En el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preguntó por el funcionamiento de la Administración de Justicia, un 15,3% de los encuestados opinaba que ésta no funciona bien por "lentitud". La alta litigiosidad en España juega en contra de aligerar el funcionamiento de un sector castigado en medios humanos y materiales si se compara con la cantidad de trabajo que tiene de por sí. Dependiendo de cada jurisdicción, los plazos para la resolución de los contenciosos se alargan más o menos y el ámbito de lo Social se sitúa en los primeros puestos.
Es en esta jurisdicción donde se resuelven los conflictos laborales, por lo que los efectos económicos derivados de la pandemia no han hecho sino agravar el atasco que ya venía padeciendo, con las consecuencias que eso genera para los trabajadores que han sufrido pérdida de empleo, además de que ven mermado un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva. Y aún así, los datos actuales no son nada comparados con lo que previsiblemente está por venir cuando finalicen los ERTE a los que se acogieron miles de pequeñas y medianas empresas que vieron interrumpida su actividad por el coronavirus, tal y como auguran jueces y abogados consultados por infoLibre.
Teniendo en cuenta que ya se partía de una situación de atasco endémico en muchas jurisdicciones, las dificultades añadidas están llevando a que muchos juicios empiecen a señalarse con fechas que hacen valer la frase “la justicia tardía no es justicia”, según alerta el Consejo General de la Abogacía, que indica que "cada vez son más los colegios de abogados que denuncian que la falta de medios, especialmente en estos momentos, no hace más que agravar la ya precaria situación de la Justicia en España".
La jurisdicción Social es una de las que más venía padeciendo ese atasco endémico, según reconocen desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), que apuntan que "antes la situación era mala, pero la pandemia la ha agravado". Fue a raíz de la crisis económica de 2008 cuando los problemas en este sector comenzaron a hacerse más visibles. Y cuando, años después, parecía que las cosas empezaban a volver a la anterior normalidad, llegó la crisis derivada del coronavirus y los consecuentes despidos, cierres de negocio o reclamaciones de salarios no pagados que han acabado en los tribunales.
Los plazos procesales y administrativos estuvieron paralizados durante la primavera de 2020, en la primera ola de la pandemia, y este parón hizo que entraran el año pasado menos asuntos en los juzgados de lo Social –como en el resto de jurisdicciones–, en comparación con años anteriores. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 12 de marzo, en lo Social ingresaron 400.056 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 7,5%, se resolvieron 335.499 asuntos, un 15% menos, y quedaron en trámite 376.335 asuntos, un 18,3% más.
Señalamientos para 2024 ó 2025
Pero la reanudación de la actividad a partir del verano provocó lo que ya venían avisando desde todos los sectores de la Administración de Justicia y es que el sector está colapsado. En lo Social, ya hay señalamientos para dentro de un año o más y en diversos puntos de Andalucía, por ejemplo Sevilla o Almería, o en A Coruña los jueces no tienen hueco para celebrar vistas de asuntos considerados no urgentes antes de 2024 o 2025.
Según explica a infoLibre Rafael Martín Canales, juez de la unidad de refuerzo de los Juzgados de lo Social de Sevilla, antes de la pandemia esta jurisdicción ya venía acumulando retrasos de un par de años en esta provincia concreta, a pesar de que en 2011 se había establecido esa unidad de refuerzo debido a la dificultad de sacar los asuntos pendientes derivados de la crisis de 2008 y el año pasado se creó un nuevo juzgado de lo Social. Estas medidas no han evitado el problema que se ha generado en los últimos meses con esos señalamientos para 2025.
"Sevilla está especialmente mal", subraya Martín Canales, quien remarca que si la "recomendación" del CGPJ es atender alrededor de 800 asuntos por año, las cifras en las que se mueven ahora están entre 1.100 y 1.300. Los jueces, continúa, tienen que ir ponderando los asuntos que van entrando para ir atendiendo los más urgentes (reclamaciones de salarios no pagados, sobre todo) y al mismo tiempo ir resolviendo todo el resto de contenciosos, en su mayoría demandas por despidos o reclamaciones a la Seguridad Social.
El juez decano de Almería, David Villagrá, ya alertó de la situación el pasado diciembre, cuando explicó que los trabajadores y titulares de los cinco juzgados de lo Social en esta provincia se encuentran "desbordados", de modo que están "sacando unos módulos superiores" de los que exige el CGPJ, "superiores al 200%". "No es admisible que un juicio esté señalado para 2025, eso no es justicia", denunció en declaraciones recogidas por Europa Press, momento en el que aprovechó para solicitar una vez más "medios personales y materiales" que ayuden a ir descolapsando los juzgados.
