El coronavirus ha disparado las ayudas públicas y medidas a favor del sector del juego. Se trata de una actividad en entredicho, por los daños tanto psicológicos como económicos que ocasiona. Los jugadores han perdido 49.000 millones de euros en el sector privado del juego en España en diez años, según datos elaborados por infoLibre a partir del Anuario del Juego en España 2019, editado por el Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y por el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego). Mientras el Ministerio de Consumo prepara un endurecimiento de las limitaciones a la publicidad de las apuestas y los juegos de azar incluidas en la reforma legal que presentó febrero, al menos seis comunidades comunidades han establecido medidas de apoyo, como ha acreditado este periódico. Andalucía, Cataluña, Región de Murcia, Islas Baleares y Extremadura bonifican tasas al sector del juego, al igual que el Ayuntamiento de Madrid.
"El negocio del juego supone un peligro para un importante porcentaje de la población. Esas ayudas no van a favor del grueso de la población. Me parece poco menos que terrorífico", valora Bruno Cortés, psicólogo de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL). A su juicio, el posible deterioro económico del sector no justifica la recepción de ayudas públicas. "El juego genera problemas sociales en muchas familias. Moralmente este tipo de ayudas no son aceptables", señala.
Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), se muestra comprensivo con las ayudas al sector del juego con motivo de la pandemia, dada la situación económica crítica. "Sobre esta cuestión puntual, no nos pronunciamos. Ahora bien, sí sobre la idea del juego y la promoción del juego azar como actividad económica, sin criterio de salud pública", señala Lamas.
El sector, que suma cerca de 160.000 máquinas recreativas en unos 130.000 establecimientos, se defiende recordando que hace una contribución de 1.124 millones de euros a las arcas autonómicas en impuestos y de 570 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, con datos del Cejuego. En total el sector del juego público y privado representan el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), con 9.870 millones de euros, según la organización, que aúna empresas como Cirsa, Codere, Grupo DC, Egasa, Orenes y Servimatic, entre otras. Cejuego, que recuerda que se trata de una actividad legal, cifra el empleo creado por el juego privado en 47.178 puestos de trabajo y destaca que cumple "la función social de entretener".
Preguntado por infoLibre, el Ministerio de Consumo expresa su "preocupación" por "las medidas de bajada de impuestos a las máquinas tragaperras". "Estas máquinas tienen un fuerte elemento adictivo, lo que ha generado una lógica alarma social sobre su uso. A lo que se suma que en muchos casos no hay control sobre su acceso por parte de menores y autoexcluidos, convirtiendo este tipo de máquinas en su única opción para seguir jugando. Una regulación más garantista de estas máquinas desde el punto de vista de la protección a consumidores vulnerables, como son menores y personas con conductas de juego problemático, está entre los objetivos estratégicos del Ministerio, tal y como se propondrá a las comunidades en la próxima reunión del Consejo de Políticas del Juego", indica Consumo.
El Gobierno andaluz, de PP y Cs y con el apoyo de Vox, ha aprobado al menos dos medidas, la segunda ampliando la primera. Un primer decreto de 16 de marzo, de "medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus", afectaba a la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, con el objetivo de "contribuir al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector del juego". Para ello se reducía el gravamen para las máquinas recreativas y de azar. Concretamente, el decreto establecía para las máquinas una bonificación del 50% de las tasas del segundo trimestre de 2020. "Se trata de impulsar a un sector especialmente afectado por la crisis del covid-19", señalaba el decreto. La medida tenía un impacto previsto de 15 millones de euros, según la Junta.
A finales de mayo, la Junta anunció la ampliación de la bonificación, del 50% al 100%. "La iniciativa está especialmente dirigida al sector de la hostelería y establecimientos de juego que se han visto obligados a cerrar [...] desde que se declaró el estado de alarma y, cuando han podido abrir al público, lo han tenido que hacer con restricciones que impiden operar las máquinas recreativas y de azar", alegaba el Gobierno andaluz.
