Ni sí ni no ni todo lo contrario. El Partido Popular no se moja sobre la reforma pactada entre el Gobierno central y el de Canarias —en el que los conservadores gobiernan en coalición— el pasado mes de abril para cambiar la ley de extranjería y obligar por norma desde el Estado al reparto entre las comunidades autónomas. Un reparto que actualmente es voluntario y que así seguirá tras la decisión de las autonomías del PP de "estudiar a fondo" la propuesta que se ha presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife. "Los Gobiernos del Partido Popular, salvo Ceuta que ha dicho que esto es una oportunidad para tener una solución definitiva, nos han dicho que no se pronuncian, que quieren estudiarlo y leerlo", confirmó tras la reunión el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció pasadas las 22 horas junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La falta de respuesta evita así el choque entre los territorios gobernados por el PP, cuyos intereses son contrapuestos. Mientras que Canarias y Ceuta demandan que esta reforma llegue para aliviar así la carga asistencial, otras autonomías se niegan a que el reparto se haga de forma obligatoria. Según fuentes presentes en la reunión, las autonomías populares alegado que "no son competentes" para "abordar el texto" pese a que fue el grupo parlamentario del PP en el Congreso el que pidió que las autonomías estuvieran informadas. "Nos ha sorprendido que los consejeros nos hayan dicho que son incompetentes porque se tiene que llevar al Congreso", admitió Torres. El ministro y expresidente de Canarias aseguró a su vez que el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, así como Euskadi y Cataluña "han valorado positivamente la iniciativa", aunque han manifestado su intención de añadir cambios en el proceso parlamentario.
El PP solo se compromete al reparto ya acordado de los 400 menores — 347 a la Península, 40 en Canarias y 13 en Ceuta— para este año, por lo que la reubicación de los menores migrantes desde una comunidad a otra seguirá como hasta ahora pese a la situación de Canarias, que sufre desde hace tiempo un colapso —su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000, como recordó Torres—al que no se pondrá fin si el resto de autonomías no quieren aceptar que esos menores se trasladen. El acuerdo que el Ejecutivo de Sánchez y el de Canarias llegó a petición expresa de su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y beneficiaría sobre todo a las islas, Ceuta y Melilla al ser los territorios que más migrantes reciben.
Desde el PP han reprochado al Gobierno de Canarias "la lentitud en los convenios en el envío de menores" y han justificado que, por ese motivo, "no han acogido más", pero lo cierto es que ni en 2022 ni en 2023 cumplieron con lo pactado. El año pasado el Gobierno y las autonomías acordaron que tendrían que acoger a 373 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, sólo tres comunidades aceptaron los traslados. Fueron Andalucía, Aragón y Asturias. Un año antes la situación dejó mejores datos, pero tampoco un cumplimiento completo de los compromisos adoptados.
Vox da por rotos los pactos con el PP y convoca de urgencia a su dirección
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este mismo miércoles que su formación iba a cumplir con "sus obligaciones", es decir, con la reubicación de 347 menores que corresponden a 2024, y prometía "solidaridad", pero sus propios barones añadían que siempre que esta no fuera obligatoria. Aunque son las autonomías las que tienen las competencias en la materia, el conservador situaba toda la responsabilidad en el Gobierno de Sánchez, al que demandaba que "asuma su responsabilidad" pese a que la propuesta de reforma de la ley de extranjería busca tratar de atajar la saturación de unos territorios frente a otros.
Además de la oposición de la mayoría de barones del PP al reparto obligatorio, otro de los obstáculos de la formación está a su derecha. Desde que la migración ha vuelto al centro del debate político Vox lo está aprovechando para marcar perfil frente al PP. La extrema derecha insiste una y otra vez en el mismo falso mantra: los menores que llegan a España son jóvenes peligrosos a los que el Estado trata mejor que "a los de aquí", que tienen más ayudas, más facilidades y más privilegios. Ahora amaga con romper los Ejecutivos regionales de los que forma parte si los conservadores acuerdan con el Gobierno de Sánchez el reparto.
En una nota de prensa difundida este miércoles noche, Vox ha dado por rotos los pactos con la formación de Feijóo y ha anunciado la celebración extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos": "Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", señala la formación ultra.
Feijóo insistió este miércoles en que el PP va a cumplir con lo acordado, aunque sin comprometerse a que el reparto se haga de manera obligatoria como sí le demandan Canarias y Ceuta. "No sé qué va a hacer Vox, nosotros estamos cumpliendo los compromisos de un partido de estado y los acuerdos de estabilidad", señaló, recalcando que en las autonomías donde gobiernan conjuntamente ya han acogidos migrantes. "Esto es la realidad y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber", zanjó.
El Gobierno no tiene alternativa al PP por la negativa de Junts
Por qué ahora no funciona el reparto de menores: las comunidades incumplieron lo pactado en 2022 y 2023
El Gobierno confiaba en llegar a un acuerdo con los conservadores, ya que no tiene otro plan B. La medida necesita el voto en el Congreso del PP después de que Junts haya cerrado la puerta a aceptarla. En los últimos días tanto desde Ferraz como desde el Gobierno demandaban "altura de miras" a los populares, sin embargo ya se mostraban escépticos después del giro ultra de la formación de Feijóo, que la semana pasada, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, llegó incluso a reclamar que la Armada bloqueara a los cayucos en origen, al igual que demanda Vox.
El siguiente paso del Gobierno es reunirse de nuevo con el Ejecutivo canario para ver qué hacen con la propuesta y por el momento no descartan presentar la proposición de ley, aunque no tenga los números, para retratar en las Cortes el rechazo de las otras fuerzas. En el Gobierno, indican las fuentes consultadas, hay máxima preocupación por la “complicada” situación en la que va a quedarse Canarias si esta reforma legislativa no sale adelante. La ministra Rego aseguró que la intención del Ejecutivo es "seguir trabajando las aportaciones" y que van a registrar la iniciativa próximamente.
En el Gobierno central reconocen que van a seguir llegando menores no acompañados a las islas y que el Gobierno central no puede por ley distribuirlos, ya que es una competencia de las autonomías. "El mecanismo voluntario está funcionando relativamente", lamentó la ministra de Juventud e Infancia. Seguirá vigente entonces el actual sistema, que falla y en el que no se cumple ni siquiera el reparto que se pacta en las sectoriales.
Ni sí ni no ni todo lo contrario. El Partido Popular no se moja sobre la reforma pactada entre el Gobierno central y el de Canarias —en el que los conservadores gobiernan en coalición— el pasado mes de abril para cambiar la ley de extranjería y obligar por norma desde el Estado al reparto entre las comunidades autónomas. Un reparto que actualmente es voluntario y que así seguirá tras la decisión de las autonomías del PP de "estudiar a fondo" la propuesta que se ha presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife. "Los Gobiernos del Partido Popular, salvo Ceuta que ha dicho que esto es una oportunidad para tener una solución definitiva, nos han dicho que no se pronuncian, que quieren estudiarlo y leerlo", confirmó tras la reunión el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció pasadas las 22 horas junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.