El cambio de Gobierno ha traído consigo relevos en algunas de las principales empresas públicas y participadas por el Estado... con su correspondiente desembolso. Es el caso de Red Eléctrica Española, una compañía con una participación pública del 20% –el Estado es el máximo accionista individual–, que a partir de este martes preside el exministro Jordi Sevilla en sustitución de José Folgado: el ya expresidente de la compañía ha percibido una indemnización de más de 500.000 euros por su cese, y Sevilla se embolsará casi 530.000 euros (dietas aparte) anualmente como sueldo.
Red Eléctrica no puede considerarse una empresa pública, ya que la mayor parte de su capital es privado. Pero su principal accionista sí que es el Estado, que a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) controla el 20% de la sociedad y elige a su presidente, previo paso por el consejo de administración de la compañía. La empresa –que gestiona el sistema de energía eléctrica en España– estaba pilotada hasta hace unos días por Folgado, ex secretario de Estado de Presupuestos en el primer Gobierno de José María Aznar, y Sevilla (que ocupó la cartera de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007) ha sido el elegido para sustituirle tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
Al no ser una empresa controlada mayoritariamente por el Estado, y pese a que parte de su capital es público, a Red Eléctrica no se le aplican las restricciones salariales para altos cargos que puso en marcha en 2012 el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, explica a infoLibre un portavoz de la SEPI. Y eso supone que sea la junta general de accionistas de la compañía la que decide libremente las remuneraciones de su consejo de administración.
Fuentes de Red Eléctrica confirman que Sevilla mantendrá las mismas condiciones económicas que su antecesor. Así, como presidente del consejo de administración, el exministro disfrutará de una remuneración anual de 399.170 euros, a los que se suman otros 130.742 euros anuales de retribución fija como consejero y 1.500 euros en concepto de dietas de asistencia a cada una de las once sesiones del consejo. El total, teniendo en cuenta todos los conceptos, asciende a 546.412 euros.
Se trata de la misma cantidad que ha percibido Folgado como indemnización por su cese, y esa coincidencia no es casual. El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2018 establece que, cuando cese su relación con la empresa, el presidente de Red Eléctrica tiene derecho a percibir el "equivalente a una anualidad de la retribución fija que estaba recibiendo en concepto de consejero ejecutivo más el importe correspondiente a la retribución variable calculada en el grado de cumplimiento del 100%".
No obstante, un portavoz de Red Eléctrica apunta que con la normativa actual Sevilla no tendrá derecho a dicha indemnización, que ascendería a los más de 500.000 euros de su sueldo anual. Según explica la empresa, Folgado tenía derecho a percibir esta cuantía por haber desempeñado hasta 2016 funciones de presidente ejecutivo, pero la compañía señala que la política de remuneraciones de Red Eléctrica 2016-2018 no contempla indemnización por cese para el presidente no ejecutivo, el cargo que desempeñará Sevilla y que tuvo Folgado entre 2016 y 2018. No obstante, la junta de accionistas de la sociedad tendrá que aprobar en los próximos meses la política de remuneraciones para el trienio 2019-2021, y ahí se decidirá si el exministro percibirá indemnización cuando deje su puesto y su eventual cuantía.
EFE, Correos o Tragsa tienen sueldos menores
Muchas otras empresas con participación pública han cambiado su cúpula con la llegada del nuevo Gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Correos (que presidirá el ex jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano), la Agencia EFE (cuyo nuevo principal dirigente será el periodista Fernando Garea) o Tragsa (que presidirá Jesús Casas, hasta ahora director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano). Pero en la mayor parte de los casos, las indemnizaciones y sueldos a los que tendrán derecho los nuevos presidentes son muy inferiores a los de Red Eléctrica, ya que se trata de compañías donde el Estado controla más de la mitad de las acciones y, según explica la propia SEPI, donde se aplica la limitación de sueldos establecida por ley.
Dicha limitación está regulada por el Real Decreto 451/2012 y por la reforma laboral de ese mismo año, ambas medidas impulsadas por el PP. En lo relativo a las indemnizaciones de los altos cargos del sector público, esta segunda norma establece que la extinción de los contratos de "alta dirección" solo "dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades", muy lejos del año completo de sueldo al que tienen derecho los presidentes de Red Eléctrica.
Por otra parte, los sueldos de estos altos cargos de empresas públicas dependen de si dicha compañía está enmarcada en el grupo 1, 2 o 3, una condición que otorga el Gobierno en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. No obstante, según establece la ley, la retribución básica de sus altos cargos no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (AENA o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca).
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A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, pueden hacer que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique. Según establece la ley "el complemento de puesto representará, como máximo, el 40%" de la retribución básica del directivo, mientras que un segundo "complemento variable" puede ascender hasta el "60% de la retribución básica correspondiente a cada grupo". "En ningún caso la retribución total podrá exceder del doble de la retribución básica", señala la norma, lo que implica que el sueldo máximo de un alto cargo de una empresa con participación mayoritaria del Estado es de 210.000 euros anuales.
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ACLARACIÓN: En la primera versión de este texto se explicaba erróneamente que el exministro Jordi Sevilla tenía derecho a percibir una indemnización de más de 500.000 euros una vez dejara su puesto como presidente de Red Eléctrica. En realidad, con la actual normativa es únicamente su antecesor, José Folgado, quien puede percibir dicha suma en concepto de indemnización por cese, al haber desempeñado hasta el año 2016 funciones ejecutivas en la empresa. El puesto de presidente no ejecutivo, que ocupó Folgado entre 2016 y 2018 y que ocupará Sevilla a partir de ahora, no contempla ningún tipo de indemnización, aunque Red Eléctrica revisará la política de retribuciones de sus altos cargos próximamente. Por tanto, la decisión definitiva sobre la eventual indemnización de Sevilla aún se desconoce.
El cambio de Gobierno ha traído consigo relevos en algunas de las principales empresas públicas y participadas por el Estado... con su correspondiente desembolso. Es el caso de Red Eléctrica Española, una compañía con una participación pública del 20% –el Estado es el máximo accionista individual–, que a partir de este martes preside el exministro Jordi Sevilla en sustitución de José Folgado: el ya expresidente de la compañía ha percibido una indemnización de más de 500.000 euros por su cese, y Sevilla se embolsará casi 530.000 euros (dietas aparte) anualmente como sueldo.