"El problema está generalizado en otras muchas ciudades, donde el clamor de los profesionales es unánime y la solución reclamada también: más medios y refuerzo para una Justicia que ya arrastraba enormes carencias y que ahora, tras el parón de marzo a junio del pasado año y el aumento de casos en varias jurisdicciones, puede llegar demasiado tarde para muchas personas", advierten desde el Colegio de Abogados. Las asociaciones de jueces, de letrados de la Administración de Justicia y graduados sociales también vienen reclamando más medios al Ministerio de Justicia, ya que consideran que los planes de "autorefuerzo" y los "incentivos" a los órganos judiciales que resuelvan más casos han sido "poco eficaces". Los juicios señalados para 2025 “impiden cumplir con los derechos de la ciudadanía a tener una tutela judicial efectiva y rápida y un cumplimiento real de la justicia social”, avisan.
"Un año es un mundo para un trabajador"
La situación en Sevilla y Almería y esos señalamientos para dentro de cuatro años, sin embargo, no es de momento la tónica general en el resto de España. Desde Barcelona, por ejemplo, el titular del Juzgado de lo Social número 20, Jesús Gómez Esteban, destaca que en su caso está señalando juicios para dentro de un año, aproximadamente. Comparado con otros casos, parece poco, pero, tal y como recuerda el magistrado, "un año es un mundo para un trabajador" que está pendiente de recibir una indemnización tras haber sido despedido o haber dejado de cobrar parte de su sueldo.
La situación, dice, empezó a resultar problemática en septiembre de 2020, pues hasta junio los plazos habían estado interrumpidos, y eso que, como apunta el resto de los juristas consultados, lo Social ya era una jurisdicción "al límite" antes de la crisis derivada de la pandemia. Como ejemplo gráfico del atasco judicial, Gómez Esteban explica que antes del estado de alarma de marzo de 2020 su juzgado tenía pendiente de resolver unos 300 asuntos, que quedaron paralizados. Pues bien, algo más de un año después, calcula que aún le queda un mes para terminar de resolver algunos de esos 300 contenciosos, pues la intensa actividad de los últimos meses no le había permitido sacarlos adelante antes. Parecido al caso de Sevilla, este juez comenta los malabares que tienen que hacer en los 35 juzgados de lo Social de Barcelona para ir dando salida a todos los asuntos que entran. Comparte sala de vistas con otro titular, así que se van repartiendo los días para ir celebrando juicios, el resto los dedica a poner sentencias y han habilitado también los viernes para vistas orales, cosa que antes no ocurría tan habitualmente.
La evolución en su juzgado habla por sí sola para entender el atasco endémico que vienen sufriendo los juzgados de lo Social desde hace más de una década: entre 2006 y 2007, entraban de media unas 950 demandas por año; entre 2008 y 2014, cuando estalló la anterior crisis económica, los casos subieron a entre 1.200 y 1.400; y desde 2014 hasta 2019, las cifras bajaron a entre 1.050 y 1.100 demandas por año. Los números globales de 2020 descendieron por el parón de actividad, pero ha sido a partir de otoño y el primer trimestre de 2021 cuando la situación se está agravando por momentos.
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Al incremento de la entrada de demandas en los juzgados se une la falta de medios de la Justicia, que se pone aún más de manifiesto si cabe en situaciones como la actual. Así lo cuenta el abogado Rafael Córcoles, socio de Derecho Laboral en el despacho Aledra Legal, quien explica que "en la mayoría de los juzgados" es imposible realizar videoconferencias, un medio que evitaría desplazamientos innecesarios a los tribunales, lo que evitaría la exposición al virus, así como agilizar los procedimientos cuando la situación está tan saturada. Este letrado, que representa sobre todo a empresas por recortes de plantilla durante la crisis, ha recibido recientemente un señalamiento de un juzgado de Málaga para diciembre de 2022, a más de un año y medio vista, aunque varía en función del territorio: también tiene citaciones para finales de este año o principios del próximo.
Pese a todo esto, los expertos consultados coinciden en que lo peor está por llegar. Los ERTE que todavía siguen activos para miles de pequeñas y medianas empresas están sirviendo como dique de contención, pero todos coinciden en que muchos se acabarán convirtiendo en despidos cuando terminen. Córcoles estima que un 90% de los ERTE acabarán convertidos en despidos que a su vez se transformarán en demandas judiciales. Gómez Esteban prevé despidos masivos, bien por bajada de actividad de la empresa o por cierre de negocio directamente. Y no sólo despidos, el posible cambio en las condiciones laborales de los trabajadores cuando se reincorporen también puede ser previsiblemente objeto de demandas.
Y ante cierres de negocio, si el empresario no puede pagar las indemnizaciones por despido, de éstas se tendrá que hacer cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con lo que implica eso para las arcas del Estado, apunta Gómez Esteban.