El PP intenta usar el ‘caso Fernández Díaz’ para reforzar su discurso antiindependentista

El Partido Popular incorporó este miércoles a su argumentario de campaña la palabra "conspiración". Lo hizo para responder a las grabaciones –cada entrega más contundente y comprometedora– en las que puede escucharse al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conversando con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, y que ponen de manifiesto un intento de buscar casos de corrupción que afectasen a líderes independentistas catalanes. Datan de hace dos años, cuando el proceso soberanista estaba en plena efervescencia.

Preocupados por el efecto que esta noticia pueda tener en las urnas el domingo, los conservadores iniciaron una especie de campaña para desviar el foco de la noticia. Obviando los hechos, pusieron el énfasis en Cataluña con la intención de reforzar su discurso antiindependentista, como si la publicación de esta información por parte del diario Público pusiese en peligro la unidad de España.

Para el PP, este caso ha servido para demostrar que "la izquierda está haciendo el juego a los independentistas con las libertades de todos". "Los extremistas y los independentistas están tratando de debilitar al Partido Popular para allanar su camino hacia la ruptura de España. Legitiman unos métodos profundamente mafiosos, como son unas grabaciones ilegales, con el evidente propósito de sacar réditos en las próximas elecciones", podía leerse en un documento interno al que tuvo acceso infoLibre.

El discurso público lo marcó Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en funciones, en una breve entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo (laSexta). Apelando a la prudencia y reclamando que se espere a la investigación anunciada por Interior para conocer los detalles del caso y cómo fue posible que se grabara y filtrara una conversación del ministro, la número dos del Ejecutivo desvió el tiro hacia la Generalitat.

Afirmaciones "muy gruesas"

Tras señalar que estamos ante "afirmaciones" que, a su juicio, "son muy gruesas", Santamaría, máxima responsable política de los servicios de inteligencia españoles, trasladó la pelota al tejado del Govern. Mantuvo que su llamada a la cautela se basa en gran parte a que "ahí", en las conversaciones, "está presente una institución que no es del Gobierno de la Nación". Se refería a la OAC, organismo del que, según su propio testimonio, el presidente del Gobierno no tenía conocimiento hasta que estalló el escándalo. 

Santamaría prosiguió apuntando a que esa institución "es de la Generalitat, nombrada a propuesta del presidente de la Generalitat, que es el señor Artur Mas, votada por su Parlamento". "Entonces, ojo. Es una institución propia de quienes están diciendo determinadas cosas a los que yo les pediría prudencia". Una alusión a las peticiones de dimisión de Rajoy y de su ministro del Interior lanzadas el martes por la noche por los partidos soberanistas y a las que se fueron sumando otras fuerzas este miércoles.

Pocos minutos antes de las 21.00 horas de este miércoles, el PP difundió un argumentario de campaña titulado "No todo vale" en el que destaca, entre otros asuntos, que "el jefe de la Oficina Antifraude es un magistrado nombrado por el Parlamento catalán".

El "miedo" de Podemos

En círculos del PP se atribuye, sin pruebas, a las formaciones partidarias de la independencia de Cataluña el "interés" de que estas grabaciones vieran la luz a pocos días de las elecciones generales. "Podemos se está haciendo con gran parte del antiguo voto independentista y hay mucho miedo a lo que pueda pasar el 26-J", señala un destacado dirigente conservador. Frente a los independentistas y los "extremistas" el PP se erige como garante de "la España moderada".

La misma fuente, en conversación con infoLibre, ironiza con que estamos pasando del eslogan "España nos roba", en referencia a la aportación de Cataluña a las finanzas del Estado, al "España fabrica pruebas contra nosotros".

"Pescar en río revuelto"

En lo demás, Santamaría se mantenía fiel al cierre de filas en torno a Fernández Díaz que se impuso desde primera hora de la mañana cuando Mariano Rajoy, en una entrevista concedida a Onda Cero, trasladaba su plena confianza en el titular de Interior en funciones. Lo volvería a hacer en dos ocasiones más a lo largo de la mañana en el Puerto de Sóller (Mallorca), donde acudió a presidir un acto de campaña. "Algunos intentan pescar en río revuelto", llegó a decir.

Sin citar en el mitin el caso concreto que afecta a Fernández Díaz, uno de sus mejores amigos dentro del Consejo de Ministros, Rajoy no quiso pasar por alto hacer una defensa cerrada de la Constitución. "No podemos poner en riesgo los valores, principios y fundamentos que nos dimos en 1978", dijo.

Rajoy proclamó que este 26-J, entre otros asuntos, está en juego "la soberanía nacional". En este sentido, mantuvo que lo que pasa en España es cuestión de todos los españoles. "Eso es la soberanía nacional que algunos parece que pretenden liquidar ahora", aseguró.