La medida andaluza ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Alberto Garzón, ministro de Consumo (Unidas Podemos), respondió el 17 de junio a una pregunta de una diputada del PP en estos términos: "Ojalá el Partido Popular fuera responsable [...] porque la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, por Ciudadanos y con el apoyo de la extrema derecha, ha proporcionado bonificaciones fiscales a estas mismas empresas del juego". Garzón añadió que se trata de "la peor medida para incentivar un ocio alternativo y erradicar los problemas de ludopatía que existen en nuestro país".
La federación de asociaciones Enlace, que reúne a un centenar de entidades contra las adicciones y la exclusión social, ha mostrado su "rechazo a que se apoye a un sector que genera tantos problemas personales, familiares y sociales". Las entidades se han declarado "sorprendidas por la agilidad de la Junta a la hora de poner en marcha medidas de apoyo a este sector lucrativo, mientras las asociaciones que atienden a personas y familias con problemas se encuentran asfixiadas sin recibir subvenciones ya gastadas de 2019".
Francisco Abad, presidente de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fajer), recalca que "el juego es una actividad perniciosa, especialmente dañina para la juventud, que se ha beneficiado de la instalación sin controles de gran cantidad de salones de juego". "Nos parece una aberración dar ayudas fiscales cuando las ONG estamos malviviendo mientras atendemos a sectores de la población que la Junta atiende sólo de forma limosnera. Nuestro gasto mensual es de 12.000 euros, mientras de la Junta de Andalucía nos llegan 3.176. El resto son donaciones y pequeñas aportaciones. ¡Y justo ahora estamos viendo que hay un repunte de casos! Nos parece increíble que se den ayudas al juego cuando nosotros hemos tenido que reinventarnos, cerrar, trabajar online por la pandemia mientras teníamos que seguir pagando el alquiler", añade Abad, que expresa el "temor" a que la pandemia sirva para relajar el enfoque cada vez más restrictivo que se iba abriendo paso. "Es verdad que ahora todos tenemos que aunar fuerzas, pero siempre protegiendo a los más débiles", subraya.
Exenciones y bonificaciones
El Ejecutivo catalán (PDeCAT-ERC) ha impulsado un decreto, de 9 de junio, de "medidas urgentes en materia tributaria", que recoge una bonificación del 100% de la cuota de la Tasa sobre Máquinas Recreativas y de Azar correspondiente al segundo trimestre del 2020 y del 10% de la cuota del tercer trimestre.
El Gobierno de la Región de Murcia, con los mismos miembros y el mismo apoyo externo que el andaluz (PP-Cs + Vox), dispone de un decreto de 18 de junio de "medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria". ¿Qué dice? En relación con los Tributos sobre el Juego, permite la baja temporal de máquinas recreativas en el segundo semestre, de forma que se evite el pago del impuesto si no se les va a dar uso. "Atendiendo al cierre de los locales durante el estado de alarma, se bonifica la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar, correspondiente al segundo trimestre de 2020", señala el decreto.
Además, se establece una bonificación del 100% de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, correspondiente al segundo trimestre de 2020. La Asamblea Regional convalidó el decreto con los votos a favor de PP, Cs y Vox y el rechazo de PSOE y Podemos, que centraron sus críticas en el apoyo al juego.
Antes incluso de la declaración del estado de alarma, el Gobierno de Aragón, formado por PSOE, PAR, Chunta Aragonesista y Podemos-Equo, aprobó una orden de "medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos" gestionados por la comunidad. La misma recogía una ampliación de un mes de los plazos para la presentación de los Tributos sobre el Juego. Más tarde amplió el alcance de sus medidas con un proyecto de ley de medidas tributarias "excepcionales". La norma establece que en 2020 se aplicará una bonificación del 24% en la cuota tributaria de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar. La misma bonificación se aplica al bingo y a los casinos. La ley fue aprobada este jueves con 66 votos a favor y uno en contra, el de Izquierda Unida. La bonificación rondará los 6,3 millones de euros, según la estimación trasladada a infoLibre por el Departamento de Hacienda. "La medida, excepcional y temporal, no afecta al juego on line, el más adictivo y laxo en materia de impuestos", puntualiza Hacienda.
