El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló este sábado el arsenal de medidas que acompañarán a la aplicación de un 155 especialmente duro: la destitución de todo el Govern, la suspensión de algunas funciones del Parlament y el control de los medios de comunicación públicos y de los Mossos son algunas de las acciones que prevé efectuar si el Senado le da luz verde el próximo viernes. Todo ello con el fin último de convocar elecciones catalanas en un plazo de seis meses. El president Carles Puigdemont respondió, a través de un mensaje institucional en la noche del sábado, que la actuación del Gobierno central tiene como objetivo "liquidar el autogobierno" de Cataluña y se sitúa "fuera del Estado de derecho".
Puigdemont pidió al Parlament la convocatoria de una sesión plenaria para debatir sobre la voluntad de "liquidar el autogobierno" de Cataluña y "actuar en consecuencia". Aunque no lo mencionó en ningún momento, en los partidos independentistas se da por supuesto que dicho pleno se celebrará la próxima semana y que servirá para proclamar formalmente la independencia de Cataluña.
Aquello que "han decidido las urnas", censuró el president, "lo anulan ahora los despachos". Puigdemont resaltó, además, que tal actuación viene respaldada por PSOE y Ciudadanos, todos ellos responsables en su opinión del "peor ataque" a las instituciones catalanas desde "los decretos de Franco". Y lo hacen, agregó, "menospreciando la voluntad popular expresada de manera nítida el 26 de septiembre de 2015". En este sentido, criticó que "sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría", Mariano Rajoy pide "un directorio para teledirigir desde Madrid la autonomía de Cataluña".
De todo ello Cataluña sale "más fuerte y determinante, consciente de que las agresiones han ocultado siempre la incapacidad de hacer política". Tras recordar que "ha sido la voluntad de los catalanes la que ha permitido defender las instituciones", Puigdemont se negó a "aceptar este ataque" y "la humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana", algo "incompatible con la democracia y que se sitúa fuera del Estado de derecho", igual que "actuar con violencia contra los ciudadanos o usar códigos legislativos antiguos para mantener en prisión a dos personas".
También recordó que "no es la primera vez" que los catalanes sufren las consecuencias de las decisiones que vienen del Gobierno estatal. Así fue también la "infame recogida de firmas contra el Estatut después de que se aprobara por referéndum", señaló, acto por el cual "despreciaron la democracia y vulneraron el pacto constitucional del 78". Esas mismas personas, añadió, "son los que nos quieren gobernar". La recogida de firmas contra el Estatut fue impulsada por el PP cuando Rajoy estaba en la oposición.
Puigdemont cerró su discurso dirigiéndose en castellano a "los demócratas españoles", con el fin de advertir que los hechos desarrollados a lo largo del sábado son un "ataque contra la democracia que abre la puerta a otros de la misma índole", y también en inglés para destacar que los catalanes comparten los mismos valores democráticos que los europeos.
Reacciones políticas
La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, también se mostró firme en su respuesta al Gobierno estatal. El pasado 10 de octubre, argumentó, Carles Puigdemont "ofreció una vía de negociación" cuya "primera respuesta fue el encarcelamiento de dos personas, Cuixart y Sànchez, únicamente por sus ideas, por lo que representan", recordaba la presidenta a poco de finalizar la manifestación en defensa de los presidentes de la ANC y Òmnium, que la tarde del sábado llenó las calles de Barcelona con cientos de miles de personas.
Mariano Rajoy, en su opinión, "ha traspasado todos los límites, ha anunciado un golpe de Estado de facto" dirigido contra "la democracia y a la Europa del siglo XXI con el objetivo de acabar con un gobierno elegido democráticamente". El mensaje que traslada el presidente conservador al conjunto de la ciudadanía catalana es, a juicio de Forcadell, claro: "No le importa lo que piensan, sienten y quieren. No le importa lo que voten". Frente a ello, añadía, "queremos lanzar un mensaje de firmeza y esperanza: nos comprometemos hoy a defender la soberanía del Parlament, sus plenas atribuciones y los derechos de los 135 diputados y diputadas" que lo componen. La presidenta de la Cámara autonómica se comprometía también a "defender la democracia con firmeza, serenidad, democráticamente" porque "los conflictos políticos se resuelven políticamente". "No daremos un paso atrás. La ciudadanía nos ha elegido como legítimos representantes y como servidores públicos nos debemos a ella. Que este parlamento represente aquello que han votado los catalanes", sentenció.
Las reacciones de las principales formaciones independentistas tampoco se hicieron esperar. La CUP valoró que Cataluña se encuentra "intervenida pero nunca vencida" e hizo un llamamiento a la unidad popular. "Ni un paso atrás", defendió el partido catalán. Además, el diputado de la CUP Carles Riera subrayó que la aplicación del 155 supone un "golpe de Estado" por parte del Gobierno central, PSOE y Ciudadanos, y criticó la represión que quiere imponer el Estado español sobre la sociedad catalana.
Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat, calificó el anuncio de Rajoy como "el peor ataque en siglos" a Cataluña, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que las medidas planteadas son un "23F", por lo que solicitó un Govern de concentración para plantar cara al "frente golpista" formado por PP, PSOE y Ciudadanos.
A nivel estatal, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró en rueda de prensa que la aplicación del 155 supone "suspender la democracia", no sólo en Cataluña sino también en el resto de España. Pablo Iglesias, líder del partido morado, criticó también la "incapacidad para ofrecer soluciones" que revela la aplicación del artículo anunciada por Rajoy.
En cuanto a Ciudadanos, Albert Rivera celebró el paso dado por el Gobierno central y aseguró que la aplicación del 155 servirá para "restablecer la convivencia" y dar seguridad jurídica a la economía catalana tras la marcha de empresas de Cataluña.
El PSOE, por su parte, envió una carta a su militancia asegurando que "el Estado social y democrático de derecho está legitimado para reaccionar con los instrumentos que la Constitución le otorga, incluido el artículo 155". Los alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Terrasa, Granollers y Castellar del Vallès, no obstante, exigieron a Miquel Iceta una oposición frontal de cara a la aplicación del 155. Poco después de dicha petición, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, anunció su dimisión.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se expresó de forma crítica: "Estamos ante el día más horrible de los últimos 40 años", señaló. Las medidas anunciadas por Rajoy son, a su entender, un "ataque grave" a los derechos y libertades de todos. La alcaldesa se confesó además "muy preocupada por el papel del PSOE".
El PP responde
El portavoz del Govern asegura que una convocatoria de elecciones "no está sobre la mesa"
El PP ha criticado al presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, por apelar a la democracia tras la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Apela a la democracia quien la pisotea infringiendo la Constitución y el Estatuto", han declarado fuentes de la formación conservadoraa Europa Press.
Después de que Puigdemont haya solicitado la celebración de un pleno en el Parlamento autonómico para debatir qué hacer ante lo que ha calificado como un "intento de liquidar" el autogobierno y la democracia catalanas, estas fuentes han afirmado que el líder catalán persiste "en su discurso victimista".
En este sentido, han señalado que no hay "nada nuevo" en el mensaje de Puigdemont y que "nunca ha tenido voluntad de diálogo", y han terminado acusándole de seguir "utilizando el Parlamento (catalán) para su propio interés".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló este sábado el arsenal de medidas que acompañarán a la aplicación de un 155 especialmente duro: la destitución de todo el Govern, la suspensión de algunas funciones del Parlament y el control de los medios de comunicación públicos y de los Mossos son algunas de las acciones que prevé efectuar si el Senado le da luz verde el próximo viernes. Todo ello con el fin último de convocar elecciones catalanas en un plazo de seis meses. El president Carles Puigdemont respondió, a través de un mensaje institucional en la noche del sábado, que la actuación del Gobierno central tiene como objetivo "liquidar el autogobierno" de Cataluña y se sitúa "fuera del Estado de derecho".