Las propuestas de cada partido para el día después: qué hacer a partir del 1 de octubre

En pleno pulso entre el Govern de Cataluña y el Estado español a cuenta del referéndum, cualquier posibilidad de una solución política al problema de fondo —que casi la mitad de los ciudadanos de Cataluña quieren un Estado independiente y al menos seis de cada diez son partidarios de que la cuestión se resuelva a través de un referéndum— ha quedado pospuesta, como mínimo, hasta después del 1 de octubre.

Puigdemont ya han comenzado a ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional y juega al gato y al ratón con las fuerzas de seguridad para desplegar la infraestructura que necesita para preparar la votación del 1 de octubre. La Fiscalía, a su vez, ya ha encomendado a policías, guardias civiles y mossos que adopten las medidas necesarias para impedirlo. En estas condiciones los partidos no ven la más mínima posibilidad de reconducir el problema. Eso sí, después de que tenga lugar (o no) la votación, la mayoría de las formaciones políticas sí creen que será necesario buscar un modo de enfrentar un problema que lleva siete años gestándose (desde la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional el28 de junio de 2010 anulando buena parte del Estatuto de Autonomía que habían aprobado no sólo el Congreso sino los propios catalanes en referéndum).

En cualquier caso, que no se haya tomado la iniciativa no significa que los partidos no se hayan preguntado acerca de la mejor manera de encarar el conflicto. Lo que sigue es una síntesis de las soluciones que plantean o han planteado en los últimos meses las principales formaciones políticas con representación en el Congreso.

La comisión del PSOE

Los socialistas llevan tiempo dándole vueltas a cómo resolver el encaje de Cataluña en España a gusto de la mayoría de catalanes. Su apuesta es, desde la Declaración de Granada (2013), una reforma de la Constitución para establecer un Estado federal y reconocer como naciones dentro de España de todos los territorios que reclamen esa condición (esta misma semana su secretario general, Pedro Sánchez, dio por seguro que la lista incluirá, “al menos” a Galicia, Euskadi y Cataluña).

Los socialistas, sin embargo, son conscientes de la necesidad de definir un espacio de diálogo sin condiciones previas (salvo la unidad de España) y abierto a todos. Desde que regresó a la Secretaría General de su partido, Sánchez ha explorado la disponibilidad de otros partidos para participar en una comisión del Congreso de los Diputados que, por primera vez desde que el independentismo catalán puso sus demandas en primer plano, siente a todas las partes enfrentadas en la misma mesa para hablar de cómo cambiar el Estado autonómico.

Esa es precisamente la propuesta que el PSOE registró ese jueves en el Congreso y para la que cuenta al menos con el respaldo inicial de PP, Unidos Podemos, PdeCAT y PNV. La intención de Sánchez, que ya ha hablado estos días sobre esta iniciativa con Rajoy e Iglesias, RajoyIglesiases convencer al máximo posible de partidos con representación parlamentaria para que, a partir del 2 de octubre, participen en la comisión, hagan “propuestas de mejora institucional, normativa y de todo tipo” en relación con el modelo y la política territorial y “específicamente para desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana” aportando “soluciones satisfactorias que susciten apoyo mayoritario en Cataluña y en el resto de España”.

Las líneas rojas del PP

El presidente Mariano Rajoy no ha dado en siete años ninguna muestra de estar dispuesto a iniciar una diálogo con los representantes legítimos de Cataluña mientras mantengan su demanda de ejercer el derecho de autodeterminación. Esa ha sido siempre la línea roja que el PP ha puesto como excusa para ni siquiera sentarse a hablar con PDeCAT y Esquerra, los dos principales partidos independentistas catalanes (hoy socios y aliados en el Govern).

En sus intervenciones sobre este asunto, Rajoy insiste una y otra vez en que no está dispuesto a hablar de nada que no esté previsto en la legislación actual y su partido siempre se ha mostrado reacio a abrir una reforma de la Constitución que afecte al diseño del Estado autonómico, lo que a su vez dificulta cualquier intento de reconducir las aspiraciones indentitarias catalanas dentro de España.

El PP sólo ha dejado una puerta abierta a un hipotético diálogo después del 1-O a través de la comisión parlamentaria promovida por el PSOE, aunque son cada vez más los que opinan que en realidad Rajoy lo ha hecho exclusivamente para asegurarse el respaldo de Pedro Sánchez en su ofensiva judicial y policial contra el referéndum.

Unidos Podemos y el referéndum pactado

La formación liderada por Pablo Iglesias defiende que la única salida viable para resolver el conflicto pasa por que la Generalitat y el Gobierno de España negocien una manera de convocar un referéndum pactadoreferéndum pactado para que sean los ciudadanos catalanes lo que decidan. Podemos, en todo caso, sigue siendo oficialmente partidario de que Cataluña permanece dentro de España y, para conseguirlo, proponen una reforma constitucional que reconozca la plurinacionalidad.

Pese a esa discrepancia de fondo con el PSOE, Podemos ha respaldado la propuesta de comisión del PSOE en el Congreso, aunque sólo si cuenta con la participación de los independentistas catalanes, en referencia a Esquerra Republicana, que de momento ha anticipado que no acudirá a la comisión.

