La prescripción y la falta de pruebas libran a las grandes empresas de los tentáculos judiciales del 'caso Villarejo'
El estallido de la operación Tándem, que dio comienzo a finales de 2017 con la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, supuso un auténtico terremoto para las altas esferas del Estado. No solo a nivel político, sino también empresarial. En el registro de la casa del expolicía, los investigadores se toparon con carpetas y discos con los nombres de un buen número de compañías. Algunas, pequeñas. Otras, gigantes. Son los "teloneros" y "rockstars" que dieron nombre a la estrategia de orden en la investigación que acordaron los dos fiscales que llevaban entonces el caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, protagonista del nuevo pódcast El país de los demonios. Y que centraron un buen número de piezas abiertas en la causa sobre los trabajos del comisario jubilado.
Las estrellas del rock no eran poca cosa. Bajo la lupa de los investigadores se situaron verdaderos puntales económicos. La sombra del caso se fue extendiendo sin parar por el Ibex 35, salpicando a algunas de las principales entidades financieras y energéticas del país. Tanto, que causó preocupación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desde donde se llegó a emitir un comunicado advirtiendo que este tipo de situaciones podían "comprometer la imagen y reputación" del mercado de valores. Ahora, tres años después de la advertencia del supervisor, la gran mayoría de estas compañías han logrado zafarse de los tentáculos judiciales del caso Villarejo. La prescripción o la falta de pruebas, entre otras cuestiones, han jugado a su favor.
Mutua Madrileña ha sido la última gran firma que ha conseguido salvar los muebles. El magistrado instructor, Manuel García Castellón, decidió esta semana archivar la investigación que salpicaba a la aseguradora. La pieza se centraba en dos grandes encargos al comisario jubilado. El primero, que data de 2009, era el Proyecto Lump, que tenía como objetivo "salvaguardar los intereses" de la firma "ante una eventual situación de riesgo" por "prácticas poco ortodoxas de ciertas personas", entre las que se encontraba José María Ramírez Pomatta, antiguo presidente de la entidad. El segundo, fechado en 2012, era el Proyecto Autum y buscaba "analizar la situación patrimonial" de Pomatta y su entorno, ya que la justicia había condenado a la Mutua a pagarle 14 millones de euros.
García Castellón llegó a proponer sentar en el banquillo por estos hechos al comisario, al abogado Rafael Redondo y a quien fuera jefe de Seguridad de la compañía. Pero la Fiscalía renunció a presentar acusación. Al final, el magistrado ha acogido sus argumentos y ha cerrado el caso. Primero, por considerar que no hay pruebas de que el Proyecto Lump se llegase a ejecutar más allá de unos informes "preliminares". Es más, según el magistrado, de lo actuado no se aprecia ni que se aceptase ni que se llegase a realizar ningún pago por estas labores. Y, además, un posible cohecho ya estaría prescrito. En cuanto a Autum, no aprecia "ilicitud" ni en el encargo, ni en la ejecución, ni en el pago –se llegaron a abonar 18.880 euros–.
Como la aseguradora, también el Grupo Planeta ha conseguido ir capeando el temporal. El gigante editorial ha aparecido vinculado a dos grandes piezas de Tándem. La primera, la número doce, se ha centrado en las supuestas labores de investigación llevadas a cabo por Villarejo cuando era comisario en activo sobre un árbitro que había participado en el procedimiento de arbitraje entre Planeta y Radio Blanca Kiss FM. Se le llamó Proyecto July y el gigante editorial habría pagado por la investigación 48.400 euros al despacho de abogados Stuart & Mackenzie, dirigido por Villarejo. En julio de 2021, el instructor propuso enviar a juicio al comisario, un expolicía o los responsables de Asesoría Jurídica y Seguridad de Planeta. La empresa, como persona jurídica, se libró.
Pocos meses antes, la firma había logrado también salir airosa de la pieza número dieciocho de Tándem. En este caso, lo que estaba bajo la lupa del juez era un supuesto encargo –Proyecto Brod– a la trama de Villarejo para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, fundadores de ZED. En el marco de estas pesquisas, fue llamado a declarar como investigado Mauricio Casals. Pero el magistrado instructor no tardó en archivar el asunto para el empresario al no considerar acreditada su participación en los hechos. En aquel auto, además, se negaba a citar como investigados al Grupo Planeta como persona jurídica y a varios de sus directivos. Un rechazo que luego avaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: "No existen indicios bastantes".
Los gigantes del Ibex
Quien sí estuvo investigada como persona jurídica durante un año fue una filial de Iberdrola: Iberdrola Renovables. En el marco de la pieza diecisiete, la sociedad estuvo bajo la lupa del juez instructor por el llamado Proyecto Wind, el supuesto encargo al comisario jubilado para llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes la firma se había aliado para acometer proyectos en Rumanía y con quienes surgieron conflictos que fueron resueltos en un procedimiento arbitral. Sin embargo, el pasado verano García Castellón dio carpetazo a las pesquisas contra la sociedad. El delito de cohecho por el que se la investigaba estaría prescrito.
La prescripción también liberó del caso Villarejo al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La imputación del jefe de la energética en el marco de la misma pieza se vinculó con los proyectos Arrow –infiltración en movimiento ecologista y vecinal que se oponía a la construcción de una central de gas en Arcos de la Frontera–, Black Board –investigación sobre el expresidente de Endesa Manuel Pizarro– Gipsy –espionaje de un directivo de Iberdrola bajo la sospecha de que pudiera estar filtrando información a ACS– y Posy –búsqueda de información sobre Florentino Pérez–. Todos estos trabajos se llevaron a cabo entre 2004 y 2009, cuando Villarejo estaba en activo. "Puede concluirse que los delitos imputados a Sánchez Galán estarían prescritos", concluyó el magistrado.
La Sala de lo Penal confirmó el archivo tanto en el caso de Iberdrola Renovables como en el del presidente del gigante eléctrico. Lo mismo que hizo el pasado mes de enero dicho órgano judicial respecto del carpetazo de la investigación decretado por García Castellón sobre otros dos titanes del Ibex 35: Caixabank y Repsol. El banco y la energética, como personas jurídicas, así como sus presidentes –Isidro Fainé y Antonio Brufau–, fueron investigados en la pieza veintisiete. En concreto, la que giraba alrededor de contratación de los servicios de Villarejo para intentar frustrar el acuerdo al que había llegado en 2011 Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, con la mexicana Pemex para incrementar su participación en Repsol.
El instructor decidió exonerar el pasado verano tanto a las sociedades como a sus dos máximos responsables, continuando el procedimiento únicamente contra Villarejo, Redondo, el comisario Enrique García Castaño y los responsables de Seguridad de las compañías. Brufau y Fainé se libraron porque el magistrado consideró que no había pruebas de que "la iniciativa de contratar" al expolicía hubiera partido de ellos o de que conocieran los "pormenores" del encargo. En cuanto a las empresas, subrayaba que las dos contaban con mecanismos de "supervisión y control", cumpliendo así con los requisitos legales. Algo en lo que también insistió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando confirmó el archivo tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción.
BBVA continúa bajo la lupa
El caso Villarejo, sin embargo, todavía sigue persiguiendo a BBVA. El segundo banco del país aún está siendo investigado, como persona jurídica, en la novena pieza de la macrocausa, donde se examinan los encargos de la entidad financiera a Villarejo entre 2004 y 2017, por el que la compañía llegó a pagar, según las cifras puestas sobre la mesa por el instructor, más de 10 millones de euros. Estas pesquisas arrancaron a comienzos de 2019, cuando se hizo público que BBVA había contratado al comisario jubilado para desactivar el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del banco y forzar la salida de su presidente, Francisco González. Esta operación, según publicó El Confidencial, habría incluido investigación de comunicaciones.
El juez decidió entonces imputar a la empresa por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Pocos meses después, puso bajo la lupa también a González, que el pasado mes de diciembre volvió a insistir en que él no ordenó contratar a Villarejo. Ambos, según confirman fuentes jurídicas, continúan como investigados mientras las pesquisas encaran su recta final. Se espera que en las próximas semanas la instrucción llegue a su fin.
