Los partidos se lanzan a la campaña del 10N sin esperar a que se agote el plazo legal para convocar elecciones

Cinco meses de legislatura estéril parecen haber metido prisa a los líderes políticos. Apenas unas horas después de que Felipe de Borbón constatase la inexistencia de una mayoría viable para plantear una investidura, los líderes de todos los partidos se han lanzado de cabeza a colocar sus primeros mensajes de campaña. Algunos, incluso, ya han aceptado propuestas de televisiones para participar en debates, y eso que técnicamente las elecciones todavía no están convocadas y, en sentido estricto, todavía estaríamos en plazo para que la presidenta del Congreso convocase un pleno de investidura.

Los mensajes electorales, y con ellos la crispación, se impusieron en el último pleno de la legislatura que agoniza. El PSOE culpa a Unidas Podemos, pero también al PP y a Ciudadanos, de la repetición electoral. Y los demás partidos —especialmente los aludidos por Sánchez— acusan al presidente de no sólo de ser el responsable de tener que volver a votar sino de haberlo planeado desde el principio. Algo que la mayoría deduce de un proceso de negociación que para muchos ni siquiera llegó a ser digno de tal nombre.

El presidente, visiblemente irritado, adoptó su tono más agresivo este miércoles en el Congreso para culpar a sus adversarios políticos y pedir abiertamente el apoyo de los electores con el objetivo de que, después del 10 de noviembre, PP, Cs y UP no puedan bloquear la formación de un Gobierno socialista.

Los primeros pasos de Pablo Casado, en cambio, se han guiado por la moderación formal y por evitar las estridencias, todo lo contrario que antes de las elecciones del 28 de abril, si bien no ha ahorrado calificativos a Sánchez en el cara a cara que mantuvo con él en el Congreso. No es casualidad que este miércoles, justo un día después de confirmarse que se repetirán las elecciones, el PP haya filtrado que su líder celebró una comida privada con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Lo que parece previsible es que la discusión sobre las propuestas y los programas se verá desbordada por el debate sobre los pactos: las causas que impidieron un acuerdo de investidura —y sus culpables— y la viabilidad de explorar nuevas soluciones a partir del 10 de noviembre.

PSOE y Unidas Podemos ya se han entregado a la tarea de intercambiar acusaciones y alimentar el desencuentro cocinado durante estos meses. Los socialistas cuestionaron que la renuncia del líder morado, Pablo Iglesias, a estar en el Ejecutivo fuese “real”. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró que el paso atrás que “dijo” haber dado Iglesias para facilitar un acuerdo “nunca fue real” porque al final no ayudó a que el “equipo negociador tuviera un ámbito de negociación que permitiera llegar a un acuerdo”. “Desde que supo que no estaba dentro del gobierno no facilitó que el Gobierno se pudiera constituir”, acusó, en línea con lo que minutos antes había señalado en el hemiciclo la vicepresidenta Carmen Calvo. Unidas Podemos, dijo, han tenido un problema durante los meses transcurridos desde las elecciones de abril y es que Pablo Iglesias “o estaba en el Gobierno o se rompía la baraja”.

Que las cosas no van a ser más sencillas después del 10N lo dejó claro el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en La 1 de TVE: “La experiencia y el fracaso tiene que servir para algo, si se plantea intentar aquello sobre lo que fracasamos, es un error”. “Parece una burla”, dijo, hablar de nuevo de una coalición, después de las nuevas elecciones. En realidad los socialistas esperan que los ciudadanos refuercen al PSOE y castiguen a Unidas Podemos y confían en que ese resultado obligue a Iglesias a desistir de su deseo de entrar en el Gobierno.

Unidas Podemos, a su vez, se ha centrado en defender dos ideas: que el PSOE siempre quiso ir a elecciones y que planea pactar con Ciudadanos. Su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, lo dijo en el último pleno: el PSOE quería ir a unas elecciones porque “sus gurús comunicativos” dicen que o bien arrastrarán unos pocos escaños o bien terminarán por “ablandar” a Rivera “para que cumpla su papel y pacte definitivamente”.

