Las revelaciones de infoLibre sobre cómo el expediente funcionarial de Mariano Rajoy indica que al menos entre 1981 y 1985 cobró como registrador de la propiedad y como cargo público han movilizado al principal partido de la oposición. El miércoles, el PSOE presentó en el Congreso una petición para que la Dirección General de los Registros y del Notariado le facilite el expediente “completo” de Rajoy como registrador, el mismo cuyo traslado a un archivo secreto ordenó el Gobierno de Aznar en 2001. La devolución del historial a las dependencias del Servicio de Registradores del Ministerio, donde se custodian los de todos los funcionarios de ese cuerpo, se produjo en 2004, cuando el equipo del entonces nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, descubrió lo sucedido.
Firmada por el diputado por Alicante Gabriel Echávarri en nombre de su grupo, la solicitud de documentos planteada por el PSOE se suma a las nuevas preguntas de Izquierda Unida formuladas hace tres semanas y en las que Gaspar Llamazares insta al Gobierno a explicar por qué ordenó ocultar el expediente de Rajoy.
Al requerir ahora el historial completo de Rajoy los socialistas cierran al Gobierno todas las vías utilizadas hasta ahora para esquivar una respuesta que definitivamente aclare el asunto. ¿Servirá la iniciativa para resolver pronto la incógnita? No. El artículo 7 del Reglamento del Congreso, que es el invocado por los socialistas, concede al Gobierno un plazo “no superior a 30 días” para facilitar los documentos requeridos o manifestar “las razones fundadas en derecho que lo impiden”. Y, pese a que la norma es inequívoca en cuanto a plazos, las fuentes parlamentarias consultadas avisan de que el tiempo de espera real puede convertirse en un largo limbo. En el último mes, Moncloa ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le fue formulando por escrito antes de publicar cada nueva información sobre el historial del presidente como registrador y cargo público.
Pero, tarde lo que tarde ahora la respuesta, el requerimiento del PSOE no admite lugar a dudas sobre qué documentos deben aportarse: “Expediente con todas las incidencias, fecha de alta, fecha de baja, situaciones administrativas que se han dado en la plaza de Santa Pola desde que el señor Rajoy adquirió la misma, totalidad de los ingresos percibidos por el señor Rajoy como registrador de Santa Pola desde que ocupó dicha plaza y finalmente actual situación administrativa de la plaza de Santa Pola y actual situación de Mariano Rajoy como registrador”.
Hasta la fecha, la compleja legislación vigente para los registradores hasta 1998 ha permitido hasta ahora al PP zafarse de las preguntas sobre esa materia. Por ejemplo, en febrero de este año, el diputado de IU Gaspar Llamazares preguntó por cómo había compaginado Rajoy entre 1981 y 1985 su plaza de registrador con los sucesivos cargos públicos que durante ese periodo desempeñó en Galicia. La respuesta fue la siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.
El Ejecutivo tenía otra opción: responder que, entre el otoño de 1981 y el de 1985, Mariano Rajoy había hecho uso de una excepcional prerrogativa que solo beneficiaba entonces a uno de los cuerpos más raquíticos del funcionariado español: los registradores, los únicos funcionarios que, junto con los notarios, cobran aranceles y no salario y los únicos que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio.
IU pregunta al Gobierno si Rajoy siguió cobrando como registrador mientras era ministro de Aznar
Incrustada en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario y solo anulada por otro artículo de la misma norma en 1998, esa prerrogativa iba dirigida a los registradores que accedieran a un cargo público. El articulo 541 les autorizaba a repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a concurso. Rajoy tenía, por tanto, también una segunda opción: haber pedido excedencia en Santa Pola, una ciudad en la que nunca residió de modo estable pese a que la legislación le obligaba a ello y en la que no se localiza ninguno de sus cinco inmuebles, adquiridos justamente a partir de 1987, es decir, del año en que tomó posesión de la plaza alicantina.
El registro de Santa Pola, el único ahora en activo después de que el Ministerio de Justicia congelase en febrero el segundo de la localidad, nunca ha quedado vacante desde que Rajoy desembarcó en él en noviembre de 1987.
Antes, el líder conservador había ido compatibilizando el escaño en el Parlamento gallego, el cargo como director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y la Presidencia de la Diputación de Pontevedra con la titularidad sucesiva de otros tres registros: Padrón, en A Coruña; el barcelonés Berga; y el alicantino de Elche. Cuando Rajoy logró destino en esa ciudad, ya tenía allí plaza propia en otro registro Francisco Riquelme, quien en marzo de 1990 se convirtió en “registrador accidental permanente” –sustituto, en la terminología del momento- del registro de Santa Pola.
Las revelaciones de infoLibre sobre cómo el expediente funcionarial de Mariano Rajoy indica que al menos entre 1981 y 1985 cobró como registrador de la propiedad y como cargo público han movilizado al principal partido de la oposición. El miércoles, el PSOE presentó en el Congreso una petición para que la Dirección General de los Registros y del Notariado le facilite el expediente “completo” de Rajoy como registrador, el mismo cuyo traslado a un archivo secreto ordenó el Gobierno de Aznar en 2001. La devolución del historial a las dependencias del Servicio de Registradores del Ministerio, donde se custodian los de todos los funcionarios de ese cuerpo, se produjo en 2004, cuando el equipo del entonces nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, descubrió lo sucedido.