PP y Vox dan carpetazo al escándalo de las muertes en residencias en Madrid: "No necesitamos una investigación"

El tándem PP-Vox deja claro que no se volverán a investigar en sede parlamentaria las miles de muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Y no se hará por varios motivos. Primero, porque los conservadores no están dispuestos a permitir que desde el bloque de la izquierda se siga "agitando" el que es el principal avispero de la gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Y segundo, porque desde la ultraderecha consideran que el "diagnóstico" ya está claro y que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia delante para avanzar hacia un "nuevo modelo". "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", sostuvieron desde la bancada de Vox en respuesta a las formaciones de izquierdas, que acusaron al bloque de derechas de intentar silenciar y "acallar" lo sucedido en los geriátricos de la región durante los meses más terribles de la crisis sanitaria: "No sé cómo pueden dormir sabiendo lo que han hecho".

La hecatombe en los centros de mayores madrileños regresó de nuevo este miércoles al Pleno de la Asamblea de Madrid. Casi cuatro meses después de que el rodillo PP-Vox impidiese una reapertura en la Cámara regional de la investigación que quedó cerrada en falso tras el adelanto electoral, Unidas Podemos ha vuelto a llevar al Parlamento autonómico una proposición no de ley para instar al Gobierno de Díaz Ayuso a "investigar y analizar" lo sucedido en los geriátricos, a crear una Ley de Residencias y a proteger a las trabajadoras cuando denuncian o informan de las condiciones en las que desarrollan su actividad. "Les dije que no nos íbamos a cansar ni a rendir", ha arrancado la diputada Paloma García, quien ha sido la encargada de defender la iniciativa en sede parlamentaria, que ha sido tumbada por conservadores y extrema derecha.

Durante su intervención, la parlamentaria se ha encargado de repasar toda la información que se conoce sobre lo vivido en marzo y abril de 2020 en los centros. Ha hablado de los protocolos que impedían la derivación hospitalaria de los mayores, algunos de los cuales, a pesar de la teoría del borrador que se alentó desde el Ejecutivo regional, iban firmados por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria y fueron enviados a los centros. O de la no medicalización de las residencias. O de que ni siquiera se utilizaron los hospitales privados o las instalaciones de campaña que se montaron, como la que se levantó en Ifema, para atender a los residentes. "Todos estos son datos constatables", se ha encargado de recordar la diputada de Unidas Podemos.

Pero no fue la única información que García se encargó de poner sobre la mesa. Los grupos ya tienen las cifras de ejecución presupuestaria relativas al año pasado, al más duro de la pandemia. Y, ahí, el grupo parlamentario también ha encontrado datos relevantes. "Todo el mundo pensaría que si se prohibió la derivación a hospitales, el gasto de oxígeno en las residencias sería mayor. Pues no, no se gastó más dinero, sino menos. En concreto, dejó de gastarse el 43% de la partida relativa al oxígeno", ha sostenido la diputada. Una realidad con la que también se ha topado prestando atención al gasto en farmacia. "Si no se les dejó ir a hospitales, lo lógico es que hubiera sido mayor que el presupuestado. Pues no, fue menor. Se gastó el 33% menos de la partida dedicada a los productos farmacéuticos", ha recalcado.

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La única explicación que encuentra García a dichas cifras es que o bien "no les importe" la "vida" de los mayores o que exista un "cierto grado de psicopatía". Al ataque iniciado desde Unidas Podemos se sumaron, posteriormente, Más Madrid y PSOE. "Teníamos el peor sistema en el peor momento. Mientras lo público ha ido retrocediendo, el sector privado se ha tirado al cuello de un mercado que le asegura beneficios. Somos una de las tres comunidades con más plazas privadas que públicas", ha señalado el diputado verde Emilio Delgado, quien ha recordado que en la región "hacen falta 8.000 plazas públicas". Desde las filas socialistas, el parlamentario José Cepeda ha acusado a la derecha de querer "ocultar" lo sucedido en los geriátricos cuando todavía quedan "muchas preguntas por responder". Por ejemplo, por qué se ha acordado indemnizar con un millón de euros a una quincena de geriátricos que, en algunos casos, tienen causas abiertas en los tribunales.

Pero la derecha, como hizo el pasado mes de julio, se ha mantenido firme. No volverá a haber una comisión de investigación sobre la tragedia en las residencias madrileñas. En primer lugar, no tendrá el visto bueno del PP, quien se ha encargado de acusar –otra vez más– a los grupos de la oposición de "seguir agitando" el asunto como parte de su "estrategia política". "Quieren jugar con el dolor de las familias para utilizarlo en contra del Gobierno del PP", se ha encargado de señalar desde su escaño la diputada Encarna Rivero, quien ha señalado que los votantes y los tribunales ya han valorado la actuación del Ejecutivo regional en relación con el agujero negro de las residencias. Y con esto dicho, ha cargado contra Pablo Iglesias, ha acusado a Más Madrid de alentar sabotajes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y ha criticado que la izquierda no colabore en la comisión sobre Barajas: "Eso sí que merece una auténtica comisión".

Y como los conservadores, tampoco la ultraderecha está por la labor. A pesar de la existencia de unos "protocolos indignos", de que "faltó" una "coordinación" entre las áreas "social y sanitaria", de que existiese una "total improvisación", de que el personal estuviese "sobrepasado"... Para Vox, no hay más que investigar porque, según ha dicho, el "diagnóstico" ya está claro. "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", se ha encargado de decir el diputado José Ignacio Arias, quien ha resaltado que lo que buscaba la izquierda en la comisión de investigación de la pasada legislatura no era "la verdad", sino "tumbar al Gobierno". Ahora, ha dicho, es necesario mirar hacia delante. Y, para ello, lo que hay que hacer es apostar por una una "comisión de estudio" como la que la ultraderecha registró a mediados de octubre. "Para mejorar sistema de coordinación, honrar a los fallecidos y estudiar si procede un nuevo modelo", ha sentenciado Arias.