El primer acercamiento del nuevo Gobierno al PP no despeja el camino para renovar el Poder Judicial

Ha sido un contacto breve, casi protocolario. "Llamadas de cortesía", resumen en Moncloa. El nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inició este jueves con una ronda de llamadas telefónicas sus primeros contactos con los portavoces de los partidos de la oposición para tantear su disposición a alcanzar acuerdos a partir del mes de septiembre, cuando se reanude el período de sesiones en el Congreso de los Diputados. Constató lo que ya sabía.

De un lado, el muro de la derecha. El PP está dispuesto a hablar pero no habrá acuerdos, sobre todo en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo retraso ya es motivo de preocupación en Europa, a menos que se haga según sus reglas y no de acuerdo con la legislación vigente. Vox, por su parte, llevó su discrepancia al extremo: su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ni siquiera descolgó el teléfono para atender la llamada del ministro. La derecha extrema califica de “circo mediático” la interlocución con el Gobierno de España, con el que no tiene intención de mantener el más mínimo contacto más allá de exigirle la “dimisión y la convocatoria de elecciones” anticipadas.

“No hay nada nuevo”, según fuentes del PP. “Nuestra posición es la trasladada por el presidente” del partido: renovación sí, pero no como marca la ley, sino como desea Pablo Casado. Es decir, negando al Congreso y al Senado su derecho a participar en la designación de una parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces a partir de las propuestas que les planteen las asociaciones judiciales, como lleva ocurriendo desde hace décadas, con gobiernos del PP y del PSOE.

El mecanismo de elección del CGPJ que el PP discute está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que este órgano estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años. De estos, ocho serán juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado —cuatro en cada una de las Cámaras—. Los doce restantes serán jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.

"Designados por las Cortes"

Y la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Poder Judicial vigente recoge en su artículo 567 que los 20 vocales “serán designados por las Cortes Generales” según el siguiente procedimiento: “Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.

El PP, en cambio, quiere incumplir esta ley, que ahora no le gusta pero que aplicó sin problema los años que gobernó España. Su objetivo es que el CGPJ no tenga una mayoría de vocales en consonancia con la composición actual las Cortes, sino que, dejando la designación en manos de los jueces —mayoritariamente conservadores— el Consejo siga teniendo una representación que le sea mayoritariamente afín.

El asunto, en todo caso, no volverá a abordarse hasta septiembre, esta vez con el estímulo de la Unión Europea, que acaba de urgir a nuestro país, por segunda vez en año y medio, a renovar los órganos constitucionales pendientes, como el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Bruselas también ha recordado, y es a eso a lo que se aferra el PP, que el Consejo de Europa, el mismo órgano cuya legitimidad discute la derecha española por pedir la anulación de los procedimientos judiciales contra los independentistas, defiende “que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial". En la actualidad los jueces proponen a través de sus asociaciones a medio centenar de aspirantes para que las Cortes puedan elegir a doce de ellos.

A la presión de la Unión Europea se ha sumado en las últimas horas la de varias asociaciones judiciales. La conservadora APM trasladó a infoLibre que no está de acuerdo con el planteamiento del PP de reformar primero la ley para cambiar el sistema de elección de vocales antes de acometer la renovación, pendiente desde diciembre de 2018. El largo periodo que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones, además de la modificación legal que le impide realizar nombramientos discrecionales, hace necesario, en su opinión, “renovar ya” y, una vez desbloqueada la situación, intentar las reformas que plantea el partido conservador.

Peticiones de dimisión

La progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha llegado incluso a pedir a presidente del Supremo y del CGPJ que dimita para forzar la renovación del Consejo.

La asociación Francisco de Vitoria, en cambio, trasladó este jueves a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que es partidaria de la reforma de la ley, tal y como plantean PP, Vox y Cs, para que sean los jueces los que elijan directamente a doce de los 20 vocales.

Según datos del propio CGPJ, las asociaciones de jueces consideradas en la órbita del centro derecha (APM, AFV y FJI) representan al 46,3% de la judicatura y la única progresista (JJD), a no más del 8,5%. Casi un 45% de los jueces y magistrados no pertenecen a ninguna asociación y por tanto no tiene capacidad de proponer candidatos.

A pesar de la nula disposición del PP a desbloquear la situación y cumplir la ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a pedir al principal partido de la oposición una “reflexión”, que deje de “entorpecer” y que se siente a cerrar de una vez por todas un acuerdo que ponga fin a la interinidad de del CGPJ. Lo hizo en un encuentro informal con los periodistas que siguen si gira de estos días por Estados Unidos.

Sánchez insistió en que es el partido de Pablo Casado el responsable del bloqueo y que son ellos por lo tanto los que deben moverse. No obstante, de momento no tiene previsto llamar al líder del PP para pedírselo personalmente. En su opinión, la negociación debe realizarse entre los grupos parlamentarios del Congreso.

Contactos

Los contactos del ministro Bolaños comenzaron con Gamarra y la conversación, como suele ser habitual, transcurrió “en un tono cordial y dialogante”. 15 minutos según fuentes del ministerio. Apenas diez según el PP.

Vox no respondió a la llamada del Gobierno de España, pero sí lo hicieron ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu y PDeCAT. Todas las conversaciones, siempre según el ministerio, se celebraron “en tono cordial, con una duración de entre 10 y 30 minutos y en todas ellas se han emplazado a mantener una reunión presencial al inicio de las sesiones plenarias, ya en septiembre”. Bolaños tiene intención de completar este viernes la ronda de llamadas con los temas portavoces parlamentarios. Para el final ha dejado a los de Unidas Podemos y PSOE, los dos grupos que forman el Gobierno de coalición.

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El número dos de Cs, Edmundo Bal, declaró por la mañana, antes de hablar con el ministro, que le plantearía su negativa a participar en la designación de vocales para el CGPJ. Su grupo es uno de los que más firmemente defienden que la renovación de este órgano dependa —al menos en la parte que no está obligada por la Constitución— de los propio jueces.

Los demás grupos con lo que habló el ministro este jueves, que forman parte de la mayoría que suele respaldar la iniciativas del Gobierno, plantearon a Bolaños su preocupación, reiteradamente expresada en el Congreso, por la tendencia del Ejecutivo a no negociar sus propuestas hasta el último minuto.

La más explícita fue la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Más allá del “tono cordial y respetuoso” de la conversación, en la que según este grupo el ministro compartió “las líneas generales que el Gobierno pretende llevar a cabo en los dos años de legislatura que restan”, EH Bildu le trasladó su “ preocupación por los métodos de negociación a contrarreloj del Ejecutivo durante los últimos meses. Aizpurua pidió a Bolaños que el Gobierno refuerce “el diálogo con las fuerzas de izquierdas” y trabaje “con suficiente antelación los consensos para ganarse los apoyos y afianzar la mayoría progresista”.