El regreso al Gobierno del PSOE pone a prueba sus promesas laicistas

No es habitual que Europa Laica, cuyos miembros se afanan en la tarea de denunciar cada ocasión en la que se entretejen en España las esferas política y religiosa, tercie en el debate público para expresar conformidad. Lo normal suele ser que difunda informaciones de alcaldes bajo palio, exenciones fiscales, inmatriculaciones y servicios religiosos pagados con dinero público. Pero el pasado sábado 2 de junio ocurrió algo infrecuente. Después de que Pedro Sánchez tomara posesión sin la presencia de la Biblia ni del crucifijo, la asociación cambió el tono en un comunicado en el que expresaba abiertamente su "satisfacción", al tiempo que brindaba su "felicitación" al nuevo jefe del Ejecutivo por convertirse en "el primer presidente desde 1978 en prometer su cargo sin símbolos religiosos". ¿Un día para celebrar? No exclusivamente.

Pese al gesto de Sánchez, emulado por todos sus ministros, pervive en los sectores laicistas una actitud de escepticismo. La Iglesia católica ha mantenido o ampliado privilegios con todos los gobiernos, socialistas o del PP, si bien han sido los del PSOE los que han impulsado las leyes que más han erizado los ánimos de la jerarquía episcopal, desde el aborto al matrimonio igualitario pasando por las leyes educativas, que para los jefes de la Iglesia nunca otorgan a la asignatura de Religión un rango suficientemente elevado. Con Felipe González (1982-1996) se introdujo el sistema de asignación tributaria y se dispararon las aportaciones presupuestarias cuando quedó constatado que el número de contribuyentes que marcaban la casilla era menor que el esperado. La ley educativa de 1985 sentó además las bases del sistema de conciertos, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha apresurado a aclarar que no tiene "nada que temer". José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2001) estableció el carácter indefinido de la contratación de los profesores de Religión, dejó a la Iglesia fuera de toda obligación en la Ley de Memoria Histórica y metió en el cajón su proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Además subió del 0,52% al 0,7% la aportación de cada cruz marcada en la declaración de la renta.

Por eso, tras sus felicitaciones, Europa Laica añadía en su comunicado: "Exigimos al presidente y a su Gobierno tramitar todos aquellos temas que en la anterior legislatura fueron ya acordados por la misma mayoría parlamentaria que ahora le ha dado su apoyo, pero que entonces quedaron bloqueados por parte del Gobierno del PP. El Gobierno del PSOE y esta mayoría deben utilizar todas las capacidades legislativas disponibles para satisfacer lo que ya fueron consensos y acuerdos. No hacerlo resultaría de todo punto inexplicable e incoherente". Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, señala que el PSOE tiene un programa "que debe cumplir". Y afirma que, con respecto a la separación Iglesia-Estado, "parece que nunca es el momento de actuar". La actitud de su organización es de expectación.

Ahora la pelota está en el tejado de Sánchez, aunque desde luego su margen para utilizarla encuentra limitaciones, no sólo por su inestable suelo parlamentario, sino por el férreo anclaje jurídico de los privilegios de la Iglesia católica. Lo innegable es que el presidente es, con diferencia, el inquilino de la Moncloa que ha llegado con el listón de las promesas laicistas más alto. Él mismo se ha significado reiteradamente a favor de medidas drásticas, de cuestionamiento frontal del actual statu quo, medidas cuyo anuncio se encontraba siempre entre los más aplaudidos en sus actos de partido. Pero no es sólo el compromiso del actual jefe del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2016 incluye, entre otras medidas, algunas de enorme calado: "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución, que incluirá el "principio de laicidad"; "denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede" de 1979 [en realidad de 1976 y 1979, que abarcan aspectos jurídicos, educativos, de asistencia religiosa en el Ejército y económicos]; "establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas"; "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados en los últimos 20 años por la Iglesia si la inscripción se produjo sin título; "transformar los lugares de culto en los centros públicos en lugares de oración multiconfesionales"...

El documento de la candidatura de Sánchez en las primarias socialistas de 2017 afirmaba que España debe "consolidar su condición de Estado laico", para lo que "tendrá que ser denunciado y derogado" el conjunto de acuerdos de 1979. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", señala este documento, que también insiste en la "autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones", para lo que se promoverá una Ley de Conciencia y Libertad Religiosa.

Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE también inciden en la exclusión de la "religión confesional" del "currículo" y del "horario escolar". Y repiten el compromiso de "derogación" y "denuncia" de los acuerdos del 79 y de "autofinanciación" de la Iglesia. Del Congreso también salió el acuerdo de acabar con las exenciones fiscales, singularmente del IBI, cuando los bienes libres del impuesto generen ingresos económicos o no sirvan a finalidades sociales o de culto.

A ello se suma la aprobación en febrero de 2018, en la Comisión de Educación y Deporte, de una Proposición no de Ley (PNL), presentada por Unidos Podemos y transaccionada por el PSOE, que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a "dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del horario escolar", y a la "denuncia y derogación" de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, "así como de los suscritos con otras confesiones religiosas, obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato".

Difícil cumplimiento

Pues bien, ahora es el PSOE el que gobierna. No obstante, ninguna de sus promesas tiene un cumplimiento sencillo. Todas requieren de reformas legales con mayorías difíciles de conseguir, que afectan a leyes educativas o fiscales. O, más complicado aún, son medidas que implican el desmontaje del entramado jurídico-político que vincula a la Iglesia con el Estado, expresado en compromisos mutuos que alcanzan incluso el rango de acuerdo internacional. No hace falta ni mencionar las dificultades de lo referido a la reforma constitucional.

José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Laicidad del PSOE, se muestra cauto sobre las posibilidades del Gobierno de impulsar una agenda laicista. "Este Gobierno surge con el compromiso de dar estabilidad económica, devolver la tranquilidad después de todos los casos de corrupción y atender las emergencias sociales. Y cuando toque, convocar elecciones", subraya. "No sé qué ritmo va a llevar el tema de la laicidad", admite Rodríguez Uribes, entrevistado por infoLibre antes de su nombramiento, este mismo jueves, como delegado del Gobierno en Madrid. No obstante, señala que el Ejecutivo "ha empezado bien", en referencia a las tomas de posesión sin símbolos religiosos. "El perfil de este gobierno ya proyecta una neutralidad institucional en materia religiosa, es un paso adelante de modernidad. No nos vamos a encontrar con ministros dando condecoraciones a vírgenes ni cantando El novio de la muerte", afirma. ¿Se conformará el PSOE con gestos y símbolos? El tiempo lo dirá.

Rodríguez Uribes, que atendió a este periódico en calidad de cargo del PSOE y no del Gobierno, afirma que desde su responsabilidad en el partido "impulsará" lo que sea posible en función de las mayorías y ritmos políticos posibles. "Lo que está en nuestro programa no es fruto de la improvisación. Son propuestas claras y muy maduradas", expone.

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Preguntado por las prioridades, Rodríguez Uribes menciona dos: una) recuperar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "como materia universal, no como alternativa a la religión"; dos) que la religión "deje de ser materia evaluable". Ello requeriría una reforma o derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que introduce numerosas ventajas para la educación concertada, eleva el rango académico de la asignatura de Religión y blinda la financiación pública de la educación segregadora por sexos.

El dirigente socialista, autor de Elogio de la laicidad, insiste en defender este precepto desde una perspectiva amplia, no restringida a las relaciones Iglesia-Estado, sino al trabajo "por una sociedad madura". En este sentido defiende la labor histórica del PSOE, aunque se muestra consciente de que a menudo se percibe que los socialistas son muy reivindicativos en este campo en la oposición y no tanto en el Gobierno. En este sentido recuerda las leyes sociales de González y Zapatero, que tuvieron "fuerte oposición de la Iglesia", y apunta a la necesidad de desarrollar una legislación sobre "muerte digna".

¿Y los acuerdos del 76-79, herederos del Concordato nacionalcatólico de 1953 y auténtico candado de los privilegios de la Iglesia en materia económica-fiscal, educativa y simbólica? Rodríguez Uribes señala que los acuerdos son "el gran obstáculo" para "avanzar en el Estado laico". Si se aborda o no su denuncia, señala, lo decidirá el Gobierno. El secretario de Laicidad, que contempla "esperar a momentos con apoyo parlamentario más sólido", admite que es tarea obligada para profundizar en la neutralidad del Estado.