La oposición quiere saber por qué a Aguirre no se le hizo el test de alcoholemia ni fue esposada

La oposición en pleno en el Ayuntamiento de la capital ha preguntado este martes en la comisión de Seguridad y Emergencias los motivos por los que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no pasó por un test de alcoholemia tras el incidente protagonizado en el carril bus de Gran Vía, por qué la policía municipal no detuvo el avance de su coche, llegando incluso a embestirlo si fuera necesario, y las razones por las que no fue esposada y acompañada a la comisaría por desobediencia a la autoridad.

"¿Por qué no ha actuado la Policía municipal de esa manera como lo hace cuando un ciudadano desobedece a un agente de la autoridad?", ha preguntado el concejal de IU Ángel Lara para intentar demostrar que "la ley no es igual para todos".

El delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, ha detallado en la comisión, según el informe de los policías municipales, que miembros de este Cuerpo observaron el pasado 3 de abril como un agente de movilidad procedía a denunciar a un vehículo estacionado, sin conductor y con las luces de emergencia puestas en el carril bus de Gran Vía.

Los policías pararon su coche detrás del que estaba mal estacionado. Inmediatamente después llegó otro agente de movilidad, que aparcó su moto delante del vehículo infractor. Tras una conversación entre la conductora y el agente de movilidad y después de entregarle una documentación, Aguirre inició la marcha golpeando la motocicleta con el lateral derecho de su automóvil, lo que provocó su caída.

Núñez ha relatado que los agentes de movilidad y los policías municipales fueron tras el coche "hasta que se detuvo en su domicilio", donde los agentes de movilidad recibieron la documentación necesaria para el parte amistoso por la moto caída.

El delegado ha explicado que los policías municipales se fueron quedando en el domicilio de la infractora los agentes de movilidad, quienes les detallaron que permanecerían en el lugar para realizar las diligencias por los hechos acaecidos.

Ante este relato, el portavoz del área de UPyD, Jaime de Berenguer, ha echado en falta la información que recoge el atestado, "que pone que durante esa persecución los agentes de policía salen tras el coche llegando a circular de manera paralela e indicando verbalmente que se pare haciendo caso omiso". Todo ello unido a "las graves acusaciones de retención ilegal" lanzadas por Aguirre.

Por su parte, el socialista Pablo García-Rojo ha querido saber por qué la interceptación del coche de la presidenta del PP de Madrid "no se produjo antes de que llegara a su domicilio" y por qué no fue sometida a un test de alcoholemia "tras el arrollamiento de la moto y después de hacer caso omiso a la orden de parada de los agentes de movilidad".

"¿Por qué no fue conducida a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para que hiciera una declaración sobre estos hechos por desobedecer a los agentes de la autoridad? ¿Esta decisión tiene que ver con alguna orden comunicada por emisora por parte de un mando del Cuerpo? Porque este sería el protocolo habitual", ha espetado García-Rojo.

Para Núñez, esta última pregunta denota "mal gusto" y "está fuera de lugar" para añadir, ante las preguntas de la oposición, que las circunstancias ocurridas el 3 de julio son "objeto de una investigación judicial" y que será el juez instructor "quien valorará las circunstancias de lo ocurrido y no un responsable político", tal y como debe hacer en un Estado de Derecho.

Ante la pregunta directa lanzada por IU –cuál es el protocolo a seguir por la Policía municipal ante un acto protagonizado por un ciudadano que conlleva desobediencia a agentes de la autoridad, daños al material y fuga con persecución policial–, el delegado se ha remitido al artículo 5 de la Ley de Organización de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que establece actuaciones "proporcionadas de los agentes". "Serán los agentes los que deberán decidir qué medios elegir ante el caso en el que se encuentra", ha resumido.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, concretó que en 2013 se cometieron 15.000 infracciones en el carril bus, lo que ha llevado al edil de IU a preguntar "cuántas persecuciones policiales se produjeron el año pasado y cuántas terminaron como la de Esperanza Aguirre". "Dudo incluso de que hubiera persecución policial. No parecía que la persiguieran sino que la escoltaran a su domicilio. Allí la policía saluda y se marcha porque, según el informe de la Policía municipal, quien coge el toro por los cuernos son los agentes de movilidad", ha manifestado el concejal de IU, que no ha entendido los motivos por los que los policías se retiraron cuando "habían sido burlados por Esperanza Aguirre".

"Qué hace la policía municipal habitualmente cuando persigue a un ciudadano y no obedece sus órdenes de detención? Embestir al coche para deternerlo, es su obligación, y acompañar a esa persona esposada a la comisaría. ¿Por qué no ha actuado la policía de esa manera, que es lo que hace la policía cuando un ciudadano desobedece?", ha preguntado. Para Núñez, esto no es más que un "circo mediático" propiciado por la oposición y ha insistido en que la "proporcionalidad" en la actuación de los agentes "es para todos los ciudadanos, incluida Esperanza Aguirre".

Frente judicial

El juez de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, ha decidido que el incidente de tráfico que sufrió el pasado 3 de abril la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se resuelva con la celebración de un juicio de faltas en los Juzgados de Plaza de Castilla, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Tras recibir el atestado policial por este incidente, el magistrado incoó diligencias para investigar lo sucedido después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid fuera multada por parar el coche en un carril bus de la Gran Vía y se fuera sin el permiso de los agentes, quienes han asegurado que no aportó la documentación requerida.

Las mismas fuentes han señalado que previsiblemente el juez emitirá esta misma semana un auto en el que motivará su decisión para que se celebre un juicio de faltas previsiblemente por una falta contra el orden público, lo que acabaría finalmente en el pago de una simple multa en el caso de declararla culpable. En la resolución, se señalará la fecha de la vista que se celebrará en los juzgados ordinarios.

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La Fiscalía de Madrid se inclinaría también por transformar las diligencias abiertas en un juicio de faltas y no por un procedimiento abreviado por un delito de desobediencia, que implicaría la celebración de un juicio en los Juzgados de lo Penal con una petición de pena de prisión.

Este magistrado es conocido, entre otras cosas, porque hace dos años, el Consejo General del Poder Judicial le abrió unas diligencias informativas a raíz de una queja presentada por la Organización Médica Colegial.

La protesta se produjo después de que este magistrado se negara a la extracción de órganos de la joven Belén Langdon, una de las víctimas de la fiesta celebrada en el Madrid Arena. El juez estaba entonces de guardia y se negó a autorizarlo. Finalmente, se archivó la queja.