El propio Iglesias  defendió en el Congreso en junio la conveniencia de discutir “un modelo plurinacional que pueda articularse con mecanismos administrativos nuevos, y que pueda construirse a partir de la soberanía popular”. Un modelo que transcienda el “café para todos” y que se base en “formas federales o confederales”.

Ciudadanos y las elecciones

La formación naranja se ha alineado desde el principio con las posiciones de Mariano Rajoy y del PP en relación con Cataluña, aunque su líder, Albert Rivera, también ha criticado la posición del Gobierno al advertir que “no es suficiente con hacer cumplir las leyes”, porque hay que “recuperar un proyecto común español, patriótico, civil y de valores constitucionales”.

Ciudadanos aún no se ha opuesto a la comisión del PSOE pero es completamente escéptico acerca de las posibilidades de dialogar y llegar a acuerdos con los independentistas. Su estrategia para el 2 de octubre pasa por conseguir que se celebren elecciones anticipadas y lograr articular un gobierno de unidad entre Ciudadanos, PP y PSOE que expulse a los independentistas de la Generalitat.

Rivera no cree que PDeCAT, ERC y la CUP estén dispuestos a negociar un acuerdo para una reforma constitucional que mantenga Cataluña dentro de España, pero eso no significa que esté en contra de abrir el debate para cambiar la Carta Magna. De hecho, este mismo viernes emplazó a formar una mesa de partidos que aborden la reforma de la Constitución después del 1 de octubre.

El líder naranja, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, insistió en que que ahora lo importante es “estar al lado de la ley”, pero a partir del 2-O hay que “empezar a hablar” de cómo mejorar la actual Constitución. Eso sí, subrayó, sin “inventarse” naciones “ni estados de Formentera”.

ERC rompe la baraja

Los republicanos catalanes se han mostrado hasta la fecha radicalmente en contra de una solución política negociada después de haber intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy para celebrar un referéndum pactado.

Convencidos de la validez de su estrategia de autodeterminación para Cataluña y de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Estado que facilite a los catalanes decidir legalmente su futuro siguiendo el modelo de Escocia, Esquerra no ve utilidad alguna en participar en ningún foro de diálogo que no incluya una puerta hacia la secesión.

Ese es, al menos, el planteamiento de ERC en pleno intento de desconexión unilateral. De hecho, los diputados republicanos en el Congreso han señalado en varias ocasiones su intención de abandonar las instituciones españolas en cuanto la independencia se haya consumado. Aunque el portavoz del PDeCAT en la Camara alta, Carles Campuzano, ha sugerido que quizá Esquerra cambie de idea después del 1 de octubre.

La apuesta del PNV

El lehendakari y líder de los nacionalistas vascos, Iñigo Urkullu, ya bendijo el pasado julio la idea de Pedro Sánchez de una comisión en el Congreso como herramienta para sentar a dialogar a todas las fuerzas políticas. El PNV busca el reconocimiento nacional de Euskadi en una futura reforma de su estatuto y en la Constitución, y respalda una solución negociada para resolver el pulso con el Gobierno catalán.

De hecho, los nacionalistas vascos creen que la reforma constitucional sólo tiene sentido si es para resolver el problema territorial de España. En opinión de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, antes de abordar la modificación constitucional se debe concretar “qué se quiere cambiar” y después comenzar un amplio trabajo de “cocina previa, tantear y ver si hay margen para el acuerdo”. Si no, “será un brindis al sol” señaló Esteban en el último aniversario de la Carta Magna.

El PNV también es partidario de un referéndum pactado: “Oír a la sociedad catalana, más allá de que eso luego pueda tener o no efectos jurídicos directos, nunca puede ser malo para la democracia, ni malo para encontrar una posible solución”. La legislación española, defendió en mayo Esteban, permite “realizar una consulta, con autorización del Gobierno y dentro de un acuerdo”.

El escepticismo del PDeCAT

La antigua Convergència, a la que pertenece el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, lleva varios años intentando negociar un acuerdo con el Gobierno de Rajoy que permita consultar a los catalanes si quieren seguir formando parte de España o formar una república independiente.

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No obstante, y a pesar de su evidente implicación en el intento unilateral de convocar un referéndum de autodeterminación, el PDeCAT confirmó esta semana su disposición a participar en la comisión de diálogo promovida por el PSOE. “Como queremos hablar de todo, estaremos en la comisión para defender de forma clara que los catalanes tenemos derecho a decidir”, declaró el lunes la coordinadora general del partido, Marta Pascal.

Justo antes del verano el PDeCAT sondeó al PSOE para promover un foro de estas características en el Congreso. En aquel momento fueron el portavoz nacionalista Jordi Xuclà y el secretario de Organización de Pedro Sánchez, Jose Luis Ábalos, los encargados de intercambiar impresiones. El acuerdo no fue posible porque la antigua Convergència acabó proponiendo una comisión limitada a pactar la convocatoria del referéndum.

El voto en contra del PSOE a aquella propuesta alimenta ahora el escepticismo sobre las posibilidades de llegar a acuerdos en el foro que proponen los socialistas. Una propuesta que, a día de hoy, es la única iniciativa de diálogo que, sobre el papel, cuenta con el visto buen de casi todos los partidos llamados a encontrar una solución al conflicto.