El Gobierno de las Islas Baleares –PSIB, Podemos y Més per Mallorca– aprobó durante el estado de alarma un decreto de "medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa" con motivo de la pandemia. El artículo 35 del decreto, de 13 de mayo, establece una "bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar". Concretamente, para el ejercicio fiscal de 2020, Baleares bonifica el 75% en el pago de los recibos de la fracción correspondiente al segundo trimestre del año de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipos B o recreativas con premio, las conocidas como tragaperras, y de tipo C o de azar, frecuentes en casinos y barcos.
El Gobierno extremeño (PSOE) ha dictado al menos dos decretos-ley de ámbito tributario. El primero, de 25 de marzo, es "de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del covid-19", e incluye la bonificación 50% de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, entre el 1 de abril y el 30 de junio. Según la previsión de la Junta, el número de máquinas que se pueden beneficiar es de 5.200 y supondría en torno a 2,3 millones de euros. El segundo, de 29 de mayo, es "de medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del covid-19". Esta norma amplía la bonificación del 50% al tercer trimestre de 2020.
Las medidas han llegado al ámbito provincial y local. La Diputación Foral de Bizkaia (PNV) aprobó en marzo una orden, nada más declararse el estado de alarma, para el "aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego" del primer trimestre hasta el 25 de octubre. “¿A quién está beneficiando la Diputación? A quienes impulsan el juego mediante aparatos automáticos y máquinas. Es incomprensible e inaceptable”, declaró Arantza Urkaregi (Bildu), para quien la medida constituyó un "trato de favor" al sector del juego. “Estamos ante un evidente trato de favor hacia las empresas del sector del juego. Otras muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos no están recibiendo ese trato. Es preocupante que existan este tipo de privilegios a ciertos negocios”, añadió.
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El Gobierno local de Madrid, de PP y Cs con apoyo de Vox, logró la aprobación en el pleno el 29 de mayo una modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Actividades Económicas, cambio que supone la bonificación del 25% de la cuota de dicho tributo que beneficiaba casinos, bingos y salones de juego, entre otras actividades. PP, Cs y Vox votaron a favor. Más Madrid y PSOE se abstuvieron precisamente por la inclusión del sector del juego.
"El mayor escollo con que se ha encontrado el PSOE para votar a favor de las modificaciones de estos tributos ha sido que el beneficio fiscal del 25% llegue también a los locales de apuestas, bingos y casinos, por considerarse expresamente de utilidad municipal", explicó el PSOE en un comunicado. “Hay virus muy peligrosos que ya estaban entre nosotros antes del coronavirus, la adicción al juego entre los jóvenes es uno de ellos”, en palabras de Economía y Hacienda, Enma López. Mercedes González, portavoz adjunta del grupo socialista, pidió al alcalde José Luis Martínez Almeida, la retirada de la bonificación porque "Madrid tiene que estar libre de droga". Antes de la aprobación, la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), explicó el porqué de la inclusión del juego: "El juego es una actividad legal y da empleo a mucha gente".
Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), en medio del debate generado por estas medidas, alzó la voz para defender los intereses del sector. "El sector del juego, como otros muchos sectores económicos y empresariales de nuestro país desde que se decretó el estado de alarma se ha visto especialmente afectado", señala Landaluce, en una carta abierta recogido por la revista Azarplus. Landaluce defendía la medida tomada por el Ayuntamiento de Madrid, lamentando que la "polémica" se centre en que sale beneficiado el sector del juego. Y añadía: "El juego es un sector económico más de este país, legal, controlado, generador de empleo y que cumple con la función social de entretener cada día a millones de ciudadanos que, de forma libre, deciden utilizarlo, con responsabilidad".