Los familiares de los ancianos residentes en centros de mayores salen a la calle. Las heridas de la pandemia no han cicatrizado y, sobre todo, no han redundado en medidas garantistas que reparen el dolor o, al menos, dibujen un cambio en el modelo residencial. Dicen estar "absolutamente decepcionados" con la respuesta de las instituciones y sostienen que "si la sociedad no se moviliza después de lo que ha pasado en las residencias, es imposible hablar de un estado democrático". Este sábado 17 de septiembre se movilizarán en Madrid, capitaneados por la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias.
Lo hacen también para reiterar que el nuevo modelo rubricado por Gobierno y comunidades autónomas el pasado mes de julio es insuficiente. Introduce "tímidos avances", pero las garantías "mínimas" para devolver la dignidad a los mayores "no están resueltas", señala María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1 —organización catalana que forma parte de la Plataforma—. "Cuando se permite que a parte de la sociedad se la discrimine por su edad, estamos abriendo la veda para otras muchas cosas", advierte al otro lado del teléfono. "Como sociedad no nos lo podemos permitir". Coincide Xabier Monreal, portavoz de la plataforma vasca de familiares Babestu Elkartea. "Muchísimas generaciones que lo dieron todo por servicios sociales públicos están viendo cómo sus derechos caducan con la edad", lamenta.
Estas son cinco de las principales reivindicaciones de los familiares.
Ratios dignas para una vida digna
La principal demanda de los familiares es clara: ratios capaces de garantizar un cuidado digno de los mayores. ¿Qué es lo que existe sobre el papel? El acuerdo pactado en julio se compromete a caminar hacia un coeficiente de 0,43 para 2030. Es decir, 43 cuidadoras por cada 100 usuarios, una meta que se alcanzaría después de un incremento progresivo cada año. A juicio de los familiares, insuficiente. La Plataforma se inclina por una ratio de personal cuidador de 1,13, lo que equivaldría a 113 profesionales por cada 100 mayores.
La cifra no es fruto del azar, sino el resultado de un exhaustivo cálculo que tiene en cuenta variables como turnos, bajas y vacaciones. Y garantiza la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde, además de uno por cada diez en el de noche. El mínimo exigible, defienden los manifestantes. "La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal", expresan los familiares. Su propuesta, en cambio, se aproxima a las ratios de los países nórdicos cuyos modelos aspiran a replicar los familiares, y que se sitúan entre 1 y 1,2 gerocultores por residente.
¿Por qué se queda corto el cálculo del Gobierno? Cuando el Ejecutivo cuantifica el personal que debe estar contratado por el centro, no tiene en cuenta que una misma persona no trabaja ni las 24 horas del día, ni los siete días de la semana, ni los 365 días del año. Mientras que los residentes están presentes y requieren atención todos los días del año, a todas horas, los trabajadores se reparten en turnos, gozan de vacaciones, tienen derecho a descansos y pueden necesitar acogerse a bajas laborales. Por eso la Plataforma es partidaria de hablar de tiempo de presencia real por cada turno.
En cuanto a la situación de partida, no existe a día de hoy una ratio que cifre la media estatal: los números bailan entre una comunidad y otra. "Y cada una hace lo que le da la gana", lamenta Carcelén. En general, todas las regiones están "muy por debajo de lo que sería un modelo avanzado", completa Monreal. Algunos ejemplos: en Galicia las ratios oscilan entre 0,2 y 0,35 trabajadores por usuario; Cataluña tiene una ratio de 0,25 profesionales y Madrid cuenta con 0,47 profesionales de atención directa y 0,33 gerocultores por cada residente.
"Es el principal gasto y el más importante", agrega Carcelén, "es imprescindible contar con personal suficiente, bien formado y bien pagado para evitar la rotación".
Una inspección rigurosa e independiente
¿Y quién vela por el correcto funcionamiento de los centros? Ahí se detienen también los familiares, quienes sitúan bajo la lupa el mecanismo de inspección. Instituciones como el Defensor del Pueblo ya aseguraron cuando pasó lo peor de la pandemia que uno de los lastres que habían convertido a las residencias en la zona cero de la crisis sanitaria había sido que los centros no funcionaban de manera adecuada y que, al haber pocas inspecciones, los problemas no se solucionaban. En mayo, el organismo aseguró que era "urgente" que las comunidades aumentaran su "capacidad inspectora".
