No son naves en llamas más allá de Orión, pero en los tres últimos años se han visto cosas en la Comunidad de Madrid que eran muy difíciles de creer. El Gobierno regional aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Lejos de investigar una hecatombe humana de dimensiones gigantescas, la Justicia ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar a nadie de ese Gobierno por qué se dictó y se ejecutó dicho Protocolo, a pesar de que uno de sus miembros escribió incluso un libro denunciando lo ocurrido. La fiscal superior de Madrid fue todavía más allá y justificó por escrito la pasividad del Ministerio Fiscal con una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales que ella debía conocer.
Hoy, 18 de marzo de 2023, se cumplen tres años de la aprobación del conocido como Protocolo de la Vergüenza y cientos de familiares de víctimas resisten en su batalla por que se conozca la verdad y se haga justicia. Este sábado está convocada una vigilia en el centro de Madrid, entre las 19.00 y las 23.00 en la calle Alcalá, “en homenaje a las 7.291 personas mayores y dependientes que fueron llevadas a una muerte segura a causa de la firma de ese protocolo”. La organizan Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que junto a Pladigmare son las tres entidades que luchan por la memoria y dignidad de los fallecidos.
Después de acumular malas noticias, afrontan con cierta esperanza el inicio del Año IV del Protocolo de la Vergüenza: el próximo 23 de marzo, por primera vez, un juez interrogará a Carlos Mur, el alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó el Protocolo, y a Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales que escribió un relato demoledor de lo ocurrido en el libro Morirán de forma indigna. Ambos declararán como testigos, y por tanto con la obligación legal de decir la verdad, ante el magistrado Arturo Zamarriego. Ese 23 de marzo se habrán cumplido 1.100 días desde la aprobación del Protocolo. 1.100 días sin noticias de jueces y fiscales.
infoLibre analiza a continuación los hechos y la reacción ante ellos en tres ámbitos clave: los tribunales, la Fiscalía y la política.
LOS HECHOS
La Comunidad de Madrid aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. Otras tres versiones del mismo documento se aprobaron los días 20, 24 y 25 de marzo [Puedes consultar aquí los documentos íntegros desvelados por infoLibre]. Todos los Protocolos están firmados por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno Ayuso. Minutos después de firmar cada una de las versiones del Protocolo, Mur los envió por correo electrónico a todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo [aquí puedes ver esos correos].
El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores sin ser trasladados a un hospital. Los geriátricos tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.
Una de las excusas más ampliamente difundidas en estos tres años por el aparato de propaganda del PP madrileño es que “en todo el mundo ocurrió lo mismo”. A priori puede parecer una disculpa absurda: ni en el Código Penal ni en ningún régimen sancionador del ordenamiento jurídico se establece que si un delito o una infracción se comete en muchos lugares al mismo tiempo, esa actuación queda exenta de castigo. Pero lo cierto es que el recurso al “y tú más” es utilizado ampliamente en política. Pero la pregunta relevante desde el punto de vista periodístico es otra: ¿es verdad que pasó lo mismo en todas las comunidades?
Es cierto que en otras tres comunidades se produjo durante la primera ola de la pandemia un frenazo brutal a las derivaciones hospitalarias, lo que disparó el número de personas fallecidas en las propias residencias. Madrid encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos en aquellos meses de marzo y abril sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene el dato, el porcentaje también se situó en torno al 70% según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en los geriátricos.
Pero esa cifra se situó, por ejemplo, en el 6% en Canarias, en el 37% en Cantabria y en el 50% en Galicia, de forma que es falso afirmar que ocurrió lo mismo “en todo el mundo”.
En todo caso, la excepcionalidad de lo ocurrido en Madrid no se basa en que tuviera el mayor número de víctimas mortales sin recibir atención hospitalaria, sino que se fundamenta en otros tres hechos:
1. El Gobierno de Ayuso no utilizó las alternativas que tenía para tratar a los residentes enfermos. En las seis semanas que estuvo abierto el hospital de campaña en Ifema, sólo trasladó allí a 23 residentes con síntomas leves. En ese periodo fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas, y ninguna fue trasladada a Ifema para intentar salvar su vida. Y lo mismo ocurrió con los hospitales privados, que pasaron a estar bajo el mando único del consejero de Sanidad, en teoría para tratar allí a quien lo necesitase. Pero, en la práctica, no se trasladó a esos hospitales privados a ningún residente con seguro público.
2. El Protocolo no se aplicó a los mayores que vivían en residencias y tenían un seguro privado. Esas personas sí fueron derivadas a hospitales privados.
3. El Protocolo no afectó únicamente a residentes con covid, sino que se aplicó a enfermos con otras patologías. Una prueba de que el objetivo básico era evitar el traslado a los hospitales de las personas que eran dependientes, por razones físicas o de deterioro cognitivo.
LOS TRIBUNALES
Cientos de familiares de residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia han presentado querellas, muchos de ellos agrupados en Marea de Residencias. Más de 40 procedimientos continúan abiertos, pero la mayoría han sido archivados.
Lo primero que llama la atención es que en ningún procedimiento se haya llamado a declarar a Carlos Mur, el firmante del Protocolo, o al exconsejero Alberto Reyero, que ha denunciado públicamente que el Gobierno le negó la ayuda que pedía para salvar vidas en las residencias. Es más, en una de las causas que llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, ésta consideró “improcedente por exceder del ámbito del derecho penal, la petición de que vinieran a declarar los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos donde se recogían los motivos para aconsejar el traslado o no de los residentes en los hospitales y los motivos de exclusión, pues conforme señaló el Ministerio Fiscal dichas testificales quedan al margen de este procedimiento penal, siendo una cuestión de carácter administrativo, que excede de los concretos hechos denunciados por los que se admitió a trámite la querella”.
El próximo 23 de marzo, por primera vez, un magistrado tiene previsto interrogar a ambos como testigos. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien está investigando la querella interpuesta por tres familiares de personas fallecidas en el centro DomusVi Albufera.
Los abogados de Marea de Residencias aseguran que, cuando llega el momento en que el instructor tiene que decidir si archiva o transforma la causa en procedimiento abreviado, de momento los jueces siempre han optado por el archivo.
Al principio lo hicieron sin practicar ni una sola diligencia de investigación. Ante los recursos presentados, la Audiencia Provincial fue dando la razón a los familiares al señalar que era necesario realizar cierta actividad instructora. Pero el resultado ha sido el mismo: los jueces han vuelto a archivar tras realizar alguna diligencia de investigación. Y ese segundo archivo ya está siendo ratificado por la Audiencia Provincial. De momento sólo hay una excepción: en una causa que se sigue por el fallecimiento de 29 personas en residencias de Leganés, la Audiencia Provincial ha levantado el archivo en dos ocasiones.
Los tribunales suelen apoyarse para su archivo en informes de médicos forenses. Algunos destacan por su brevedad, otros por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señala: “No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro”. Resulta evidente que nadie puede “garantizar” que un enfermo se salvará si es tratado en un hospital. Ni un anciano con covid, ni un joven tras un accidente de tráfico. Además, la jurisprudencia establece con claridad que la obligación del médico es de medios –actuar de forma diligente conforme al estado de conocimientos de la profesión–, no de resultados. El archivo de esta causa también ha sido ratificado por la Audiencia Provincial en un auto dictado el pasado mes de febrero.
Tras la ratificación de los archivos por la Audiencia Provincial, en una veintena de casos los familiares han interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si los admite a trámite.
En todo caso, en la Comunidad de Madrid aún están abiertas más de 40 causas judiciales por fallecimientos en las residencias, en distintas fases del procedimiento. Entre ellas, la que llevará a Mur y a Reyero a declarar como testigos ante el juez.
LA FISCALÍA
Si las decisiones de los tribunales causan desazón en los familiares de las víctimas, su indignación es mayor si cabe con la Fiscalía, ya que esperaban que impulsase las investigaciones en el ámbito penal y ha ocurrido todo lo contrario.
