Ya no es una hipótesis. Las políticas de la ultraderecha han empezado a hacerse realidad en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España impulsadas por las cesiones de un Partido Popular dispuesto a asumir un amplio abanico de propuestas radicales con tal de garantizarse los apoyos que necesita para conquistar gobiernos autonómicos y alcaldías con los que asfaltar el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa.
En los últimos días se suceden las noticias que reflejan la ola de conservadurismo e intolerancia que viene. Que ya está aquí. A veces, inducida por el contexto político, como la decisión, estrictamente personal, de un policía local de Murcia que decidió castigar a una cantante por quitarse la camiseta durante un concierto. Otras, las más, por decisiones de las instituciones que han sido sometidas al extremismo de la ultraderecha gracias a los pactos con el PP.
Es el caso, por ejemplo, del anuncio de la concejal de Festejos de Gijón, representante de Vox en un gobierno liderado por Foro e integrado también por los de Feijóo, de vetar a partir de ahora actuaciones que utilicen la lengua asturiana. Del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), que ha suspendido la función que tenían programada de la obra Orlando, de Virginia Wolf, por motivos ideológicos. O del Ayuntamiento de Náquera (València), que a partir de ahora ya no se concentrará contra la “violencia machista”, sino para decir únicamente “No a la violencia” o “Condenamos toda violencia”. Un gesto de invisibilización de la violencia ejercida contra las mujeres en el que este pequeño municipio valenciano no esta solo. El Ayuntamiento de Burgos ha dejado de guardar un minuto de silencio contra la violencia machista y ahora lo hace “contra la violencia familiar”.
Los cambios se multiplican también contra la la comunidad LGTBi. Náquera también ha prohibido colgar las banderas que representan a este colectivo con motivo del Orgullo en ventanas o balcones, igual que otras instituciones ahora controladas por Vox gracias al PP, como las Cortes de Castilla y León. Los ejemplos empiezan a ser incontables.
Otros gestos de la derecha en su estreno municipal son menos ideológicos pero igualmente significativos: subidas de sueldo para alcaldes y concejales que desmienten los compromisos de la austeridad expresados durante en campaña.
En la mayoría de los ayuntamientos en los que PP y Vox han unido fuerzas —un centenar y medio, aproximadamente, según los cálculos de la formación ultraderechista— todavía no han trascendido las políticas concretas que se disponen a aplicar los nuevos gobiernos municipales. Pero entre los que sí han publicado sus pactos y, sobre todo, con los compromisos que sí han hecho públicos ambas formaciones en las comunidades autónomas en las que han llegado a acuerdos (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Extremadura) ya es posible hacer un primer balance de las cesiones que el PP ha hecho a cambio de conseguir poder institucional.
Borrado de la violencia machista
Aquí la pauta, diluir la violencia machista en el difuso concepto de la violencia intrafamiliar para negar que exista una violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, se repite en todas partes. Vox lo exige y el PP lo acepta. En Castilla y León en forma de compromiso para aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que sitúe al mismo nivel la que sufren las mujeres con la que padecen “menores, mayores, personas con discapacidad o personas vulnerables”, según el documento aprobado en su día por el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) y su vicepresidente Juan García Gallerdo (Vox).
Es una idea similar a la que ha aceptado Carlos Mazón (PP) para obtener los votos que necesita de Vox para convertirse en president de la Comunitat Valenciana: “Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. Feijóo lo justificó en una entrevista en la Cadena Ser: no hay referencia en este acuerdo a la violencia machista porque es “es una obviedad y lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”.
En Extremadura, pese a la supuesta oposición inicial de la candidata del PP, María Guardiola, los de Feijó tampoco hablan de violencia machista. Todo lo más se muestran en contra “de los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.
Una fórmula copiada literalmente del acuerdo de Illes Balears, en el que, sin embargo, PP y Vox garantizan “toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores”. Eso sí, situándola dentro de la “violencia intrafamiliar”, al lado de “la que sufren los niños y los ancianos”, y al mismo nivel que “la creciente violencia filio parental”.
Son expresiones, todas ellas, diseñadas para dejar en segundo plano la violencia machista que también pueden rastrearse en acuerdos municipales. Como el de Guadalajara, donde las principales referencias del acierto entre PP y Vox son “la persona, la familia, su calidad de vida, seguridad y convivencia, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y la solidaridad y la dignidad de los mayores y la protección de la infancia y la adolescencia”.
En algunos sitios ya están tomando forma en medidas concretas: Torroledones (Madrid) ha eliminado los puntos violetas, creados para auxiliar a las mujeres que sufren violencia; y Gijón se proponer revisar toda su ordenanza de igualdad. En todos los ayuntamientos y en las comunidades autónomas desaparecen los departamentos que en los últimos años han desarrollado las políticas de igualdad y son sustituidos por concejalías y consejerías “de familia”.
Contra los migrantes
Vox quiere que las comunidades autónomas y los ayuntamientos desarrollen políticas activas contra los migrantes. A todos los niveles. Extremadura, al menos en el acuerdo hecho público el viernes, se ha quedado fuera. Pero es la excepción.
