de únicamente 898 del total. "Sobre lo que ocurre fuera hay mucha crítica, pero aquí se hacen oídos sordos", lamenta el presidente de SOS Racismo.

La portavoz de Amnistía Internacional, Verónica Barroso, denuncia que "lamentablemente, España ha sido pionera en la UE a la hora de adoptar medidas de control migratorio como vallas o acuerdos de externalización con otros países". En este sentido, censura que, "con independencia de que los estados tengan derecho a controlar los flujos migratorios, tienen que respetar los derechos humanos" de las personas migrantes, algo que, a juicio de la activista, "España no está cumpliendo". Las declaraciones de los miembros del PP, opina, "hablan por sí solas".

Paula San Pedro, responsable de incidencia política en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, valora positivamente "el hecho de que el Gobierno haya condenado" las políticas de Trump, aunque matiza "que ha tardado algún tiempo en hacerlo en comparación con otros líderes europeos". Sin embargo, añade, "es importante recordar la coherencia", y en este caso las críticas "tienen que venir acompañadas de coherencia en las políticas". San Pedro reprocha que los miembros del Ejecutivo "critiquen y no apliquen esas mismas recetas para España y para Europa". 

La activista de Oxfam Intermón recuerda la política de externalización de fronteras que alcanzó su máximo exponente con el acuerdo entre Turquía y la UE, suscrito por España, y puesto en marcha en marzo de 2016. "Esta semana se pactará un acuerdo con Libia, para cerrar la frontera antes de verano", lamenta San Pedro, quien entiende que si los miembros del Gobierno "realmente apuestan por esa libertad de movimiento, tendrían que fomentarla", algo que no parece tener cabida en España ni en los países de su entorno.

España, lejos de ser un ejemplo

El presidente de EEUU ha activado todas las alarmas respecto a sus decretos en materia de inmigración. Una de las medidas que más impacto ha generado es la pretensión de continuar con la construcción del muro que ya levantó Bill Clinton en 1994, en la frontera con México. El secretario de Seguridad Nacional ha asegurado que "tomará todas las medidas necesarias para identificar los recursos disponibles para construir, operar y controlar inmediatamente instalaciones para detener indocumentados en la frontera". Se trata de un escenario que no es ajeno en España. "Tenemos una muralla en la frontera sur donde ha muerto mucha gente, y que además cuenta con concertinas para provocar más daño", denuncia Moha Gerehou.

En su entrevista en Onda Cero, Mariano Rajoy fue preguntado por las polémicas vallas de Ceuta y Melilla. "La prioridad es actuar en origen; a partir de ahí, necesitamos personas que vengan legalmente", zanjaba el conservador en lo que Gerehou califica de "un discurso muy habitual". El problema, continúa el activista, surge cuando "las ayudas para la cooperación al desarrollo han ido disminuyendo a lo largo de los años".

En el año 2015, España logró el dudoso privilegio de convertirse en el país de la OCDE que más recortó en ayudas al desarrollo. Oxfam Intermón denunció en su informe La realidad de la ayuda que, entre el 2008 y el 2012, España redujo las partidas de colaboración en un 70%. Además, "las veces que existe esa cooperación, como con Marruecos y Senegal, se destina a un refuerzo de su seguridad, y no al bienestar", recalca Gerehou. Es decir, se busca "impedir que salgan las personas para llegar a España".

Existe otra práctica que las organizaciones vienen denunciando durante años. Las devoluciones en caliente constituyen una de las principales preocupaciones de quienes trabajan por la defensa de las personas migrantes, y a día de hoy continúan siendo un mecanismo empleado por las autoridades españolas, pese a las reiteradas quejas de las plataformas. El pasado mes de septiembre, decenas de inmigrantes –65, según El Faro de Ceuta– fueron devueltas a Marruecos tras su intento de entrada en el país.

En enero de este mismo año, la escena volvió a repetirse con un intento de salto a la valla y cerca de 70 personas víctimas de una devolución en caliente, tal y como denunció Amnistía Internacional. "En España siguen produciéndose devoluciones sumarias, algo que venimos denunciando desde 2005 y que se ha regularizado gracias a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la de Extranjería", señala Verónica Barroso.

El Gobierno de Trump prevé asimismo poner en marcha la detención sistemática de los indocumentados que atraviesan ilegalmente las fronteras, hasta el momento de su juicio. En España los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han protagonizado buena parte de los episodios más polémicos en materia de inmigración.

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En los centros se encuentran personas cuya situación en el país es irregular, hasta un máximo de 60 días durante los que se tramita su expulsión –que se produce si la persona entró en territorio nacional– o su devolución –que tiene lugar si el inmigrante no logró entrar en el país–, o bien son puestos en libertad. Los extranjeros internados no han cometido delito alguno. El único motivo por el que son privados de libertad apunta a una falta administrativa: no tener los papeles en regla. A lo largo del año 2015 se han producido una serie de fallos por parte de la justicia española respecto a los CIE existentes en el territorio. El Tribunal Supremo anuló en febrero tres artículos de la normativa que los regula, el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo. El primero de ellos condicionaba la compañía de los hijos menores a la existencia en el centro de módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar. El segundo, permitía volver a ingresar en el centro a personas extranjeras por la misma causa hasta completar el plazo de 60 días y, finalmente, el tercero autorizaba los cacheos y registros con desnudo integral.

En enero del 2017, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número uno de Algeciras señaló que el CIE de la localidad y el de Tarifa tienen elementos "más propios de un régimen carcelario y penitenciario", que uno de internamiento temporal. Al mismo tiempo, el juez de Instrucción número seis de Madrid ordenó también en enero al director del CIE de Aluche la puesta en marcha de medidas para evitar el frío y garantizar el agua caliente para todos los internos, además de proveer "de ropa y calzado suficiente y adecuado" a todas las personas que lo soliciten, y la obligación de proporcionar información sobre su derecho a recibir vestimenta adecuada.

Las represalias a España han cruzado fronteras. El Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció en el año 2015 "el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular", así como las expulsiones en caliente, los vuelos de deportación y las denegaciones de asilo a solicitantes no sirios, todo ello acompañado de "malos tratos" por parte de las autoridades españolas. En este sentido también censuró la existencia de "controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos" y la "discriminación" a estas minorías "en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud". María Jesús Vega, portavoz de Acnur, recuerda en declaraciones a este diario que "todos los refugiados deben recibir el mismo trato en cuanto a protección, asistencia y oportunidades de reasentamiento con independencia de su credo, nacionalidad o raza".