En las últimas elecciones autonómicas y municipales, las de 2023, fue uno de los mantras de la campaña de Vox: el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido España en el paraíso de la okupación. Tras los comicios, los nuevos gobiernos autonómicos y algunos municipales entre la formación ultra y el PP incluyeron en los pactos entre ambas fuerzas la creación de oficinas antiokupación. Los acuerdos entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia, Aragón y Baleares incluían estos nuevos departamentos que ya existían en otras comunidades como Madrid y Andalucía, en las que sus presidentes del PP han dejado de necesitar los apoyos de la extrema derecha.
Desde que Vox rompiera sus pactos autonómicos con el PP el pasado 11 de julio, el principal partido de la oposición se ha lanzado a tomar como propias las principales banderas de Vox. La de la okupación ha sido la última. Este mismo viernes, lo ha vuelto a hacer al anunciar la creación de esas oficinas que antes les exigía la extrema derecha en todas las autonomías que ahora gobierna en solitario. "Vamos a proponer que todas las comunidades gobernadas por el PP pongan en funcionamiento un servicio de atención para que den información, asesoramiento jurídico y orientación a las víctimas de la okupación", ha asegurado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín. El objetivo es proteger "a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos".
Okupación e impagos de alquiler en el mismo paquete. Como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario. Como señala Daniel Bernabé en un reciente artículo publicado en infoLibre, en 2023 se produjeron en España 26.659 desahucios, de los que tres de cada cuatro se debieron al impago de la renta. Es cierto que la cifra es un 30% inferior a la del año anterior, pero el descenso tiene que ver con las medidas contra la vulnerabilidad económica que puso en marcha el Gobierno con la pandemia de covid. Según un informe del Grupo de Estudios Críticos Urbanos de la UNED, los propietarios doblan ampliamente a los inquilinos en ingresos. Mientras que los primeros perciben unos 56.000 euros al año, las rentas de los segundos se quedan en 20.000 euros.
Pero la okupación no es la única bandera de Vox que ha comprado el partido de Feijóo. También la inmigración, a la que no ha dudado en ligar con la delincuencia. El presidente del PP incluyó las tres en el mismo combo durante la campaña a las pasadas elecciones catalanas. "Pido el voto para los que se dan cuenta de que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurtos y de reincidencia más altos de España. Pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal pero no admiten que la inmigración ilegal se quede en nuestras casas ocupando nuestros domicilios", dijo. Semanas después, durante una reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, confirmó que no había sido un desliz. Que esa era su posición frente a los migrantes. "Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, pero también para los que estamos", subrayó ante los miembros de ese órgano. Después añadió: "Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle".
Se trata de un mensaje muy similar al incluido elección tras elección en los programas de Vox. El de las municipales y autonómicas de 2023, por ejemplo, decía: "La política de fronteras abiertas, impuesta por las élites, ha importado violencia e inseguridad, destruyendo la identidad de nuestros barrios y evidenciando que las sociedades multiculturales son multiconflictivas". Pero además, las estadísticas demuestran que mezclar inmigración y delincuencia es un bulo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 se condenó por delitos a 426.416 personas en España, de las que 316.356 tenían nacionalidad española. Las condenas de ciudadanos procedentes de países africanos o americanos –los dos continentes de los que proceden la mayoría de los migrantes que residen en el país– representaron el 17% del total.
La coincidencia entre PP y Vox ahora que han dejado de conformar juntos gobiernos de coalición, también se extiende al modo de combatir los flujos migratorios irregulares. Aprovechando el repunte de la llegada de migrantes a Canarias, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, propuso implicar a los militares. "El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones para evitar que esos cayucos salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país", dijo en una entrevista en Antena 3 el pasado 4 de julio. Se trata de la misma medida planteada hace ya cuatro años por el dirigente de Vox Jorge Buxadé, que pidió "un bloqueo naval" para frenar lo que calificó de "invasión migratoria organizada". España, según el portavoz ultra, debía "defenderse con todos los medios a su alcance, y el primer medio es la intervención de las Fuerzas Armadas".
Lo cierto –entonces, como ahora– es que el Derecho Internacional del Mar impone a cualquier buque militar en aguas españolas rescatar a las personas que se encuentren en peligro de naufragio. Obligar a las piraguas a poner proa a África podría además suponer un delito. El Código Penal castiga en su artículo 195 a todo aquel "que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros". Si en su vuelta a las costas africanas el cayuco se hundiera y fallecieran sus ocupantes, podría llegarse a hablar de "homicidio imprudente".
En las últimas elecciones autonómicas y municipales, las de 2023, fue uno de los mantras de la campaña de Vox: el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido España en el paraíso de la okupación. Tras los comicios, los nuevos gobiernos autonómicos y algunos municipales entre la formación ultra y el PP incluyeron en los pactos entre ambas fuerzas la creación de oficinas antiokupación. Los acuerdos entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia, Aragón y Baleares incluían estos nuevos departamentos que ya existían en otras comunidades como Madrid y Andalucía, en las que sus presidentes del PP han dejado de necesitar los apoyos de la extrema derecha.