Primer choque de González Laya con el independentismo por su actividad en el extranjero: el viaje a Islandia de Costa

El Ministerio de Asuntos Exteriores UE y Cooperación ha advertido a Junts per Cat que el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, estaba obligado a informar oficialmente de su viaje a Islandia el pasado mes de enero, conforme a la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado.

Ese recordatorio, que representa el primer choque por la actividad exterior del independentismo en el mandato de la ministra Arancha González Laya, forma parte de una respuesta parlamentaria a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El pasado 17 de enero, Borràs preguntó por escrito al Gobierno por qué la encargada de negocios de España en Islandia se había sumado a las reuniones que Costa tenía programadas en Reikiavik y también "a través de qué canales" había conocido el Gobierno "una reunión a la que no han sido invitados".

La respuesta del Ejecutivo ha sido que conocieron la visita de las autoridades islandesas, aunque ésta "debía haber llegado" a Exteriores "a través de la Generalitat o del propio Parlament", que tiene la "obligación", según la Ley de Acción Exterior de 2014, de mantener informado a este Departamento "de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior".

Todo ello, prosigue, con el fin de que el Ministerio pueda "informar y, en su caso, emitir recomendaciones motivadas" sobre si las iniciativas son adecuadas a las "directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno".

"Unidad de acción exterior"

El texto del Gobierno también recuerda a Junts que la política exterior responde, entre otros, a los principios de "unidad de acción exterior y coordinación" y que a ese "precepto legal" contribuye precisamente el acompañamiento de las visitas.

Que los diplomáticos destinados en un tercer país acompañen a las autoridades en sus visitas, resume, "es una tarea habitual" de las Embajadas, "sin distinguir si las autoridades son del Gobierno central o de las comunidades autónomas".

En su viaje a Reikiavik el pasado enero, Costa se reunió con el presidente del Parlamento islandés y con el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde allí denunció en redes sociales que la Embajada española se había "autoconvidado", que le parecía un gesto "poco diplomático" y que eso no variaría su mensaje de "denunciar la represión". En las mismas fechas Borràs pidió explicaciones por escrito en el Congreso.

La respuesta del Congreso lleva fecha del 20 de febrero, el mismo día en que la nueva ministra, Arancha González Laya, comparecía por primera vez ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja. Allí aseguró a los independentistas catalanes y al PNV que, en relación con la acción exterior de las comunidades autónomas y sus delegaciones, si encontraba "lealtad" por su parte ella respondería con una "increíble lealtad", pero que si encontraba "deslealtad" habría "respuestas" por parte del Ministerio.

Actividad de las 'embajadas' 

"A lealtad, lealtad; a confianza, confianza", resumió la ministra, en una sesión en la que quedó claro que esa confianza está aún por construir en ambos lados, algo que también constató el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en lo relativo a la acción exterior del País Vasco.

Con todo, en vísperas de la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ERC, por boca de Joan Josep Nuet, confió en que la actividad de las "delegaciones, que no embajadas" sea uno de los asuntos que se puedan "desconflictivizar".

En este punto sí se han dado los primeros pasos hacia la "confianza". En septiembre, Exteriores no se opuso a los nuevos decretos de creación de las oficinas de la Generalitat en Londres, París, Washington, Berlín, Roma y Ginebra. En enero, dio su visto bueno a nuevas delegaciones en Túnez, Argentina y México, a las que se había opuesto en verano, después de que la Generalitat aceptase recomendaciones para acotar sus competencias.

Así, en los tres últimos decretos de creación de oficinas, la Generalitat evita hablar de "relaciones bilaterales" con los países de destino y asume que la ley catalana de Acción Exterior debe interpretarse conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que se pronunció sobre ella.