'Operación Lezo'
La Policía realiza registros en Brasil en relación con las operaciones del Canal de Isabel II
La Policía brasileña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está realizando este martes varios registros relacionados con las operaciones del Canal de Isabel II en Brasil, país suramericano que investiga la Audiencia Nacional en el marco de la operación Lezo, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La comisión judicial compuesta por Anticorrupción y agentes de la UCO se han trasladado a Brasil, en un operativo bautizado como Ignatus —según ha informado la Policía Federal en un comunicado—, después de que el pasado 8 de junio hallaran en Colombia 262.000 euros escondidos en una caja fuerte de un apartamento que tiene en Barranquilla el expresidente de Inassa y hombre de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.
La Policía Federal ha informado de que 40 agentes han detenido a dos exdirectivos de Emissao para que declaren en comisaría. También han tramitado otras nueve órdenes de búsqueda y captura en relación con el desvío de fondos públicos, concretamente de 21 millones de euros, según la Policía brasileña.
El 5 de mayo, el Canal de Isabel II dio instrucciones para que se llevara a cabo el cese de uno de sus directivos en la filial de Brasil, Diogo Pacheco, después de que aparecieran informaciones que apuntaban a que esta persona habría alertado al entorno del expresidente madrileño Ignacio González de que le estaban investigando.
El juez Velasco dividió el caso Lezo en seis piezas. La principal, en la que hay 19 imputados, investiga los hechos referentes a la expansión en Suramérica del Canal de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa en 2001 y Emissao en 2013. Entre los imputados figura Sebastiao Cristovam, un empresario brasileño fundador de Emissao Engenharia e Construçoes.
En el auto de prisión de Edmundo Rodríguez Sobrino, el juez instructor del caso, Eloy Velasco, explicó que la compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño.
Según el magistrado, se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales", ya que el mecanismo malversador habría consistido en una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones". Además de Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, Velasco envió a prisión a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y al exgerente Adrián Martín.
Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han subrayado la relevancia que tiene para la instrucción del caso Lezo el hallazgo de abundante documentación en Colombia sobre los 15 años de actividad de Inassa.
Los investigadores están rastreando tanto empresas públicas como otras pantallas y el movimiento de dinero para la compra de Inassa en 2001, en época de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, y de la brasileña Emissao en 2013, con Ignacio González en el Gobierno autonómico.
Sociedades instrumentales y comisiones prohibidas
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La operación de compra de Emissao ascendió a 31 millones de dólares que, según destacó el juez Velasco de acuerdo a las cuentas anuales de Canal Extensia, "descendieron hasta 5 millones de euros en tan sólo dos años". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 detalló irregularidades como la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".
Un informe de KPMG "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición", añadió el magistrado, aludiendo a las sospechas de que Emissao estaría intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares no conocían "pero que operaban en países terceros de escasa opacidad" en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas y careciendo de informes técnicos.
De este modo, el dinero público habría pasado a cuentas bancarias en terceros países "con opacidad" respecto de los titulares reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas".
