El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha pagado hasta la fecha el 24% de las ayudas destinadas al Bono Alquiler Joven. El ejecutivo madrileño, como también ha ocurrido con el Gobierno de la Junta de Andalucía que encabeza Juanma Moreno, ha reconocido problemas en la gestión de las ayudas por la incapacidad de la administración pública de tramitar un volumen de solicitudes que consideran muy alto. Ambas comunidades han enfrentado un problema que podría agravarse después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciara en el debate de investidura que ampliaría estas ayudas cuya gestión está transferida a las comunidades.
La consejería de Vivienda madrileña ha revelado en conversación con infoLibre que ha destinado hasta ahora un total de 15 millones de euros del presupuesto de 63,6 millones. Como adelantó este diario, en septiembre el ejecutivo de Ayuso había abonado 2.100 ayudas. Ahora, aunque la cifra ha ascendido hasta los 7.000 beneficiarios que han recibido la cuantía correspondiente, la Comunidad tiene que hacer frente al desembolso de toda la parte correspondiente a 2023, ya que las ayudas se conceden por un periodo de dos años. Ya se está tramitando, dicen desde el Gobierno regional.
Plan de choque andaluz
De las 17.000 solicitudes que se han tramitado en Andalucía, la Junta ha estimado en unos 11.000 los jóvenes afectados por la demora en el pago de las mismas. Moreno ha tenido que implementar un "plan de choque" para agilizar la tramitación del Bono de Alquiler Joven que incluía "la incorporación de 57 funcionarios de refuerzo durante nueve meses en las delegaciones territoriales, con dedicación exclusiva a esta tarea". A pesar de la ampliación del equipo, según el listado del estado de la tramitación, muchas de las solicitudes se encuentran en "control de crédito", una categoría que indica que la Junta aún no ha asignado presupuesto.
El encargado de gestionar el Bono Alquiler Joven es la empresa Proxya, que acaba de renovar la concesión por cuatro años y lleva proporcionando servicios a la Consejería de Fomento desde 2019. Es el mismo equipo que se ha encargado del Plan Eco Vivienda y la demanda de Vivienda Protegida. Desde Proxya han celebrado que el nuevo contrato consolida la "apuesta por las metodologías ágiles y la integración de pruebas de seguridad en cada etapa del proceso de desarrollo de software" de gestión.
El presidente andaluz ha señalado, como ya hizo Ayuso, que uno de los problemas es que el procedimiento establecido por el Gobierno central es "tremendamente farragoso", aunque también asume la responsabilidad de la Junta. Moreno ha reconocido que se ha fallado a la hora de querer innovar con un sistema piloto digital que ha acabado demorando entre "seis y ocho meses" el procedimiento.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una Proposición no de Ley para que la Junta solucione el impago del Bono. Isabel Ambrosio, portavoz de Vivienda, ha exigido al Gobierno regional que pague intereses de demora a los beneficiarios que han sufrido retrasos en sus solicitudes.
La parlamentaria socialista ha recordado que a Andalucía le correspondió el mayor volumen de dinero para esta iniciativa, un total de 68,4 millones de euros. "Desde entonces, y después de mensajes de texto dando a conocer el pasado mayo a los solicitantes el estado de su solicitud, medio año después muy pocos han sido los avances” ha reconocido. Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz ha declarado que "Andalucía es una de las comunidades autónomas que más resoluciones ha resuelto en España". Sin embargo, "Resuelto" no quiere decir que se hayan pagado, de hecho la Junta continúa con el pago congelado de 8.000 ayudas.
En el otro extremo, Castilla-La Mancha
Al otro lado del tablero se encuentra Castilla-La Mancha que ha pagado todas las ayudas y solo espera a abonar las correspondientes al último trimestre del año, cuyos beneficiarios tendrán que justificar el próximo mes aportando los recibos de alquiler. Desde el ejecutivo que preside Emiliano García-Page aseguran en conversación con infoLibre que han abonado un total de 3.304 ayudas.
Castilla-La Mancha fue junto a Andalucía y Madrid la comunidad que más tardó en poner en marcha el bono, con un retraso de más de ocho meses que el gobierno manchego termina ahora de resolver.
El Partido Popular denuncia que Revilla no pagaba los bonos
La Comunidad de Cantabria ha declarado estar ya al día con el pago de los bonos por un total de 4.800.000 euros. El nuevo del Partido Popular gobierno asumió la presidencia de la comunidad tras las elecciones del 28M con la abstención de su anterior presidente, Miguel Ángel Revilla. Fuentes de la presidencia han indicado que el nuevo ejecutivo se encontró en julio con que no se habían pagado las cuotas desde septiembre del 2022.
30% sin pagar en Cataluña
Cataluña ha contado con un presupuesto total de 58 millones de euros para los dos años de la ayuda, 29 millones para el 2022 y 29 para el 2023, de los que la Generalitat ha pagado 43.032.538 euros.
En la Comunidad han recibido 39.347 solicitudes de las que finalmente se han concedido 9.753, un 25%. Según fuentes de Vivienda de la Generalitat, 24.000 solicitudes que han quedado fuera por falta de presupuesto y han denunciado que la aportación del Ministerio ha sido "claramente insuficiente".
Castilla y León oculta el dato
En Castilla y León, según los datos presentados por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la subvención ha llegado a 14.227 beneficiarios en toda la Comunidad, con un presupuesto de 29,3 millones. Para cumplir con las solicitudes aprobadas, el Ejecutivo autonómico ha incorporado 12,5 millones de euros adicionales a los 16,8 millones de fondos previstos.
La Comunidad de Castilla y León ha declinado compartir la cifra del presupuesto que ya ha pagado a los jóvenes a pesar de que estaba previsto que efectuaran el ingreso el día 15 de noviembre.
Andalucía no tramita el 80% de ayudas al alquiler joven pese a tener los fondos del Gobierno desde hace meses
En Galicia se han concedido 4.790 ayudas y la Xunta ha declarado haber completado hasta la fecha todos los pagos, y están a la espera de que termine 2023 para abonar el último tramo de la ayuda.
En Asturias se han pagado cerca de un millón y medio de euros a los beneficiarios; en Baleares se han abonado 4,3 millones de euros a 2.405 jóvenes, y en Aragón se han concedido 15,1 millones de euros de los 15,2 millones que se destinaron, según ha informado el diario On Economía.
La Comunidad Valenciana ha terminado de abonar todas las partidas correspondientes a 2022 y ahora se está tramitando una segunda concesión de ayudas para agotar el crédito correspondiente a 2023, según han informado a EFE fuentes de la Generalitat.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha pagado hasta la fecha el 24% de las ayudas destinadas al Bono Alquiler Joven. El ejecutivo madrileño, como también ha ocurrido con el Gobierno de la Junta de Andalucía que encabeza Juanma Moreno, ha reconocido problemas en la gestión de las ayudas por la incapacidad de la administración pública de tramitar un volumen de solicitudes que consideran muy alto. Ambas comunidades han enfrentado un problema que podría agravarse después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciara en el debate de investidura que ampliaría estas ayudas cuya gestión está transferida a las comunidades.