Diez años después de que el Gobierno de Zapatero anunciara que desclasificaría miles de documentos de la Guerra Civil y el franquismo, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales amenaza con mantener fuera de circulación esos papeles, a menos que el PSOE cambie de posición respecto de la mantenida en los últimos meses y dé un golpe de timón. De hecho, el Gobierno no necesita esperar a la reforma de la ley para desclasificar los documentos de la dictadura. La propia norma legal todavía vigente, aprobada en 1968 y retocada una década más tarde, le habilita para cancelar cuando lo considere oportuno la declaración de secreto que pese sobre cualquier documento.
Tras casi dos años de bloqueo, el PP aceptó el 20 de marzo dar vía libre al trámite de la proposición de ley auspiciada por el PNV para reformar un texto cuyo andamiaje legal fue levantado en pleno franquismo. Pero mientras que la proposición alumbrada por los nacionalistas vascos propugna la liberación de todos aquellos archivos de cuya declaración de secreto hayan transcurrido 25 años tras la promulgación de la nueva ley, las enmiendas introducidas por los socialistas -que en marzo estaban en la oposición pero ahora manejan las riendas del país– defienden que esos papeles prosigan dentro del búnker administrativo otros 10 años.
Si la ley se aprueba este año, ningún documento declarado secreto antes de 1993 –y ni siquiera aquellos que llevan el sello genuino de la dictadura y de los primeros años de la Transición, como los que, por ejemplo, pueden afectar al torturador condecorado Billy el Niño- verán la luz hasta finales de 2029 en el mejor de los casos o 2030. Es decir, hasta dentro de 11 años. ¿Y por qué 11 si la enmienda del PSOE plantea que la prórroga de secreto sea de 10? Pues porque los socialistas sostienen que la ley no debe entrar en vigor hasta transcurrido un año de su publicación en el BOE.
A ese escenario temporal, y al tiempo que la etiqueta “secretos oficiales” vuelve a primer plano por la próxima comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en la comisión parlamentaria dedicada a esa materia, se refirió este martes el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. Por definición, las comparecencias del director del CNI se producen –a puerta cerrada– en la comisión de secretos oficiales para abordar las revelaciones de Corinna Sayn Wittgenstein sobre el rey emérito.
En este caso, Sanz Roldán acudirá a petición propia, algo con lo que no se conforma el grupo que más énfasis ha puesto en el asunto desde que elespanol.com y okdiario.com difundieron las cintas del excomisario José Manuel Villarejo, preso preventivo desde noviembre bajo la acusación de soborno y blanqueo. Y ese grupo es Unidos Podemos, que exige a la Cámara una investigación sobre las afirmaciones de la lobbista alemana que durante años mantuvo una relación sentimental con el monarca. Es decir, sus afirmaciones de que Juan Carlos I la usó como testaferro, abrió cuentas opacas en Suiza, cobró comisiones por el AVE a la Meca y la de que finalmente se acogió a la amnistía fiscal.
Lo que el diputado Aitor Esteban dijo en la sesión donde el presidente del Gobierno expuso las líneas maestras de su proyecto puede resumirse así: que la Ley de Memoria Histórica va indisolublemente unida a la Ley de Secretos Oficiales. Y que tras un bloqueo de “meses y meses y meses, prácticamente dos años”, el PNV observa ahora con preocupación los postulados del PSOE para esa reforma legal. “Me preocupan y mucho las enmiendas socialistas”, dijo el diputado dirigiéndose al presidente. “Ustedes –adujo a renglón seguido- son partidarios de no desclasificar absolutamente nada ni siquiera de la Guerra Civil hasta 2030”.
"Le pido -apostilló el parlamentario jeltzale interpelando de nuevo a Pedro Sánchez– que la Ley de Memoria Histórica se demuestre ahí en la Ley de Secretos Oficiales y que demos pasos ya en la comisión [Constitucional del Congreso, donde debe tramitarse] y en la dirección correcta".
La presentación de esa enmienda y de las restantes del PSOE se produjo como fruto de un acuerdo con el PP durante la recta final del Gobierno conservador, el acuerdo que desbloqueó la tramitación de la Ley de Secretos Oficiales cuando Mariano Rajoy necesitaba a los nacionalistas vascos para aprobar los Presupuestos.
¿Mantendrá ahora el PSOE esa misma posición? El socialista Artemi Rallo, miembro de la ponencia encargada de tramitar la proposición de ley del PNV, apunta a un cambio de rumbo aunque con extrema cautela. “Nuestra intención –asegura en declaraciones a infoLibre- es posibilitar que la desclasificación de los documentos de la dictadura franquista se produzca en un plazo razonable una vez se apruebe y entre en vigor la nueva ley”. ¿Y qué significa un plazo razonable? “Un plazo sensiblemente inferior a los diez años que dice la enmienda presentada”. Rallo confía en que la aproximación de posturas entre los distintos partidos –y esa esperanza sigue incluyendo al PP- “dé resultado en el menor tiempo posible” y que la ponencia avance rápido.
De momento, el PSOE no ha retirado ni reenmendado, por usar un término coloquial, la disposición transitoria donde aboga por prorrogar otros 10 años el secreto de todos aquellos documentos que hubieran sido clasificados hace 25 o más años. La enmienda dice así: “Las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones clasificadas que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubiesen superado el plazo de 25 años a que se refiere el párrafo segundo del artículo séptimo, mantendrán su carácter por un único periodo adicional e improrrogable de 10 años”.
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A renglón seguido, agrega esto: “Las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya tuviesen reconocida la condición de clasificadas desde una fecha inferior a 25 años, mantendrán este carácter hasta el cumplimiento de ese periodo y gozarán de la prórroga automática prevista en el apartado anterior”.
Pero, en efecto, cabe una excepción: incluso la ley franquista de Secretos Oficiales, reformada en octubre de 1978 –dos meses antes del referéndum de la Constitución- pero incólume en la mayor parte de su articulado, prevé que el Gobierno pueda cancelar discrecionalmente la calificación de materia secreta o reservada que pese sobre cualquier documento cuando considere que su difusión pública ya no es susceptible de causar “perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”.
¿Y qué sostiene el PP? Sus enmiendas al redactado del PNV establecen plazos más largos para el mantenimiento del secreto sobre los documentos clasificados: hasta 50 años. En la primera legislatura de Rajoy, los conservadores anunciaron que estaban sopesando si era factible llevar a cabo la desclasificación de documentos anunciada en 2008 por quien en esa fecha era ministra de Defensa, la socialista Carme Chacón. Y ya en 2017, la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, echó definitivamente el freno: su departamento no tenía dinero para desclasificar esos miles de papeles: 10.000 ha sido siempre la cifra redonda manejada. "Los presupuestos de Defensa -dijo- son los que son. Hay que establecer prioridades y hoy las prioridades son otras".
Diez años después de que el Gobierno de Zapatero anunciara que desclasificaría miles de documentos de la Guerra Civil y el franquismo, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales amenaza con mantener fuera de circulación esos papeles, a menos que el PSOE cambie de posición respecto de la mantenida en los últimos meses y dé un golpe de timón. De hecho, el Gobierno no necesita esperar a la reforma de la ley para desclasificar los documentos de la dictadura. La propia norma legal todavía vigente, aprobada en 1968 y retocada una década más tarde, le habilita para cancelar cuando lo considere oportuno la declaración de secreto que pese sobre cualquier documento.