El Ejecutivo ha decidido plantarse ante la falta de avances en el seno del Poder Judicial. Dos meses después de que el bloqueo conservador impidiese la renovación del Constitucional en el plazo previsto legalmente, el Consejo de Ministros ha dado este martes un paso al frente con la aprobación de sus dos magistrados para el tribunal de garantías. El Gobierno se ha decantado por dos juristas vinculados a la Administración Sánchez. La primera, Laura Díez, ha sido directora general. El segundo, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia hasta hace año y medio. Un perfil político, sobre todo el de este último, que podría terminar poniendo en riesgo la holgada mayoría progresista del futuro Constitucional en algunas de las leyes estrella de esta legislatura enredadas en el tribunal de garantías. Al fin y al cabo, son normas que pasaron por el Consejo de Ministros del que Campo formó parte.
La despolitización de la justicia fue, hasta hace solo un mes, objeto de un amplio debate al calor de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva caduco cuatro años. Ambas formaciones parecían estar de acuerdo en la necesidad de avanzar en esa dirección. De hecho, llegaron a acordar poner en marcha una iniciativa conjunta para que los jueces que entrasen en política no pudiesen regresar a la Carrera Judicial hasta dos años después de su cese. Pero todo ha cambiado desde entonces. Nada queda ya de aquellas semanas de conversaciones. Ni siquiera en lo relativo a levantar una suerte de cortafuegos que rompa con este tipo de puertas giratorias. El Gobierno, lejos de apartarse de una práctica convertida en habitual a derecha e izquierda, ha decidido mantenerla. Y lo ha hecho con todo un ex peso pesado del Ejecutivo.
Ambas propuestas de nombramiento irán ahora directas al Constitucional. Y se abrirá, con toda seguridad, una batalla jurídica sobre si debe o no aceptarse la renovación parcial. La Ley Fundamental establece que los reemplazos se hacen por terceras partes, correspondiendo en esta ocasión al Ejecutivo y Consejo General del Poder Judicial –dos cada uno–. Pero a la vista del bloqueo que está ejerciendo el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces en la designación de sus magistrados, el Gobierno entiende que tiene margen suficiente como para ir por libre. Ahora bien, la posibilidad de que el Constitucional frene los nombramientos hasta que el Poder Judicial logre designar a los suyos –se espera que lo haga antes de que finalice el año, aunque no hay nada cerrado– está sobre la mesa.
La renovación del órgano es importantísima para el Ejecutivo. Principalmente, porque cambia la inclinación de la balanza de sensibilidades en el órgano. En concreto, en cuanto se produzca la renovación de los cuatro magistrados y la sustitución del dimitido Alfredo Montoya, la correlación de fuerzas se situaría en 7 a 5 a favor de los progresistas. Una amplia mayoría que, sin embargo, podría menguar en aquellos pronunciamientos relacionados con algunas de las leyes estrella del Gobierno como consecuencia del perfil político de los candidatos propuestos. Sobre todo de Campo. "Probablemente tendrá que apartarse en todos los asuntos en los que haya participado como miembro del Consejo de Ministros", avisan algunos de los constitucionalistas consultados por infoLibre.
De la 'Ley Celáa' a la Ley de Memoria
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 219 como causa de abstención y, en su caso, de recusación el "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión" con motivo de los cuales "haya participado directa o indirectamente" en el asunto objeto del pleito o causa. Durante su etapa al frente del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo de coalición dio luz verde a diferentes normas que ahora mismo se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional. Una de ellas es la Lomloe, la reforma educativa conocida popularmente como Ley Celáa. Otra, la ley rider. Y en el alambre se encuentran también el real-decreto que permitía suspender desahucios hasta el fin del estado de alarma o la ley de eutanasia.
Tampoco se descarta que el Constitucional tenga que terminar pronunciándose sobre otras leyes estrella que pasaron por Justicia cuando Campo estaba al frente. Es el caso de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. O la Ley de Memoria Democrática. En ambos casos, el departamento que entonces dirigía el ahora candidato al tribunal de garantías participó en el proceso normativo remitiendo informes que incluso llegaron a provocar un choque con Igualdad. Las dos normas entraron en vigor hace apenas un mes, por lo que aún existe margen para que sean recurridas ante el Constitucional –el recurso debe interponerse en el plazo de tres meses desde la publicación oficial–. De hecho, en el caso de la ley memorialista, la ultraderecha ya avisó de su intención de recurrirla.