En 2020, la asociación Pladigmare presentó 59 denuncias ante la Fiscalía por hechos ocurridos en residencias de Madrid donde la mortalidad fue especialmente alta. En 39 casos se incoaron diligencias preprocesales civiles, todas ellas archivadas. De los otros 20 asuntos, en los que se abrieron diligencias de investigación penal, 16 se archivaron sin ni siquiera haber llamado a los familiares denunciantes para que pudieran declarar o aportar pruebas. La Fiscalía sólo ha llevado a los tribunales dos denuncias, sobre la residencia pública Adolfo Suárez y el centro de Orpea en Carabanchel, mientras que en otras dos el Ministerio Público dejó de investigar porque ya estaban abiertos procedimientos penales en los juzgados, por lo ocurrido en Orpea Valdemarín y DomusVi Usera. “La decepción no puede ser mayor”, resumen desde Pladigmare.
Cientos de familiares agrupados en Marea de Residencias presentaron directamente querellas en los tribunales de la Comunidad. Su relato sobre la actuación de los fiscales en dichos procedimientos es demoledora: no han solicitado ningún tipo de diligencias de investigación, muchas veces ni siquiera han acudido cuando hay declaraciones u otro tipo de actuaciones en los juzgados, y si acuden mantienen una actitud pasiva. Una actitud, añaden, que ha empezado a cambiar en los dos últimos meses, después de un decreto dictado por el fiscal general en octubre del año pasado pidiendo que se escuchase a las víctimas. Claro que ese cambio llega tarde en la mayoría de los procedimientos, que ya están archivados.
No es sólo una percepción que tengan los familiares de las víctimas. Amnistía Internacional, en un informe de enero de 2022, lo resumió así: “La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”. Como consecuencia de ello, “no se está garantizando la verdad para las víctimas” y “se está extendiendo la impunidad”. El informe hacía referencia a la actuación de la Fiscalía en toda España, aunque Madrid es la comunidad donde más querellas se han presentado.
Hay decenas y decenas de ejemplos que se pueden poner para respaldar la denuncia de Amnistía Internacional. Sirva uno especialmente significativo. El Ministerio Público defendió cerrar la investigación iniciada tras la presentación de dos querellas por parte de los familiares de 29 personas fallecidas en cuatro residencias de Leganés. Y lo hizo mediante un escrito, desvelado por infoLibre, de apenas tres folios de extensión y en el que la fiscal Raquel Fernández Alonso obvia por completo el elemento central que denuncian los familiares: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia del Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso.
Ningún fiscal ha considerado tampoco necesario interrogar a Carlos Mur o a Alberto Reyero. Y eso que, en el caso del exconsejero, el Ministerio Público prometió lo contrario. En enero de 2021, este periódico publicó las cartas que Reyero envió en plena primera ola de la pandemia al consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– reclamando que se adoptaran medidas para impedir que miles de mayores muriesen en los geriátricos sin recibir asistencia médica adecuada. Peticiones de Reyero que fueron desatendidas. Pues bien, cuando se publicó esa información, la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, afirmó lo siguiente al ser preguntada en una rueda de prensa por las cartas del consejero: “Todas y cada una de las denuncias van a ser objeto de la oportuna investigación. No tenga ninguna duda de que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias”. Nunca más se supo.
Pero si hay algo que ejemplifica la actuación del Ministerio Público es lo ocurrido con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. En la Memoria anual correspondiente a 2020, Lastra llegó a incluir tres falsedades flagrantes: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que restringía el traslado al hospital de residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Todos los datos que se conocen sobre esos tres hechos desmienten a la fiscal.
Eso en cuanto a mentiras evidentes. Luego están las omisiones por parte del Ministerio Público. Almudena Lastra achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. A la vista de estos hechos, infoLibre envió a la fiscal 38 preguntas para que pudiera aclarar su versión. No contestó a ninguna.
Lógicamente, el Gobierno de Ayuso se ha apoyado en la Memoria con falsedades de Lastra para exculparse. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", aseguró por ejemplo Enrique López, consejero de Justicia, en octubre de 2022. Es sólo un ejemplo, hay múltiples declaraciones similares de dirigentes del PP madrileño.
EL GOBIERNO DE AYUSO
La respuesta política en este asunto lo marcó la propia Isabel Díaz Ayuso pocas horas después de que infoLibre desvelara el contenido exacto del Protocolo. El 28 de mayo de 2020, el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, se interesó por la noticia: "Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid". Ayuso respondió con estas trece palabras: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo".
Durante años, Ayuso y sus colaboradores han repetido la falsa teoría del borrador. El Protocolo está firmado digitalmente por el director de Coordinación Sociosanitaria, se envió con instrucciones para su aplicación a decenas de altos cargos y a responsables de los hospitales de la Comunidad, hay cientos de comunicaciones de personal de las residencias con familiares haciendo referencia al documento. En la comisión de investigación que estuvo abierta unos meses en la Asamblea de Madrid, el propio Carlos Mur confesó que el Protocolo no era un borrador y una directora de un centro de Amavir señaló que lo había recibido y que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Pues bien, casi tres años después, Ayuso sigue sin confesar la verdad ni pedir disculpas por mentir primero en la Asamblea y luego reiteradamente en declaraciones públicas.
La segunda gran mentira del Gobierno de Ayuso fue asegurar que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales durante la primera ola de la pandemia. De nuevo, hay múltiples declaraciones de políticos del PP y de fake news en medios subvencionados por el Gobierno madrileño, repitiendo esa falsedad. En una fecha tan temprana como el 29 de abril de 2020, la propia Ayuso ya aseguró lo siguiente en la Asamblea de Madrid: “¿Qué ha hecho el gran Pablo Iglesias? ¡Salir corriendo! El que tenía el mando único, el que iba a destinar 300 millones de euros a las residencias, ¿dónde está? ¡En la suya!, ¡en casita!; eso sí, sin protegerse, ¡pero en la suya!”. Lo cierto es que Iglesias nunca tuvo “el mando único” y las competencias sobre las residencias siempre fueron de las comunidades autónomas.
La teoría del borrador y la del mando único de Iglesias son las mentiras más repetidas desde el Gobierno de Ayuso. Pero no las únicas. Otras comunes han sido afirmar que en todas las comunidades autónomas se actuó igual que en Madrid o que los 7.291 residentes hubieran fallecido igual si los hubieran trasladado a tiempo a un hospital, en contra de la evidencia que muestra un desplome de las muertes en cuanto se reanudaron las derivaciones.
Los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales
Además de las mentiras, llama también la atención la falta de empatía de los dirigentes madrileños con las víctimas y sus familiares. En tres años, Ayuso no se ha reunido con ninguna de las tres asociaciones que las representan. Consejeros como Enrique Ossorio directamente han humillado a esos familiares afirmando que ya habían “superado” las muertes de sus seres queridos. Y es habitual que, cuando la oposición pide que se investigue lo ocurrido, desde el PP les acusen de “politizar el dolor” de los familiares. La verdad es que no se conocen declaraciones de familiares pidiendo que se deje de hablar del tema, pero sí hay decenas de testimonios denunciando que lo que les provoca dolor es que no se investigue o se mienta desde el poder político.
El PP, en fin, enterró en cuanto pudo –con la ayuda de Vox– la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. La actual legislatura se inició tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Una de las primeras iniciativas de la oposición fue pedir que se reactivase la comisión de investigación sobre las residencias, que estaba funcionando antes del adelanto electoral. El PP y Vox lo rechazaron. Eso ocurrió el 16 de julio, a los pocos días de constituirse la Asamblea. Los familiares lo consideraron “una puñalada trapera a las víctimas”.
Alberto Reyero no llegó a declarar en esa comisión, pero sí lo hizo Carlos Mur. Pese a que tenía la obligación legal de decir la verdad, mintió en varios asuntos, como demostró documentalmente infoLibre. El próximo 23 de marzo, ambos declararán como testigos ante el magistrado Arturo Zamarriego. Los familiares de las víctimas mantienen la esperanza y casi no se pueden creer que, con tres años de retraso, haya aparecido al fin un magistrado interesado en interrogarlos.
No son naves en llamas más allá de Orión, pero en los tres últimos años se han visto cosas en la Comunidad de Madrid que eran muy difíciles de creer. El Gobierno regional aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Lejos de investigar una hecatombe humana de dimensiones gigantescas, la Justicia ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar a nadie de ese Gobierno por qué se dictó y se ejecutó dicho Protocolo, a pesar de que uno de sus miembros escribió incluso un libro denunciando lo ocurrido. La fiscal superior de Madrid fue todavía más allá y justificó por escrito la pasividad del Ministerio Fiscal con una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales que ella debía conocer.