ONG exigen a Gallardón que obedezca los consejos de la ONU sobre desaparecidos

Las críticas a la inacción del Gobierno a la hora de cumplir las recomendaciones de la ONU sobre los desaparecidos durante el franquismo no cesan. Si a finales de agosto Amnistía Internacional y Rights International Spain (RIS) denunciaron que España lideraba la clasificación de países con más desaparecidos forzosos, este miércoles ambas organizaciones, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, han hecho pública una carta abierta en la que critican que España continúe "sin cumplir con sus obligaciones internacionales" a este respecto.

La misiva –que está dirigida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes y al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce– ha sido publicada con motivo de la presentación los días 10 y 12 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de los dos informes sobre los desaparecidos durante el franquismo, que ha sido preparados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, respectivamente.

Los firmantes exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de ambos documentos, elaborados tras sendas visitas de los funcionarios de Naciones Unidas a España en septiembre de 2013 y febrero de 2014 y que son tremendamente duros con el tratamiento que las instituciones españolas dan a las víctimas del franquismo. En este sentido, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, instó hace apenas un par de semanas al Gobierno a que afrontase este asunto aunque fuese "complejo e incómodo", y alertó de la "gran distancia" que separa a víctimas y dirigentes en sus posturas.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas fue mucho más expeditivo, ya que a finales de julio dio al Gobierno un plazo de tres meses –hasta octubre– para que fijase un cronograma con medidas y plazos concretos destinados a cumplir sus recomendaciones, entre las cuales se encuentran dotar suficientemente de fondos a las instituciones para que cumplan la Ley de Memoria Histórica y abordar con "urgencia" el tema de los desaparecidos.

Cinco carencias

En su carta, las cuatro ONG se hacen eco de las reivindicaciones de los órganos de Naciones Unidas, que a su juicio "demuestran que España no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales". Y, en base a estas conclusiones, critican cinco carencias: la no tipificación como delito de las desapariciones forzosas, la "no aplicación o interpretación errónea del derecho internacional" por parte de los jueces españoles, las trabas que impone a la hora de investigar la Ley de Amnistía, los recortes aprobados en 2009 y 2014 a la justicia universal y la inacción a la hora de anular las sentencias de tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo.

La misiva señala que el Grupo de Trabajo de la ONU señaló en su informe que “la tipificación española no es suficiente en materia de desapariciones forzadas”, y también recuerda algunas de las conclusiones de De Greiff, quien aseguró que el Gobierno niega “el carácter continuado de la desaparición forzada", un delito cuyo plazo de prescripción "debe contar a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos”. Pero más allá de la falta de concreción en la legislación, las organizaciones firmantes hacen especial hincapié en las críticas de Naciones Unidas a la acción judicial en este sentido.

"Una de las criticas del relator de la ONU es que no se están haciendo interpretaciones conformes al derecho internacional en esta materia", explica Lydia Vicente, directora ejecutiva de RIS, que señala que tanto el informe de De Greiff como el del Grupo de Trabajo "llegan a la conclusión de que en España no hay ninguna investigacion judicial sobre este tema que se ajuste a los estándares internacionales". "Para poder aplicar la Ley de Amnistía, según el derecho internacional, debe haber una investigación y una persona que la invoque [la ley]", abunda Vicente, que contrapone este procedimiento al que se sigue en España, donde "desde el inicio, el juez archiva la causa sin iniciar siquiera la investigación".

Sus críticas son prácticamente calcadas a las que realiza la ONU en sus informes y recoge la carta abierta. En este sentido, el Grupo de Trabajo es muy duro al denunciar incluso la existencia de "impunidad para los casos de desapariciones forzadas", una impunidad provocada, a su juicio, por “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha ley". El relator, igualmente, coincide en este análisis y denuncia en su informe las interpretaciones "restrictivas" de estas leyes, que a su juicio provocan que se niegue el acceso a la justicia a los afectados.

Críticas a la reforma de la justicia universal

El fin de las leyes de punto final: primero Argentina, ahora Chile... ¿y España?

Ver más

La carta también recoge las denuncias de la ONU relativas al recorte de la justicia universal que supusieron las reformas de 2009 y, especialmente, 2014, unas reformas "que limitan significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”, según De Greiff. Y es que, según se encarga de recordar la misiva, el propio relator denunció en su informe que el Estado tiene “la obligación internacional" de "extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables” de eventuales crímenes.

El no cumplimiento de las normas internacionales en estos casos, para Lydia Vicente, incurre en una violación de la Constitución, que en su artículo 10 estipula que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Por ello, la carta exige "promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones" y corregir "la errónea interpretación judicial" que, a su juicio, se da a la Ley de Amnistía. 

Los firmantes, igualmente, exigen a Gallardón, Lesmes y Torres-Dulce que den "la más amplia difusión posible a estos informes para impulsar el conocimiento de los mismos dentro de la administración de la justicia". Por su parte los promotores de la misiva, según explica la directora ejecutiva de RIS, no van a quedarse parados, sino que intentarán difundir su carta entre las asociaciones judiciales, ya que la ONU "hace hincapié en la necesidad de formar a los jueces" para que sepan cómo actuar en casos de desapariciones.