El Parlament aprueba investigar la "violencia institucional" del 1-O con el apoyo de los comunes

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves crear una comisión de investigación sobre la "violencia institucional" del 1-O, con el objetivo de conocer la verdad de lo ocurrido, identificar responsables y buscar posibles fórmulas de reparación de los daños que los promotores creen que se produjeron.

Han promovido esta comisión los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP: los cuatro han votado a favor, mientras que Cs, el PSC y el PP han votado en contra de crear esta nueva comisión de investigación parlamentaria.

Eduard Pujol (JxCat) ha defendido crear esta comisión para "poner luz donde otros intentan sistemáticamente poner oscuridad y mentiras", y ha sostenido que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvo por objetivo impedir el libre ejercicio del voto y aleccionar.

"Escucha, España, ¿por qué no crees en la democracia? ¿Por qué lo hiciste? Y, seguramente ¿por qué lo volverías a hacer?", ha preguntado Pujol, que ha avisado de que la situación no podrá cambiar realmente hasta que se hayan reparado daños y cese la represión, en sus palabras.

El republicano Ferran Civit ha criticado que se lanzara el 'A por ellos' contra ciudadanos que el Estado considera españoles, ha dicho, y se ha preguntado si el Estado está "dispuesto a renunciar a la violencia para defender la unidad de España", así como los independentistas han renunciado a ella, según Civit, que ha asegurado que volverán a votar y ganarán.

El diputado, que ha intervenido mostrando una urna del 1-O y dos porras policiales, ha criticado que el PSOE haya condecorado a participantes del operativo policial: "Unos dieron las órdenes de intervenir, otros lo aplaudieron y otros los han condecorado. Si Vox hubiese estado, tal vez alguien hubiese dado órdenes de disparar".

Desde los comuns, Marc Parés ha subrayado que es importante investigar lo que sucedió el 1-O, tras acusar al Estado de utilizar "el monopolio de la violencia, con represión policial, institucional y judicial".

En su opinión, se debe resarcir a las víctimas de lo ocurrido el 1-O y reconocerlas como tal: "La actuación policial a lo mejor quedará impune judicialmente, pero no políticamente. La obligación del Parlament debe ser investigar estos hechos".

Vidal Aragonès (CUP) ha asegurado que el "Estado tuvo muy claro que aplicaba violencia institucional", con el objetivo de generar pánico para transmitir que no se podía repetir, y para generar violencia para que la comunidad internacional no reconociera el referéndum, según él.

Ha garantizado que la CUP no actúa movida por el odio ni la venganza, sino por querer un mundo y una sociedad libre de opresión, y ha cerrado su intervención pidiendo "verdad, justicia, reparación y, tal vez, un nuevo referéndum de autodeterminación".

Contrarios a la comisión

Desde Cs, Matías Alonso ha acusado a los promotores de la comisión de querer blanquear sus actos con ésta, y ha cargado contra los socialistas por la reunión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el del Gobierno, Pedro Sánchez, por "besar la mano de Torra que, al haber perdido su condición de diputado ya no puede ser considerado presidente".

Tras defender la actuación policial, ha lamentado que los comuns también hayan impulsado esta comisión, que cree que solo será un instrumento de propaganda, y ha tachado al barcelonés que perdió un ojo durante las cargas del 1-O, Roger Español, de "alborotador callejero", palabras que la CUP ha pedido retirar por considerarlas ofensivas.

Òscar Ordeig (PSC-Units) ha augurado que esta comisión será un "monólogo a menudo con retórica frentista y de la descalificación", y ha lamentado que se quiera crear dos años después del 1-O y cuando está previsto que Torra convoque elecciones después de que la Cámara apruebe los Presupuestos catalanes.

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Ha sostenido que el 1-O fue un día triste que no debería repetirse, que fue consecuencia de la falta de diálogo y del enfrentamiento y en el que hubo un "uso desproporcionado de la fuerza que no se debería haber producido nunca", y ha acusado a los comuns de entrar en la retórica independentista, algo que ha lamentado.

El conservador Alejandro Fernández ha defendido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen en monopolio del uso legítimo de la fuerza y ha advertido de que, si se usa esta retórica con el caso del 1-O, también se puede utilizar sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra en las movilizaciones tras la sentencia de los dirigentes independentistas presos.

Así, cree que se abre la puerta al desprestigio de los Mossos: "Se piensan que perjudican a según quien, y lo que acaban haciendo es desprestigiar las instituciones catalanas", desprestigio que cree que es el único legado y el balance del proceso independentista.