En esa idea abundaron en las últimas horas algunos de los socios necesarios, al menos hasta ahora, para una investidura progresista. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, advirtió a Sánchez que no puede pretender llegar a La Moncloa con la abstención de Ciudadanos y PP para luego gobernar con Podemos y los nacionalistas vascos. Un Ejecutivo de “gran coalición” con los de Casado, añadió, una idea que ha puesto sobre la mesa el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sería “muy artificial y se autoanularía en poco tiempo”. Y en un apunte en Twitter han sugerido que el PSOE puede estar pensando en pactar con Cs: “Si con los partidos catalanes no se puede negociar, si el PNV se pone de perfil y si Podemos no es una garantía, ¿con quién aspira el PSOE a formar gobierno tras el 10N? ¿En solitario? No parece. ¿Con Rivera? ¿Es eso?”

PNV, Esquerra, Compromís y EH Bildu, las fuerzas que de un modo u otro se habían ofrecido a facilitar la investidura si había acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, no ocultaron este miércoles su decepción y dirigieron sus críticas, mayoritariamente, hacia Pedro Sánchez, a quien responsabilizan del fracaso.

La derecha no tiene dudas

Tantas son las voces que especulan con la hipótesis de un pacto PSOE-Ciudadanos después de las elecciones —algo que la mayoría de las encuestas publicadas hasta ahora consideran improbable si se confirma el retroceso electoral de la formación naranja— que el propio Rivera se apresuró a mostrar sus cartas y prometió llegar a un acuerdo con Pablo Casado “en un mes” si su partido, el PP y se supone que Vox, suman suficientes escaños. Su líder en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, vicepresidente en el Gobierno de la conservadora Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de la ultraderecha, ya lo ha dicho: si Cs y el PP consiguen un escaño más que “PSOE y sus socios populistas” están “llamados a entenderse y poner en marcha un gobierno similar” al de Madrid. El 10N, celebró, es “una segunda oportunidad para derrotar a Sánchez”.

Todos los partidos se preparan ya para una campaña que sólo será más corta en su fase final pero que, de hecho, ya ha comenzado. En los próximos días deben decidir si mantienen o retocan sus programas y sus candidaturas y si tejen alianzas —sobre todo en la derecha— mientras planifican sus calendarios de actos y activan a sus militantes.

Mientras tanto, el desenlace de la legislatura ya ha reabierto el debate sobre cómo evitar que esta situación se repita en el futuro. La ministra Montero ha defendido abiertamente la necesidad de tomar medidas para evitar que algunas “minorías”, dijo, se crean con “capacidad de imponer vetos o chantajes”.

Cuando las urnas se vuelven contra quien las convoca

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El propio Sánchez defendió en julio una reforma para que, en caso de que un candidato a la investidura no logre ser elegido por mayoría —absoluta o relativa—, el puesto de presidente sea ocupado automáticamente por el aspirante de la candidatura más votada, como ya sucede en los ayuntamientos y rige en los parlamentos del País Vasco y Asturias y a lo que se opone frontalmente Unidas Podemos. El PP propone su propia receta: implantar en España el modelo griego, que otorga una prima de escaños al ganador de las elecciones.

Cambiar el modelo implica modificar la Constitución y no hay acuerdo sobre eso. El artículo 99 establece que, después del primer intento fallido de investidura, la cuestión debe resolverse antes de dos meses. En caso contrario, como ocurrirá el martes, se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones.

Hay, sin embargo, una manera de acortar plazos sin tocar la Carta Magna. Pasaría, según algunos juristas, por aprovechar la encomienda del rey de presentarse a la investidura poniéndole fecha de caducidad, un plazo límite que ahora mismo no existe, a través del acto jurídico del encargo del Jefe del Estado. Esta posibilidad metería presión al candidato “para llegar al acuerdo” y permitiría no tener que reformar el 99 de la Constitución porque podría recogerse en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Sería un aliciente para el que no habría que ir a reformar la Constitución.