Cospedal: "sin duda" es intencionado

María Dolores de Cospedal, número dos del partido, tampoco obvió el discurso de la unidad de España en sus actos de campaña. Por la tarde, en Santa Cruz de Tenerife, manifestó que la intención de su partido es la de formar un Gobierno "que garantice estabilidad, futuro y seguridad para todos los españoles, un Gobierno que trabaje para generar crecimiento y empleo, y que sea empleo de calidad, y que también defienda cuestiones tan importantes como la unidad y la diversidad de España".

Por la mañana había estado en Las Palmas de Gran Canaria y, sin entrar en la gravedad de la conversación entre Fernández Díaz y su interlocutor, hizo hincapié en la "gravedad" que, a su juicio, supone la grabación. "Me parece tremendo que los que están pidiendo explicaciones no se las pidan a quienes han grabado una conversación privada mantenida entre dos personas que tienen un cargo institucional y que tienen como misión velar por la seguridad y por el cumplimiento de la ley", señaló según informa Europa Press. Preguntada sobre si podría tratarse de un hecho intencionado para afectar a las elecciones, no vaciló: "Claro que sí, sin duda alguna".

Otro amigo de Rajoy en el punto de mira

Jorge Fernández Díaz no es un ministro cualquiera en el gabinete de Rajoy. Es uno de los dirigentes conservadores con los que más confianza tiene. "Son amigos", mantienen desde Moncloa. No en vano, integra el grupo de ministros más próximos al presidente del Gobierno –el ahora conocido como G-8, que empezó siendo el G-5–, equipo que surgió como contraposición a los fieles a Santamaría, también conocidos como sorayos. Lo integran, entre otros, Ana Pastor, José Manuel García-Margallo o Rafael Catalá y ya exministros como José Manuel Soria o Miguel Arias Cañete han hecho acto de presencia en encuentros que no siempre gustan a Rajoy porque irritan al sector opuesto en el Gobierno.

En el PP circunscriben a esta amistad la cerrada defensa que el jefe del Gobierno en funciones hizo este martes del ministro, una relación que, según cuentan, se ha fortalecido en esta legislatura. También, en segundo lugar, al momento en el que se produce la filtración. "Son momentos en los que hay poca duda de la intención de quienes difunden las grabaciones", señala un dirigente del PP de Cataluña.

Los conservadores creen, a día de hoy, que el caso no va a llegar tan lejos como el de José Manuel Soria, también muy amigo de Rajoy y que acabó dimitiendo por figurar en empresas con vinculaciones en paraísos fiscales. Pero admiten que es un "duro golpe" para Rajoy y para el resto de cabezas de lista del partido. "La campaña iba genial. Estábamos subiendo día a día en todas las encuestas. Nuestro electorado estaba contento y optimista. Esto es un bajón importante", admite un dirigente regional.

¿Afectará al voto? En Génova creen que "poco", pero señalan que sí va a afectar al "discurso" de los días que quedan de campaña y cruzan los dedos para que la historia no tenga más recorrido. "Quizá a algún indeciso le lleva a no apoyarnos, pero no va a ser la tónica general. Esperemos", señala un veterano diputado con experiencia en procesos electorales. No obstante, la reacción del PP y casi el Gobierno en pleno declarándose víctimas de una conspiración es una clara prueba de que la preocupación está ahí.

La oposición se pone de acuerdo

En una campaña muy polarizada, el caso Fernández Díaz, logró este miércoles no sólo poner de acuerdo a ERC y CDC, las fuerzas afectadas directamente por la conversación desvelada por Público. La oposición en pleno exigió responsabilidades a Rajoy y al ministro. También pidieron dimisiones. Y el PP se revolvió y salió a acusar a algunos dirigentes políticos de aprovechar un acto que tildaron de "ilegal" para obtener rédito electoral.

Desde el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, exigió la dimisión o el cese inmediato del ministro del Interior en funciones. En una declaración institucional, Sánchez calificó de "inaceptable" que se traten de emplear las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "dirigirlos a objetivos contrarios a la ley con fines partidistas" y para "crear apariencia de comportamientos delictivos" de políticos "para fortalecer la proyección del PP en Cataluña".

No obstante, el número uno socialista asumió que "probablemente" el ministro en funciones seguirá en el cargo porque Rajoy no lo destituirá. "Probablemente su respuesta se resumirá en 'sé fuerte, Jorge", señaló en alusión a los SMS de Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas.

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Desde Podemos, su líder, Pablo Iglesias, también demandó la dimisión apelando a que el ministro había despreciado la ley.

Albert Rivera (Ciudadanos), reaccionó en un desayuno informativo en Burgos. “Lo que más me preocupa es si el presidente estaba al corriente de las conversaciones de Fernández Díaz. Si eso es así, debe asumir que él es el responsable, y si no es así, debe expulsar inmediatamente al ministro del Interior”, sostuvo.

Mientras, en el Parlament, la Mesa, su órgano de gobierno, decidió este miércoles iniciar el procedimiento de revocación del nombramiento de Daniel de Alfonso como director de la OAC al haberlo pedido los grupos parlamentarios de JxSí, C's, PSC, SíQueEsPot y la CUP. Así lo explicó en rueda de prensa la presidenta Carme Forcadell.