En el caso de la Generalitat Valenciana supone un compromiso, aceptado por el PP, para denunciar ante “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, entre las que la ultraderecha incluye a las ONG de rescate y auxilio de migrantes, a las que el nuevo Govern tratará de asfixiar económicamente: “Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.
Hay en este pacto una evolución sobre lo enunciado en el de Castilla y León en 2022, donde el acuerdo prometía promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales”.
En este capítulo el acuerdo más drástico es el de Balears, que vincula además migraciones y delincuencia. “Aprobaremos un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir. Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley”. También la prohibición de recibir ayudas públicas si no se tienen documentos y la supresión de subvenciones a las ONG, que Vox (y ahora el PP) tacha de “organizaciones que colaboran con las mafias de tráfico de seres humanos”.
Vetos educativos
Con la excusa de sacar la ideología y el adoctrinamiento de los colegios, el PP ha comprado el discurso de Vox que pretende autorizar a los padres a vetar, en nombre de sus creencias personales, contenidos educativos. “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”, dice el pacto firmado en la Comunitat Valenciana.
La puerta a la prohibición a la carta de contenidos que hablen de la diversidad sexual, la crisis climática o la violencia machista, está abierta. En Castilla y León hace tiempo que, en nombre de la lucha contra el “adoctrinamiento ideológico” (una demanda peculiar en una comunidad en la que la educación hace décadas que depende del PP), también apostaron por “el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”.
En Extremadura han prometido garantizar “la neutralidad ideológica de la enseñanza”, aunque no explican cómo piensan hacerlo. Eso sí, también dejan claro que respetarán “el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.
La escuela balear también estará ahora, proclaman PP y Vox, “libre de adoctrinamiento ideológico”. Aquí si apuntan cómo lo harán: sometiendo a vigilancia a los docentes a través de la inspección educativa “para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas”. De nuevo, también aquí, la derecha promete poner en marcha “mecanismos para garantizar la voluntariedad, conocimiento y aprobación previa de materias”, en este caso sólo “extracurriculares”.
Desprotección ambiental
Que Vox ha hecho bandera de la inexistencia del cambio climático y se opone frontalmente a la Agenda 2030, la hoja de ruta mundial para avanzar en igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, no es novedad. Sí sorprende, en cambio, que el PP haya abrazado las propuestas de la ultra derecha que tratan de desproteger el medio ambiente.
Extremadura, en esto, se ha puesto a la cabeza. María Guardiola (PP) ha firmado con el líder local de Vox, Ángel Pelayo, un acuerdo que propone primar “el desarrollo social y económico” sobre el “cuidado de nuestro patrimonio natural”. Para ello se disponen a revisar “las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura, una red ecológica europea cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa y que, a día de hoy, es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Y apuestan por cambiar la política forestal con el objetivo de recuperar “las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”, así como por “una revisión de las políticas verdes ”que afectan a la agricultura y la ganadería.
“Eliminaremos cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”, proclama el acuerdo que será de aplicación a partir de ahora en Extremadura.
No son teorías. En algunos lugares el desprecio de Vox a las políticas medioambientales se hará pronto realidad gracias al PP. Gijón se dispone a “reducir al mínimo legal la Zona de Bajas Emisiones” dentro de la ciudad para “que todos los vehículos, independientemente de su distintivo ambiental, puedan circular y estacionar en igualdad de condiciones”. Y demorará su aplicación, un mandato de la Unión Europea, todo lo que sea posible legalmente. Valladolid de dispone a hacer lo mismo y son cada vez los municipios, algunos de ellos tan relevantes como Elche, Valladolid, Gijón o Palma, que planean deshacer carriles bici para dar más espacio a los vehículos privados.
La autoridad europea
Entre las cesiones que el PP ha hecho a Vox para garantizarse poder municipal y autonómico también hay desafíos a las políticas que se deciden a través de la Unión Europea. La referencia a impulsar cambios, “en los organismos que correspondan”, para “la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países” son constantes.
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El acuerdo de Balears es el que más se detiene a la hora de explicar este planteamiento. “Protegeremos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, especialmente frente a las normativas comunitarias que les perjudican y dificultan la viabilidad de su actividad. Apoyaremos legislativa, judicial y políticamente la eliminación de las normas que obstaculizan su lucha contra plagas y especies invasoras”.
PP y Vox se han comprometido también a presionar “al Gobierno de España para que exija a las instituciones comunitarias la paralización” de la orden que limita la explotación de las especies que viven en el lecho mediterráneo y la revisión de la normativa comunitaria respecto a las restricciones en la pesca de arrastre.
Para cerrar mercados, algo prohibido por las normas de la UE, PP y Vox han prometido buscar fórmulas que“primen e incentiven el producto local sobre las importaciones” y poner bajo sospecha a “los productos de países terceros”.
Ya no es una hipótesis. Las políticas de la ultraderecha han empezado a hacerse realidad en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España impulsadas por las cesiones de un Partido Popular dispuesto a asumir un amplio abanico de propuestas radicales con tal de garantizarse los apoyos que necesita para conquistar gobiernos autonómicos y alcaldías con los que asfaltar el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa.