Rajoy se queda sin plazo para usar el artículo 155 y el Govern cree que ya se aplica

El Gobierno tenía calculado cuánto les llevaría activar el artículo 155 de la Constitución, el que permite llegar a la suspensión de una autonomía, para hacer frente al "desafío independentista" de Cataluña: cinco días. Así lo cifraron fuentes de la Moncloa amparándose en una serie de informes técnicos. Apurados los plazos que se había dado el propio Gobierno para recurrir a esta herramienta, en el equipo de Mariano Rajoy mantienen que se seguirá dando respuesta a cada paso del Govern que vaya en contra de la Carta Magna y de las decisiones del Tribunal Constitucional sin enterrar el 155 para el post 1-O. Mientras, en el Govern destacan que este artículo lleva semanas aplicándose de manera encubierta.

Para la Generalitat los ejemplos más claros de la injerencia del Estado en la política autonómica son el control de los gastos por parte del Ministerio de Hacienda y la decisión de la Fiscalía de crear un mando único policial en el que no son los Mossos los encargados de la coordinación.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha sido testigo de cómo en el último año los sectores más conservadores del Partido Popular demandaban "mano dura" en respuesta a la intención de la Generatitat de celebrar un referéndum. La máxima expresión de esa "mano dura" era la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo inédito que llevó al Gobierno a pedir informes jurídicos encaminados a conocer cuánto tiempo llevaría activarlo de forma exprés.

En todo este proceso, el Gobierno ha ido graduando en sus manifestaciones públicas su disposición a aplicar el polémico artículo. El propio Rajoy llegó a asegurar hace más de una semana en un acto de partido en Barcelona que desde el Govern se le iba a obligar a llegar a donde no quería llegar, algo que fue visto como una alusión velada al 155. 

La postura oficial del Gobierno es que el 155 es "la última" de las opciones, pero que es una herramienta que está en la Constitución y que no hay que descartar. Con los plazos que barajaba el propio Gobierno caducados, sería una de las armas de la Moncloa para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia a partir del 1-O. "Entraría dentro de esa respuesta gradual y proporcionada que se ha propuesto el Gobierno. Era una locura empezar por el 155. Pero ha quedado claro que el Gobierno tenía previstos todos los escenarios y ninguna actuación del Govern contraria a la ley quedó sin respuesta", valora un diputado conservador.

Un objetivo: no romper la frágil unidad PP-PSOE-C´s ante el 1-O

Para entender los pasos dados por Rajoy hay que meter también en la coctelera que, en plena recta final hacia el 1-O, poner sobre la mesa el 155 podría quebrar la unidad del bloque PP-PSOE-Ciudadanos contra el referéndum ilegal. El presidente del Gobierno sabe que esa alianza es muy frágil. Y alejaría definitivamente al PNV de un posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto prevé presentar el Gobierno esta semana.

"No se ha recurrido al artículo 155, pero el Estado, dentro de sus competencias, ha respondido a los desafíos de la Generalitat con otras herramientas legales contundentes y efectivas", destacan fuentes del Ejecutivo. En el Gobierno se hicieron esfuerzos para circunscribir las medidas de Hacienda sobre el control de los gastos de la Generalitat a la normalidad en un contexto de "desafío a las leyes", pero, en privado, algunas fuentes destacaban que se trataba de una iniciativa más efectiva que el citado artículo. "Hay mucho mito con el 155, pero el Gobierno no ha estado de manos cruzadas", valora un miembro de la dirección del PP.

De hecho, este artículo es bastante impreciso: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

La "obligación" del Gobierno

En el relato que el Govern hace de este proceso, el Gobierno lleva semanas aplicando el 155 de forma encubierta. "Por la puerta de atrás" han llegado a decir. Consideran que la "intervención" de la Hacienda catalana entra dentro de ese artículo. Es decir, que la Moncloa se ha saltado el paso del requerimiento al president y la votación en la Cámara Alta.

En Hacienda lo niegan. "El Gobierno pone en marcha estas medidas consciente de que son necesarias para preservar la estabilidad presupuestaria, la recuperación económica y la prestación de los servicios públicos básicos, y lo hace en el ejercicio legítimo de sus competencias", explicaban el día en el que Cristóbal Montoro presentó la iniciativa en el Consejo de Ministros. 

Pese a admitir que "estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat" el ministerio subrayaba que "no debemos olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir".

Además, recuerdan que la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se tomó después de recibir una notificación de la interventora general de la Generalitat en la que esta advertía a Montoro de que iba a dejar de remitir semanalmente el informe en el que se garantizaba que no se estaba destinando un euro de dinero público para promover el 1-O.

¿Control de los Mossos?

Tras la decisión sobre los gastos de la Generalitat mediante la que el Estado deja de enviar nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar servicios sociales y el grueso de las nóminas de los funcionarios asumiendo directamente el pago, la segunda polémica tiene que ver con el dispositivo policial para evitar el 1-O.

El pasado viernes, una instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña disponía que "en el desarrollo de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminada a dar cumplimiento a los mandatos judiciales ordenados" y para "facilitar" las funciones de coordinación de todos los Cuerpos de seguridad, la coordinación de esos dispositivos iba a ser ejercida por la Secretaría de Estado de Seguridad.

La primera reacción del Govern fue señalar que la Fiscalía se estaba extralimitando en sus funciones y que se estaba saltando el artículo 164.2 del Estatut, el que se refiere a la seguridad pública, Estatutque establece que el mando supremo de los Mossos corresponde a la Generalitat.

En este sentido, las fuentes consultadas consideran que en ocasiones anteriores, como ocurrió tras el doble atentado yihadista de agosto, fueron los Mossos los que asumieron esta función de coordinación.

Este martes hay una reunión prevista en la Fiscalía con todos los actores implicados. Una cita a la que los Mossos podrían llevar un informe jurídico con las implicaciones de esta decisión. De momento, este lunes hubo un encuentro en la sede de la Delegación del Gobierno.

En la cita de este lunes, el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, coronel Diego Pérez de los Cobos, transmitió que Interior rechaza convocar la Junta de Seguridad, tal y como demandaban los Mossos, informa Europa Press. Además, Pérez de los Cobos fijó reuniones rotatorias, estableciendo que la próxima se celebre en la sede de los Mossos d'Esquadra.

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Fuentes de Interior consultadas por infoLibre destacan que la instrucción de la Fiscalía no designa a ningún mando. El mando, defienden, lo ejerce el fiscal. Este, a su vez, faculta al director técnico para "coordinar" el dispositivo policial.

Además, insisten en que nadie pretende sustituir a los Mossos ni sustraerles competencias. 

En este sentido, justifican que la actuación se enmarca dentro de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su artículo 38. Este, al referirse a las competencias de las comunidades autónomas en lo relativo a "vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas" refleja que "el ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".