El aborto es otro de los asuntos que han quedado aparcados a la espera de la renovación. De todos, es el de mayor voltaje político. Y el más antiguo que se tiene entre manos. Doce años han pasado ya desde que el PP, con el asesoramiento del entonces presidente del Foro de la Familia y agarrándose al "derecho a la vida", recurriese la ley del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que admitía el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo o hasta la 22 cuando hubiese riesgo para la salud de la madre. Cuando se aprobó aquella norma, Campo era secretario de Estado de Justicia.
Una recusación del exministro en todos estos asuntos rebajaría la correlación de fuerzas a 6-5. Y si, además, se consiguiese dejar también en fuera de juego a Laura Díez por su papel como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, encargada de prestar asesoramiento en aquellas cuestiones de relevancia constitucional, ambas sensibilidades quedarían igualadas, si bien es cierto que el voto de calidad del presidente, que será progresista, aún podría inclinar la balanza a favor de este bloque. Sin embargo, cualquier ausencia del bloque progresista o posicionamiento de alguno de sus miembros con los conservadores podría ser un problema. Fuentes del Gobierno explican que tanto Campo como Díez se "inhibirán en futuras decisiones" cuando así "corresponda". "Hay una reglamentación sobre abstenciones y recusaciones y doctrina sobre eso", se limitan a indicar.
"El álter ego de Enrique López"
Los constitucionalistas consultados por este diario lamentan que el Gobierno haya decidido continuar con la senda de nombramientos políticos para el órgano. No se refieren tanto al caso de la antigua directora general de Asuntos Constitucionales, a la que encajan en un perfil más técnico –es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona–, sino al del exministro. "Es algo así como el álter ego de Enrique López en el PSOE", opina Joaquín Urías, exletrado del tribunal de garantías.
El Gobierno elige al exministro Campo para el Tribunal Constitucional
Campo accedió a la judicatura hace algo más de tres décadas. Pero lleva desde finales de los noventa ligado a la política. Antes de situarse al frente de Justicia, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, secretario de Estado de Justicia, secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía o diputado durante un lustro. Y, como López, fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, ambos compartieron Pleno.
"No es la primera vez que se producen este tipo de movimientos y tampoco va a ser la última", reflexiona Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Pero eso no quita que "no sea buena idea" colocar en órganos de esta relevancia a magistrados que aún tienen "fresco" su paso por la primera línea política. "El Constitucional tiene que pronunciarse en muchas ocasiones sobre decisiones de carácter político. Por eso, debe mantener la mayor apariencia de distancia respecto de la política", apunta Arbós.
Es una opinión que comparte Urías, quien considera que este tipo de nombramientos inciden aún más en la "degradación" de la percepción de los ciudadanos sobre el tribunal de garantías. "Cuando el exministro firme una resolución, o un voto particular, cuántos se van a preguntar si lo hace porque llega a esa conclusión con argumentos jurídicos y no por su vinculación política", resalta el constitucionalista.
El Ejecutivo ha decidido plantarse ante la falta de avances en el seno del Poder Judicial. Dos meses después de que el bloqueo conservador impidiese la renovación del Constitucional en el plazo previsto legalmente, el Consejo de Ministros ha dado este martes un paso al frente con la aprobación de sus dos magistrados para el tribunal de garantías. El Gobierno se ha decantado por dos juristas vinculados a la Administración Sánchez. La primera, Laura Díez, ha sido directora general. El segundo, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia hasta hace año y medio. Un perfil político, sobre todo el de este último, que podría terminar poniendo en riesgo la holgada mayoría progresista del futuro Constitucional en algunas de las leyes estrella de esta legislatura enredadas en el tribunal de garantías. Al fin y al cabo, son normas que pasaron por el Consejo de Ministros del que Campo formó parte.