Los once peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes que han servido para la acusación del juez Pablo Ruz contra dos de los miembros de la familia Carceller, los principales accionistas de la cervecera Damm, han ratificado este lunes el contenido de sus trabajos, según han confirmado a infoLibre fuentes del caso.
Estos informes establecen que Demetrio Carceller Coll, quien según la Fiscalía Anticorrupción simuló vivir en Portugal para pagar menos impuestos, defraudó 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.
102,95 millones
En total 102,95 millones, tal y como recoge el escrito del fiscal. El hijo del principal acusado, Demetrio Carceller Arce, actual presidente de la cervecera Damm, fue la persona que ayudó al anterior a crear una red defraudatoria, que utilizaba entidades financieras radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá, las antiguas Antillas Holandesas y la isla portuguesa de Madeira, según la Fiscalía Anticorrupción.
Dicho entramado societario fue creado con el asesoramiento y colaboración del bufete barcelonés Pretus. Y en concreto fue el abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que está imputado en el caso, el responsable de la cartera del cliente Demetrio Carceller Coll.
Precisamente los informes de los peritos han servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicite a los Carceller una de las fianzas civiles de mayor cuantía: 764 millones.
Fianzas de 1.437 millones
Las fianzas para los otros dos imputados son de 269,5 millones para el caso de José Luis Serraño Flórez y de 402,86 millones para Gabriel Ignacio Pretus Labayen. En total los imputados implicados en la causa deberán abonar fianzas de responsabilidad civil por un monto de 1.437 millones de euros.
Pero además de los peritos que han actuado en auxilio judicial, este martes también se ratificaron en sus conclusiones dos peritos, propuestos por las partes, que según fuentes de la Audiencia Nacional han defendido la actuación de los Carceller.
El denominado por fuentes del caso como contrainforme se llevó a cabo tras la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que se practicara esta prueba, como contrapeso a las conclusiones de los peritos de la Administración.
"Derecho de defensa"
El ponente de la sentencia, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, obligó a Ruz en enero de 2014 a dar un nuevo plazo, de dos meses, a los Carceller para que presentaran el contrainforme. Y justificó esta medidacon la finalidad de salvaguardar "el derecho de defensa" y de "delimitar la imputación".
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En el mismo auto de la Audiencia Nacional los magistrados archivaban la imputación del presidente de Damm. Pero este fallo fue recurrido por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado.
Y la decisión de la Audiencia fue revocada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que volvió a imputar a Demetrio Carceller Arce, dando de nuevo legitimidad a la decisión del juez Pablo Ruz de abrir juicio oral contra los Carceller y las otras dos personas imputadas en el caso.
Con las comparecencias este lunes de los peritos que han elaborado los informes que han servido para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez mantengan sus acusaciones el caso podría estar próximo a su finalización. Fuentes del caso apuntan la posibilidad de que el juez Ruz cierre en próximas fechas la instrucción con la finalidad de que se juzgue a los Carcellerse juzgue a los Carceller.
Los once peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes que han servido para la acusación del juez Pablo Ruz contra dos de los miembros de la familia Carceller, los principales accionistas de la cervecera Damm, han ratificado este lunes el contenido de sus trabajos, según han confirmado a infoLibre fuentes del caso.