Ante la falta de protocolos estandarizados a nivel estatal, el acuerdo sellado en julio buscaba, en sus primeras versiones, avanzar hacia la fijación de ratios también respecto a las inspecciones. La negociación, sin embargo, se zanjó sin ninguna alusión a cifras concretas, sino que solamente menciona que las comunidades deben contar con "servicios públicos de inspección suficientemente dotados". Una redacción demasiado ambigua para satisfacer las demandas de los familiares.
"Tenemos un sector absolutamente privatizado pero no un servicio de inspección fuerte, bien dotado e independiente: es la tormenta perfecta", abunda Carcelén, quien recuerda que en la actualidad reina la arbitrariedad en el control de las residencias. "No hay inspecciones reales, sin preaviso y las sanciones son tan pequeñas que sigue saliendo a cuenta incumplir", completa. En España, sólo se han impuesto diez multas de más de cien mil euros en seis años, ninguna a los grandes grupos que controlan el sector.
El fin de las macrorresidencias
Una reciente investigación publicada en la revista Epidemiologia confirma una de las sospechas de los familiares: el tamaño de las residencias tiene un impacto directo en el bienestar de los mayores. El estudio señala que la mortalidad por covid en las macrorresidencias catalanas fue el triple que en centros más pequeños. También por este motivo saldrán a la calle los familiares.
El nuevo modelo trazado por el Gobierno aspiraba a poder establecer un límite en torno a las 60 plazas por centro, una propuesta tejida por las organizaciones de familiares. La sorpresa fue mayúscula cuando el texto final elevó el techo a 120 camas por geriátrico. "Además, es aplicable solo para las que se construyan a futuro", puntualiza Carcelén. Así que no hay un proceso de adaptación para las grandes residencias que ya funcionan en la actualidad. Como desveló infoLibre, en la actualidad hay en España más de 850 macrorresidencias operativas y otras 150 están en construcción.
No existe, a día de hoy, ningún tipo de limitación relativa al número de plazas. "Es una barbaridad y un riesgo", clama la portavoz de la Coordinadora 5+1, quien recalca que ese tipo de modelo no permite replicar las características de un hogar: "Es un aparcamiento de ancianos".
Punto final a la privatización
La privatización es una de las principales piedras en el camino hacia un modelo digno. No solo en la titularidad, sino de forma mucho más acuciante, dadas sus implicaciones, en la gestión. Cerca del 89% de los centros son de gestión privada. "Exigimos planes de creación de residencias públicas que equilibren esa desproporción", reclama Carcelén.
La Plataforma cree fundamental obligar a las comunidades a confeccionar sus propios itinerarios hacia un modelo público, capaz de "combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad".
Los datos oficiales de 14 comunidades prueban que la catástrofe de las residencias se concentró en los grandes grupos privados
"Tenemos un modelo de cuidados absolutamente privado", denuncia Monreal, quien añade a la ecuación la "precariedad y feminización" de un sector que "escapa al control de la administración". Es fundamental, insiste, apostar por "un modelo público, sobre todo en atención médica y sanitaria", actualmente "en manos de centros de gestión privada".
Los familiares quieren tener voz y voto
Ya estaban organizados antes de que la pandemia cambiara radicalmente el rumbo de sus vidas, y seguirán estándolo después. Pero los familiares quieren tener voz y voto en la toma de decisiones. "Queremos órganos de representación, al estilo de las AMPAS de los colegios, con posibilidad de decir algo", asiente Carcelén. Un escenario que ni existe en la actualidad, ni dibuja el acuerdo suscrito en julio. El texto, continúa la portavoz, "habla de consejos de usuarios y permite la participación, siempre que se cuente con el permiso de las residencias", pero la capacidad de "tomar decisiones e intervenir es mínima".
Para los familiares, constituye "una anomalía democrática que los afectados no participen en todos los foros donde se hable de un cambio de modelo". Comparte el diagnóstico Monreal: los familiares no tienen derecho a estar en las mesas de discusión hacia un nuevo modelo, a pesar de que la participación "es un principio legal regulado". Por el momento, las familias de los usuarios se agarrarán al altavoz que les concede la calle para seguir clamando por una vida digna para sus mayores.
Los familiares de los ancianos residentes en centros de mayores salen a la calle. Las heridas de la pandemia no han cicatrizado y, sobre todo, no han redundado en medidas garantistas que reparen el dolor o, al menos, dibujen un cambio en el modelo residencial. Dicen estar "absolutamente decepcionados" con la respuesta de las instituciones y sostienen que "si la sociedad no se moviliza después de lo que ha pasado en las residencias, es imposible hablar de un estado democrático". Este sábado 17 de septiembre se movilizarán en Madrid, capitaneados por la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias.